Reforma Educacional: Punto de Inflexión

Las últimas semanas han marcado un punto de inflexión en el proceso desencadenado por la Revolución Pingüina de mayo de 2006.

La acusación constitucional contra la Ministra de Educación Yasna Provoste echó por tierra el sentido de Estado alcanzado en el Acuerdo Nacional para el mejoramiento de la Educación. Tensionando las relaciones Gobierno y oposición, trasladando esta interlocución a la arena político partidista incentivada por un escenario pre electoral. Ciertamente que el Gobierno ha enviado señales destinadas a aplacar y disminuir los daños inflingido por este episodio, pero, que duda cabe, todavía está por verse si es posible restaurar el grado de aprobación legislativa expresado en la ceremonia de las manos alzadas.

Recuperar el “sentido país” en el diálogo Gobierno–Oposición, en materia de Educación, parece ser una de las principales tareas de la nueva Ministra de Educación, Mónica Jiménez de la Jara. Su perfil, en parte técnico, propio de alguien que viene desde las aulas universitarias, pero con un pasado político ligado a la lucha por el regreso a la democracia; parecieran confirmar la intención de la Presidenta de convertir el episodio acusación constitucional sólo un hito de la lucha política y un simple accidente en la tarea de la tramitación de los proyectos de la reforma educacional.

Claro está que este es un proceso abierto, en donde las dudas y rechazos, provenientes, principalmente, de un sector parlamentario concertacionista y los gremios del mundo social educacional, imprimen un sello de confusión que nublan el destino del mencionado acuerdo.

Las movilizaciones de los estudiantes secundarios que tanto ha sorprendido a los medios por estos días no son sino un reflejo más de las complicaciones de este escenario y confirman la necesidad de “enfriar la cabeza” después de la pasión desatada por la acusación constitucional.

Pero tampoco hay que dejarse engañar, el voluntarismo a veces es mal consejero. Si bien es cierto son innegables los beneficios que se pueden alcanzar con la aprobación de este paquete de reformas, no es menos cierto que las críticas levantadas hacia él dan cuenta de la necesidad de flexibilizar las posiciones.

La aprobación mayoritaria en el Congreso debiera dar espacio a la expresión de los disensos de uno y otro lado, exponiendo los legítimos espacios en donde en el futuro uno y otro sector intentará más modificaciones. Esto es relevante, especialmente, en el caso de la Concertación. La sensación de imposición, a regañadientes, imprime un carácter de derrota a la votación parlamentaria; ello provoca, además, un serio daño, no sólo a los objetivos alcances reformistas de los proyectos, sino que a la alicaída convivencia interna de la Concertación.

Este es, sin duda, un trabajo político que necesita de definiciones. Por un lado se requiere una estrategia comunicacional precisa, que puedan destacar los logros de la reforma. Pero que, al mismo tiempo, expliquen que el mundo concertacionista, que representa el Gobierno, hubiese querido un grado mayor de transformaciones; que no son posibles hacer porque no se cuentan con las mayorías parlamentarias para realizarlas.

Tal estrategia no es garantía de completa satisfacción en aquellos que tengan votar a contrapelo de sus ansias más transformadoras, pero disminuye el roce y ayuda al clima interno del bloque oficialista.

De no ser así la tramitación de este paquete de medidas puede dar un certero golpe a la convivencia intra concertación, algo preocupante teniendo a la vista las elecciones municipales de octubre.

Pero además se insuflará más allá de lo adecuado a las movilizaciones sociales de los estudiantes secundarios y universitarios, apoyados por el Colegio de Profesores. Que tanto espacio mediático ocupan, opacando de un plumazo el esfuerzo de comisiones de estudio y del Congreso.

Jóvenes corriendo por las calles, perseguidos por el guanaco, sensación de desorden, rostros vociferantes que gritan disconformidad, no comunican sino la idea de que desde 2006 hasta acá poco y nada se ha avanzado.

Curioso tener este sentido de rotación sobre el mismo sitio cuando ha pasado mucha agua bajo el puente, de eso pueden hablar una Comisión Asesora Presidencial, un proyecto de reforma a la LOCE que ponía fin al lucro, un Acuerdo Nacional que morigeró el proyecto oficialista, otro proyecto de reforma que crea una superintendencia preocupada de controlar gestión y calidad; en fin, la destitución de una Ministra de Estado por primera vez en democracia, tanta agua bajo el puente …y la imagen del guanaco mojando estudiantes porfía, a dos años de la revolución Pingüina de 2006.

WCS

La Vida día a día

La ficción que constituye la Acusación Constitucional a la Ministra de Educación queda de manifiesto con la anunciada movilización estudiantil del 26 marzo próximo.

En tal fecha la CONFECH ha convocado a una jornada de protesta en demanda de la instauración de una tarifa escolar única nacional. Han planteado, además, que ajenos a la lógica del mercado en la fijación de tarifas ellos recurrirán a la autoridad para que enmiende las desigualdades y arbitrariedades existentes.

La CONFECH ha dado a conocer que mientras en Santiago un estudiante debe cancelar $130 pesos para desplazarse en La Serena deben cancelar $200, en Concepción (de lunes a viernes) $140 y $210 los fines de semana; y en Valparaíso todo parece indicar un aumento de $130 a $200.

Tal regulación está sujeta a una normativa de 1989, que fija que la tarifa escolar puede ser hasta un 40% en la Región Metropolitana y hasta un 50% en el resto del país, de la tarifa cobrada a un adulto. Después de la Revolución Pingüina de 2006 esa normativa fue modificada para incorporar el uso por 24 horas y siete días el uso del pase escolar.

Aunque echo de menos alguna consideración a la estabilización de las tarifas que el fenómeno del Transantiago ha ocasionado en la RM, con todas las consecuencias que ello implica; tales demandas parecen atendibles, tan atendibles como ausentes en el debate público.

Podemos estar frente a un movimiento que en ciernes puede incubar otro, como en 2006, y los agentes políticos, a partir de esta Acusación Constitucional, están encapsulados en un dilema ficticio e improductivo, por lo menos para quienes estudian, que deben tomar locomoción y para sus padres financistas de esos viajes.

Queda en claro, nuevamente, la desconexión entre la política y la realidad.

Además, la argumentación conocida en estos días deja en claro la total inspiración política en la acción interpuesta por la derecha. Se ha hecho hincapié en una supuesta falta de aplicación de leyes en que la Ministra habría incurrido. Algo bastante extraño en derecho público la ley obliga expresamente a quienes indica y, en este caso, el pago de subvenciones , y todos los procedimientos anexos a ella, son responsabilidad de otras instancias descentralizadas del MINEDUC, como las Direcciones Provinciales, la SEREMI y la Subsecretaría de Educación. Todas entidades que han debido responder ante la Contraloría General de la República por sus acciones u omisiones.

La propia intervención del Contralor ante la Comisión de Educación de la Cámara ha dado cuenta no sólo de las irregularidades, sino también de las medidas que enmiendan los errores, las sanciones adoptadas y , nótese, la colaboración de las autoridades ministeriales, dentro de las cuales está la Ministra Provoste, en todo el curso de la investigación.

¿Dónde está el incumplimiento entonces? ¿Qué leyes se han dejado de aplicar?.

Pero no nos engañemos, por mucho que esta acusación sea in sustentable lógica y jurídicamente, las motivaciones políticas explican lo que se busca.

Para la derecha el resultado de esta acusación será un punto de inflexión importante en su estrategia para llegar a La Moneda. Un éxito refuerza lo ya hecho en desarrollar la teoría del Desalojo, una derrota (que pese a todo el pesimismo es posible) reedita la colisión de entre esa teoría y la del “Nuevo Trato”, que no es más que una respuesta al Bacheletismo-aliancista, sostenida por Sebastián Piñera.

En todo caso la Alianza ha recurrido a estos dos extremos en su larga experiencia como opositora y, francamente, ninguna le ha brindado los frutos que ella esperaba.

Para nosotros está claro que, al final del día, la ciudadanía premia a aquellos que atienden a sus asuntos y no se enreda en los cálculos electorales; a aquellos que se preocupan por cómo pagar el pasaje en micro de sus hijos, qué van a comer a mediodía, que tipo de útiles va a requerir, en fin, a los que viven la vida día a día.

Subvenciones Escolares

El impacto de las denuncias por las irregularidades detectadas en la asignación de subvenciones escolares ha puesto de manifiesto un problema, de la reforma educacional, que urge resolver.

Así es, en el debate político-técnico de los últimos dos años, el Consejo Asesor Presidencial para la Educación (2006) y el trabajo de las Comisiones de Educación del Senado y la Cámara de Diputados (2007), tuvo como uno de los principales ejes de discusión el grado de control estatal sobre los dineros que el fisco entrega a los sostenedores para que entreguen educación a los sectores más pobres de nuestro país.

El sistema de subvenciones escolares surgió a inicios de la década de los ’80 y era coherente con la política pública implementada por la Dictadura, misma que fue institucionalizada con la dictación de la LOCE casi una década después. El sistema, en síntesis, concesiona la provisión de educación a sostenedores, privados y municipales, a cambio del pago de una subvención concordante con la asistencia escolar registrada.

Desde hace muchos años era un secreto a voces que la debilidad del sistema se encontraba en la fiscalización, que al cuadrar y buscar concordancia entre asistencia de alumnos declarada y lo pagado en subvenciones el ejercicio no entregaba buenos resultados.

Súmese a lo anterior que el gremio de profesores y los funcionarios del Ministerio de Educación nunca han tenido predisposición a la institucionalidad surgida del modelo dictatorial. Tenemos una estructura burocrática y prácticas docentes, centradas en el rol curricular, que no encaja con materias de “segundo orden” como la de inspeccionar, controlar y sancionar.

Por si esto no fuera poco la ilegitimidad del modelo dictatorial le imprimía a cada hábito administrativo un sello de recelo que, tras 17 años de gobierno de la Concertación, parieron un modelo educativo híbrido, destinado a la subsistencia pero no a la descendencia.

La movilización masiva de los secundarios en la Revolución Pingüina de 2006 entregó relevancia al tema de la educación en general pero dejó a trasmano los problemas más técnicos, de más difícil digestión mediática para el público medio. Uno de ellos fue este de la fiscalización de las subvenciones.

Esto porque la discusión, en el ámbito político, respecto al rol del Estado y los privados en el campo educacional, están destinadas a los puntos medios, a los acuerdos generales y consensuados. De esta manera el Acuerdo para la Reforma Nacional de la Educación acordado por la Concertación y la Alianza, creó una Superintendencia de Educación que no era una amenaza para los sostenedores privados y ampliaba de alguna manera los instrumentos de control al aparato público.

Aunque el proyecto de Superintendencia de Educación incorpora algunas novedades, como incorporar el control de la calidad de la Educación, está claro que los últimos sucesos y escándalos permiten avizorar una tramitación parlamentaria de difícil pronóstico.

Lo que está claro es que después de este febrero nada debiera seguir igual. Las voluminosas cifras, todavía en cuestión, debieran arrojar reformas estructurales con organismos poderosos, sancionadores y exigentes respecto a los productos que se esperan.

Pero también no parece ser un capricho guardar recelo respecto a los cambios que debieran hacerse y que la discusión mediática puede nublar. Por estos días parece más adecuado concentrar la batería de ataques y defensa hacia los funcionarios cuestionados, sin detenerse en las causas estructurales que por estos días han quedado en evidencia.

Santiago, febrero de 2008

(*) Artículo preparado para la Revista Digital DISCUSIÓN

Desconexión y Sorpresa (¡corre que te pillo!)

Ahora, con más distancia temporal, quizás si podamos detenernos en la génesis del movimiento estudiantil de 2006 y, principalmente, en cómo éste sorprendió al medio político chileno.

En este último aspecto cabe consignar que, si bien la temática educacional siempre ha estado incorporada en toda agenda gubernativa y en cada programa de Gobierno en las últimas 4 elecciones; la irrupción de los secundarios con esta bandera de lucha, y el acelerado tiempo en que consiguieron adhesión y legitimidad ciudadana, develan cierta desconexión del mundo político con el acontecer cotidiano, con el mundo real. Ese que los secundarios nos tiraron a la cara el año pasado.

Para nadie es un misterio que dentro de las medidas urgentes, identificadas por el Gobierno entrante de la Presidenta Bachelet, no estaban contempladas las radicales transformaciones que ella ha remitido al Congreso nacional durante los últimos meses.

La oposición, por medio de sus dos candidatos presidenciales, tampoco dio luces de preclaridad en sus discursos y propuestas de campaña. Balbucearon deseos de mejoramiento de la calidad educativa y redundaron en lugares comunes y frases hechas cuando se refirieron a sus propuestas en educación.

La izquierda extraparlamentaria, quizás, haya sido la única fuerza que, en el contexto de su global crítica al «modelo», planteaba transformaciones radicales. Eso sí, la transversalidad política de la movilización estudiantil dejó en evidencia que, pese a la coincidencia de fondo, esta fuerza política no fue protagonista y motor de la movilización, estando, en la práctica, desconectada del rédito político que tal proceso pudo haber entregado.

¿Qué pasó entonces? ¿Cómo la historia les pasó por el lado a las principales fuerzas políticas de nuestro país? ¿Por qué estos adultos de andar cancino fueron sorprendidos por la algarabía juvenil?.

Desde el regreso a la Democracia, si analizamos la producción legislativa en el periodo 1990 – 2005, constatamos que bajo las materias de mejoramiento salarial de profesores e inversión en infraestructura educacional, se concentra cerca de 70% de las leyes evacuadas. El 30% restante agrupa gestión, calidad y otras.

Tales guarismos reflejan la opción que el conjunto de las fuerzas políticas, ello porque la Concertación no tenía las mayorías parlamentarias suficientes y debía negociar con la derecha la aprobación de reformas que implicaban gasto; el conjunto de las fuerzas políticas, digo, optaron por la inversión pública en materias que no, necesariamente, apuntaban al mejoramiento de la calidad educativa.

Quizás por lo mismo es que la cobertura educacional se haya consolidado de la manera que se hizo en tal periodo y la conflictividad con el gremio de los profesores fue en creciente declinación con el pasar de los años.

Pese a los motes de «continuistas» que algunos sectores de izquierda ponen a las políticas implementadas durante los gobiernos concertacionistas, valga aclarar que tales transformaciones, en materia laboral como en infraestructura, son medidas correctivas del modelo neo liberal. Recuérdese que fue justamente éste, con su premisa de ausencia del Estado en materias educacionales, el que debilitó la condición laboral de los profesores y la capacidad de renovación de infraestructura de la educación pública.

Ciertos sectores de la política nacional, entonces, pudieron sentir que «habían cumplido» con las principales demandas educativas de la sociedad chilena. Los que aún pedían más saciaron sus anhelos con la Reforma Educacional ideada bajo el Gobierno del Presidente Eduardo Frei R-T.

En 1996 el Gobierno alcanzó un acuerdo nacional para el financiamiento de una mega reforma educacional por medio del aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Tal reforma abordaba con recursos frescos los principales problemas que, por ese entonces, se apreciaban en el área educativa. A saber, la implementación de la jornada escolar completa (JEC), recursos para la infraestructura que esta extensión de jornada requería, becas para perfeccionamiento de profesores (en estudios de pos grado y pasantías en el extranjero), etc. La Reforma Educacional implicó un esfuerzo nacional que no obstante los cuantiosos recursos que implicaban poco dejaron en término de mejoría en gestión y calidad.

Ello porque tal reforma apuntó al aumento del capital de inversión pública, lo que ya pareció suficiente, en los parámetros organizativos que el modelo plasmado en la LOCE había diseñado. Tal mezcolanza, ahora todos lo dicen, no dio resultado porque se convirtió en «cosmética» y no apuntó al fondo del sistema.

El asunto es que nuestro medio, las fuerzas políticas mayoritarias y reales, las que acceden al Parlamento, entendieron que ya se había hecho un gran esfuerzo en materia educacional. Habían más colegios y cobertura, los profesores habían tenido sustanciales mejoras en sus remuneraciones, los alumnos estaban más tiempo en el colegio, en fin. Se habían hecho lo que se podía, los cambios a implementar, por tanto, eran menores.

Aunque los persistentes y parejos resultados del SIMCE, año a año, planteaban dudas sobre los avances de nuestros alumnos y parecían poner luces de alerta potentes y efectistas, las políticas públicas de educación partían de supuestos erróneos. Apuntaron, nuevamente, al tema de los recursos y desdeñaron la medición de la gestión. Las propuestas políticas se negaban a evaluar lo que pasaba en la sala de clase y, también, ignoraban toda reflexión sobre el marco regulatorio del sistema en su conjunto.

Los políticos, entonces, nos encerramos en nuestra mirada, nos desconectamos de lo que realmente estaba ocurriendo. Nos enredamos en cuestionar la maraña burocrática de los Gore y del Mineduc, denunciamos la falta de modernización del sistema, intentamos ver grandes señales en pequeños avances, en fin.

Y, mientras tanto; pese a los innumerables estudios de la academia y la tecnología educativa que demostraban lo insostenible del esquema armado bajo la LOCE; nos desconectamos de lo que realmente ocurría.

Así las cosas llegamos a abril y mayo de 2006, comenzó la movilización estudiantil y la sociedad en su conjunto coincidió con la necesidad de transformaciones de fondo. La inicial reacción del medio político fue de desdén, unos porque no les resulta grata la movilización mientras se es gobierno y otros porque, por convicción, rechazan la algarabía callejera.

Cuando los estudiantes rompieron el “cerco” de la prensa, cuando ganaron respaldo ciudadano, aún nuestro medio político no sabía reaccionar. La sorpresa en toda su dimensión.

Hubo que madurar el proceso. Por lo menos el Gobierno reaccionó creando el vilipendiado, pero útil, Consejo Asesor Presidencial. Ahora último ha tomado la iniciativa y presentó dos proyectos de Ley que, en verdad, son vanguardia en este campo.

La derecha, hasta el día de hoy no tiene calridad discursiva sobre el tema, sabe que debe respaldar el cambio de la LOCE y ha reaccionado defendiendo los intereses privados en educación, pero ahí no más.

La lentitud de nuestro medio para entender cuestionamientos de fondo ha desnudado el estado de nuestra política actual. Ha demostrado que estamos tan acostumbrados a la modorra y el ritmo de los conservadores que, aún los más progresistas, estamos marcando el paso.

Sí, hace ya un año, una generación completa nos dijo: ¡¡corre que te pillo!!

2007 REVOLUCIÓN PINGÜINA ¿II?

Y aparecieron los estudiantes. Desde hace ya un par de semanas se están movilizando por medio de la toma de sus colegios y, hasta ahora, han sido desalojados por Carabineros con pocos atisbos de violencia.

No son los mismos del año pasado, es decir, no son los mismos físicamente y tampoco son los mismos discursivamente. Mal que mal un año en la vida de los adolescentes es tiempo de rápidas transformaciones.

Este movimiento secundario se muestra fragmentado. Aunque tributario del exitoso proceso del año pasado, estuvo precedido por una serie de eventos reagrupadores que evacuaron varias coordinadoras y referentes estudiantiles; lo que en sí es una diferencia con 2006.

Sus demandas y, seguramente, por la misma dispersión de la organización, huelen más a reivindicación político-ideológica que al integrador alarido del año pasado. Llamados a la lucha de clases, terminar con el Transantiago, rechazo a la reforma Penal Juvenil, solidaridad con los deudores habitacionales, etc. Se mezclan con la estatización de la enseñanza, el pase escolar gratuito a todo evento y la PSU sin costo.

Sin duda, organización y discurso ya no son los mismos.

Ahora, es cierto que esta diversificación es el resultado de la experiencia del año pasado. Un movimiento amplio, legitimado, expansivo socialmente, en fin, contuvo un discurso demandante de amplio espectro temático. La sociedad en su conjunto vio en la educación la oportunidad para soñar otro tipo de país, de coincidir en las desventajas y desigualdades de nuestra realidad económica; estar disconforme no fue sinónimo de marginalidad y retroceso. Por el contrario, evidenció conciencia de futuro y compromiso social.

Claro que esa diversidad y representación amplia de las demandas sociales suenan distintas ahora. Ciertamente porque el movimiento es menos poderoso, pero porque también es menos coherente de momento que de un año a esta parte se han iniciado las transformaciones requeridas.

En lo educacional. Después de un debate intenso, mirado con mucho recelo por todos los actores, el Consejo Asesor Presidencial entregó un informe con disensos notables. La Presidenta, haciendo uso de la autoridad para la que fue elegida, optó por algunas de las medidas sugeridas y desechó otras. Envió dos reformas sustanciales al actual marco institucional de la Educación (Ley General de Educación y la creación de una Superintendencia de Educación), además, el pasado 21 de mayo anunció la inyección adicional de 650 millones de dólares para cada año.

Eso en lo que concierne a la “agenda larga”, las medidas más urgentes, como la gratuidad del pase escolar, el aumento de las raciones escolares y becas para la PSU fueron abordadas el año pasado.

La ciudadanía sabe de estas medidas, de las complicaciones que el Gobierno tiene con la derecha para aprobarlas en el Congreso Nacional y de las polémicas que han surgido por las mismas. En fin, la ciudadanía sabe y por eso mismo hay recelo hacia la movilización estudiantil de estos días.

Y es que estos pingüinos son otros, sus motivaciones son otras y sus expectativas, seguramente, son diferentes.

De alguna manera el movimiento secundario de 2007 viene “con el vuelito” del de 2006. ¿Son los estertores, el fin, del mega movimiento social del año pasado? Sí y no.

Es más bien una mezcla, porque hay visos se cambio. Existe el asomo de una propuesta, legítima como toda propuesta, de orden más clásico destinado, desde el mundo social, a revitalizar una propuesta de izquierda desgastada por la persistente y, a ratos, improductiva lucha contra la exclusión.

Allí quizás esté el lado “crecedor” de esta movilización, posiblemente implique un punto de inflexión a ese sector político. Pero en la medida que más se avance por ese carril más se cierra el capítulo de la Revolución Pingüina de 2006.

Los de ayer … ya no son los mismos, es cierto, pero el país después del remezón que provocaron los pingüinos movilizados, tampoco lo es.

Somos testigos de una movilización secundaria en transición que contiene elementos antiguos e intenciones nuevas. Pero, cuidado, ello no desvirtúa las banderas enarboladas. A ver si esta movilización, por lo menos, permite mantener vigente la discusión y apurar la resolución de los proyectos en trámite.

Sin estudiantes, sin mundo social organizado, no habrá camino expedito, no habrá avances verdaderos y nuestro mundo político sumará a su haber otra causa pendiente, otro problema urgente pospuesto y otra materia dilatada por estériles discusiones.

Santiago, 12 de junio de 2007

Educación: Estudiantes y Profesores ¿Dónde están?

Transcurrido un tiempo del envío del proyecto de Ley General del Educación (LGE) al parlamento, por parte de la Presidenta de la República, se ha sentido una notoria ausencia del mundo social en la discusión de la iniciativa.

La “Revolución Pingüina” ha sido, con creces, la movilización social más importante desde el regreso a la democracia. La respuesta pública a esta movilización, la LGE, por lo mismo, es la iniciativa gubernamental que más legitimidad social debiera tener. Sin embargo, ello no se nota.

Efectivamente, el proyecto, que contiene importantes demandas del “bloque social” de educación, ha sido defendido hasta ahora mayoritariamente por el Gobierno. Los estudiantes y los gremios de la educación, excepto algunas aisladas reacciones, guardan un silencio comunicacional que no se condice con la fuerza expresada en las movilizaciones de 2006.

A un país tan desmemoriado siempre es necesario recordarle las cosas.

El movimiento tuvo su inicio entre los secundarios, apareció, entonces, como una escalada más, con olor a desorden y disturbio. Con el tiempo vinieron las tomas de los liceos y las capuchas se guardaron para mostrar los decididos rostros de jóvenes que ya no apuntaban a las demandas inmediatistas, como el pase escolar o los costos de la PSU, no, ahora se pedían cambios mayores: la derogación de la LOCE.

Nuestra experiencia nos recomendaba no guardar muchas expectativas por el futuro y duración del movimiento. El excesivo voluntarismo y la pretensión desmedida los llevaría al desgaste; las cosas, sin embargo, fueron diferentes.

Los estudiantes desalojaron las calles y la violencia callejera, que tanto entusiasma a nuestro periodismo gráfico, desapareció de escena. Empezaron a ser cubiertas las acciones pacíficas y novedosas, fueron mostradas las ingeniosas pancartas, apareció la alegría juvenil de la mano del arte y las canciones. Se habló de movilización seria y responsable, de autodisciplina al interior de los colegios, se destacó el nivel de organización y expresión de las asambleas de estudiantes, en fin. Los secundarios habían roto el cerco informativo y ponían en el centro de la discusión sus “desmesuradas” demandas.

Luego se sumaron unos impávidos estudiantes universitarios, sorprendidos porque sus “hermanos menores” les estaban enseñando como movilizarse. También los profesores, los padres y apoderados y los “especialistas y expertos en educación”, etc.

Estábamos frente a un movimiento social legitimado y sólido en cuanto a discurso. La respuesta de la Presidenta marcó el fin del mismo, vinieron los devaneos, las renuncias, el desgaste final del movimiento. Pero las cosas ya estaban hechas, aunque con cierto recelo, la opinión pública siguió el funcionamiento del Consejo Asesor Presidencial de Educación y respaldó su trabajo. Se informó de sus resultados y, en abril pasado, la Presidenta Bachelet anunció el nuevo proyecto que reforma la LOCE en aspectos sustanciales.

La suspicacia de los estudiantes y profesores los llevó, los días previos al anuncio, a anunciar nuevas movilizaciones si era necesario. Luego de ello, prácticamente, se sumergieron.

Bien y entonces ¿quién salió al ruedo?. La derecha y los intereses económicos “afectados” con la propuesta del ejecutivo. Allí se ha centrado el debate.

¿Y el grupo social que originó esta movilización?. ¿Creen que basta con enviar un proyecto para conseguir su aprobación?.

Ahora viene la etapa más difícil, los tiempos de discusión en el parlamento ponen en riesgo la aprobación de la misma. Más aún cuando muchas de las normas requieren de altos quórum de aprobación.

La ausencia de quienes dieron legitimidad, social y política, a las demandas que la Presidenta interpretó con esta iniciativa, complota contra el éxito de la misma y el éxito, finalmente, de la movilización más importante de las últimas décadas.

Mejor hacen algo, o la “Revolución Pingüina” no será más que una anécdota …con la que se chocheará en unas décadas más.