La Vida día a día

La ficción que constituye la Acusación Constitucional a la Ministra de Educación queda de manifiesto con la anunciada movilización estudiantil del 26 marzo próximo.

En tal fecha la CONFECH ha convocado a una jornada de protesta en demanda de la instauración de una tarifa escolar única nacional. Han planteado, además, que ajenos a la lógica del mercado en la fijación de tarifas ellos recurrirán a la autoridad para que enmiende las desigualdades y arbitrariedades existentes.

La CONFECH ha dado a conocer que mientras en Santiago un estudiante debe cancelar $130 pesos para desplazarse en La Serena deben cancelar $200, en Concepción (de lunes a viernes) $140 y $210 los fines de semana; y en Valparaíso todo parece indicar un aumento de $130 a $200.

Tal regulación está sujeta a una normativa de 1989, que fija que la tarifa escolar puede ser hasta un 40% en la Región Metropolitana y hasta un 50% en el resto del país, de la tarifa cobrada a un adulto. Después de la Revolución Pingüina de 2006 esa normativa fue modificada para incorporar el uso por 24 horas y siete días el uso del pase escolar.

Aunque echo de menos alguna consideración a la estabilización de las tarifas que el fenómeno del Transantiago ha ocasionado en la RM, con todas las consecuencias que ello implica; tales demandas parecen atendibles, tan atendibles como ausentes en el debate público.

Podemos estar frente a un movimiento que en ciernes puede incubar otro, como en 2006, y los agentes políticos, a partir de esta Acusación Constitucional, están encapsulados en un dilema ficticio e improductivo, por lo menos para quienes estudian, que deben tomar locomoción y para sus padres financistas de esos viajes.

Queda en claro, nuevamente, la desconexión entre la política y la realidad.

Además, la argumentación conocida en estos días deja en claro la total inspiración política en la acción interpuesta por la derecha. Se ha hecho hincapié en una supuesta falta de aplicación de leyes en que la Ministra habría incurrido. Algo bastante extraño en derecho público la ley obliga expresamente a quienes indica y, en este caso, el pago de subvenciones , y todos los procedimientos anexos a ella, son responsabilidad de otras instancias descentralizadas del MINEDUC, como las Direcciones Provinciales, la SEREMI y la Subsecretaría de Educación. Todas entidades que han debido responder ante la Contraloría General de la República por sus acciones u omisiones.

La propia intervención del Contralor ante la Comisión de Educación de la Cámara ha dado cuenta no sólo de las irregularidades, sino también de las medidas que enmiendan los errores, las sanciones adoptadas y , nótese, la colaboración de las autoridades ministeriales, dentro de las cuales está la Ministra Provoste, en todo el curso de la investigación.

¿Dónde está el incumplimiento entonces? ¿Qué leyes se han dejado de aplicar?.

Pero no nos engañemos, por mucho que esta acusación sea in sustentable lógica y jurídicamente, las motivaciones políticas explican lo que se busca.

Para la derecha el resultado de esta acusación será un punto de inflexión importante en su estrategia para llegar a La Moneda. Un éxito refuerza lo ya hecho en desarrollar la teoría del Desalojo, una derrota (que pese a todo el pesimismo es posible) reedita la colisión de entre esa teoría y la del “Nuevo Trato”, que no es más que una respuesta al Bacheletismo-aliancista, sostenida por Sebastián Piñera.

En todo caso la Alianza ha recurrido a estos dos extremos en su larga experiencia como opositora y, francamente, ninguna le ha brindado los frutos que ella esperaba.

Para nosotros está claro que, al final del día, la ciudadanía premia a aquellos que atienden a sus asuntos y no se enreda en los cálculos electorales; a aquellos que se preocupan por cómo pagar el pasaje en micro de sus hijos, qué van a comer a mediodía, que tipo de útiles va a requerir, en fin, a los que viven la vida día a día.