Reforma Educacional: Punto de Inflexión

Las últimas semanas han marcado un punto de inflexión en el proceso desencadenado por la Revolución Pingüina de mayo de 2006.

La acusación constitucional contra la Ministra de Educación Yasna Provoste echó por tierra el sentido de Estado alcanzado en el Acuerdo Nacional para el mejoramiento de la Educación. Tensionando las relaciones Gobierno y oposición, trasladando esta interlocución a la arena político partidista incentivada por un escenario pre electoral. Ciertamente que el Gobierno ha enviado señales destinadas a aplacar y disminuir los daños inflingido por este episodio, pero, que duda cabe, todavía está por verse si es posible restaurar el grado de aprobación legislativa expresado en la ceremonia de las manos alzadas.

Recuperar el “sentido país” en el diálogo Gobierno–Oposición, en materia de Educación, parece ser una de las principales tareas de la nueva Ministra de Educación, Mónica Jiménez de la Jara. Su perfil, en parte técnico, propio de alguien que viene desde las aulas universitarias, pero con un pasado político ligado a la lucha por el regreso a la democracia; parecieran confirmar la intención de la Presidenta de convertir el episodio acusación constitucional sólo un hito de la lucha política y un simple accidente en la tarea de la tramitación de los proyectos de la reforma educacional.

Claro está que este es un proceso abierto, en donde las dudas y rechazos, provenientes, principalmente, de un sector parlamentario concertacionista y los gremios del mundo social educacional, imprimen un sello de confusión que nublan el destino del mencionado acuerdo.

Las movilizaciones de los estudiantes secundarios que tanto ha sorprendido a los medios por estos días no son sino un reflejo más de las complicaciones de este escenario y confirman la necesidad de “enfriar la cabeza” después de la pasión desatada por la acusación constitucional.

Pero tampoco hay que dejarse engañar, el voluntarismo a veces es mal consejero. Si bien es cierto son innegables los beneficios que se pueden alcanzar con la aprobación de este paquete de reformas, no es menos cierto que las críticas levantadas hacia él dan cuenta de la necesidad de flexibilizar las posiciones.

La aprobación mayoritaria en el Congreso debiera dar espacio a la expresión de los disensos de uno y otro lado, exponiendo los legítimos espacios en donde en el futuro uno y otro sector intentará más modificaciones. Esto es relevante, especialmente, en el caso de la Concertación. La sensación de imposición, a regañadientes, imprime un carácter de derrota a la votación parlamentaria; ello provoca, además, un serio daño, no sólo a los objetivos alcances reformistas de los proyectos, sino que a la alicaída convivencia interna de la Concertación.

Este es, sin duda, un trabajo político que necesita de definiciones. Por un lado se requiere una estrategia comunicacional precisa, que puedan destacar los logros de la reforma. Pero que, al mismo tiempo, expliquen que el mundo concertacionista, que representa el Gobierno, hubiese querido un grado mayor de transformaciones; que no son posibles hacer porque no se cuentan con las mayorías parlamentarias para realizarlas.

Tal estrategia no es garantía de completa satisfacción en aquellos que tengan votar a contrapelo de sus ansias más transformadoras, pero disminuye el roce y ayuda al clima interno del bloque oficialista.

De no ser así la tramitación de este paquete de medidas puede dar un certero golpe a la convivencia intra concertación, algo preocupante teniendo a la vista las elecciones municipales de octubre.

Pero además se insuflará más allá de lo adecuado a las movilizaciones sociales de los estudiantes secundarios y universitarios, apoyados por el Colegio de Profesores. Que tanto espacio mediático ocupan, opacando de un plumazo el esfuerzo de comisiones de estudio y del Congreso.

Jóvenes corriendo por las calles, perseguidos por el guanaco, sensación de desorden, rostros vociferantes que gritan disconformidad, no comunican sino la idea de que desde 2006 hasta acá poco y nada se ha avanzado.

Curioso tener este sentido de rotación sobre el mismo sitio cuando ha pasado mucha agua bajo el puente, de eso pueden hablar una Comisión Asesora Presidencial, un proyecto de reforma a la LOCE que ponía fin al lucro, un Acuerdo Nacional que morigeró el proyecto oficialista, otro proyecto de reforma que crea una superintendencia preocupada de controlar gestión y calidad; en fin, la destitución de una Ministra de Estado por primera vez en democracia, tanta agua bajo el puente …y la imagen del guanaco mojando estudiantes porfía, a dos años de la revolución Pingüina de 2006.

WCS

La Vida día a día

La ficción que constituye la Acusación Constitucional a la Ministra de Educación queda de manifiesto con la anunciada movilización estudiantil del 26 marzo próximo.

En tal fecha la CONFECH ha convocado a una jornada de protesta en demanda de la instauración de una tarifa escolar única nacional. Han planteado, además, que ajenos a la lógica del mercado en la fijación de tarifas ellos recurrirán a la autoridad para que enmiende las desigualdades y arbitrariedades existentes.

La CONFECH ha dado a conocer que mientras en Santiago un estudiante debe cancelar $130 pesos para desplazarse en La Serena deben cancelar $200, en Concepción (de lunes a viernes) $140 y $210 los fines de semana; y en Valparaíso todo parece indicar un aumento de $130 a $200.

Tal regulación está sujeta a una normativa de 1989, que fija que la tarifa escolar puede ser hasta un 40% en la Región Metropolitana y hasta un 50% en el resto del país, de la tarifa cobrada a un adulto. Después de la Revolución Pingüina de 2006 esa normativa fue modificada para incorporar el uso por 24 horas y siete días el uso del pase escolar.

Aunque echo de menos alguna consideración a la estabilización de las tarifas que el fenómeno del Transantiago ha ocasionado en la RM, con todas las consecuencias que ello implica; tales demandas parecen atendibles, tan atendibles como ausentes en el debate público.

Podemos estar frente a un movimiento que en ciernes puede incubar otro, como en 2006, y los agentes políticos, a partir de esta Acusación Constitucional, están encapsulados en un dilema ficticio e improductivo, por lo menos para quienes estudian, que deben tomar locomoción y para sus padres financistas de esos viajes.

Queda en claro, nuevamente, la desconexión entre la política y la realidad.

Además, la argumentación conocida en estos días deja en claro la total inspiración política en la acción interpuesta por la derecha. Se ha hecho hincapié en una supuesta falta de aplicación de leyes en que la Ministra habría incurrido. Algo bastante extraño en derecho público la ley obliga expresamente a quienes indica y, en este caso, el pago de subvenciones , y todos los procedimientos anexos a ella, son responsabilidad de otras instancias descentralizadas del MINEDUC, como las Direcciones Provinciales, la SEREMI y la Subsecretaría de Educación. Todas entidades que han debido responder ante la Contraloría General de la República por sus acciones u omisiones.

La propia intervención del Contralor ante la Comisión de Educación de la Cámara ha dado cuenta no sólo de las irregularidades, sino también de las medidas que enmiendan los errores, las sanciones adoptadas y , nótese, la colaboración de las autoridades ministeriales, dentro de las cuales está la Ministra Provoste, en todo el curso de la investigación.

¿Dónde está el incumplimiento entonces? ¿Qué leyes se han dejado de aplicar?.

Pero no nos engañemos, por mucho que esta acusación sea in sustentable lógica y jurídicamente, las motivaciones políticas explican lo que se busca.

Para la derecha el resultado de esta acusación será un punto de inflexión importante en su estrategia para llegar a La Moneda. Un éxito refuerza lo ya hecho en desarrollar la teoría del Desalojo, una derrota (que pese a todo el pesimismo es posible) reedita la colisión de entre esa teoría y la del “Nuevo Trato”, que no es más que una respuesta al Bacheletismo-aliancista, sostenida por Sebastián Piñera.

En todo caso la Alianza ha recurrido a estos dos extremos en su larga experiencia como opositora y, francamente, ninguna le ha brindado los frutos que ella esperaba.

Para nosotros está claro que, al final del día, la ciudadanía premia a aquellos que atienden a sus asuntos y no se enreda en los cálculos electorales; a aquellos que se preocupan por cómo pagar el pasaje en micro de sus hijos, qué van a comer a mediodía, que tipo de útiles va a requerir, en fin, a los que viven la vida día a día.

Acuerdo Educacional: Los árboles no dejan ver el bosque

Los últimos estertores de la negociación política en torno al Acuerdo Nacional de Educación, firmado recientemente, impiden apreciar los alcances reales del mismo.

Así es, podría afirmarse que los árboles, los argumentos político-ideológicos expuestos por cada partido, no dejan ver el bosque: la “nueva arquitectura educacional” que se está construyendo.

Vamos por parte. Primero, no se puede dejar de reconocer que gran parte de estas transformaciones se lo debemos a la “Revolución Pingüina” de 2006. Una movilización social nacida de los más jóvenes, quienes al final del día nos demostraron que los sueños todavía pueden remover las convicciones del escepticismo e instalaron la discusión de una reforma que se creía poco realista siquiera pensar.

Las gargantas de azul con sus mochilas cargadas de lapidaria ingenuidad le ganaron al conformismo y nos obligaron a pensar en el futuro, una de las tareas que, se supone, los políticos nunca debemos dejar de llevar a cabo.

Vino la respuesta gubernamental: el “Consejo Asesor Presidencial”; se criticó su número y se acusó al Gobierno de dilatar las cosas y postergar todo “en otra comisión más”. Como si esto fuera poco la Alianza reaccionó en contra del proyecto de Ley General de Educación remitida en abril de este año, es más, votó en contra de la idea de legislar en la comisión respectiva.

Los jóvenes con esperanza ya no estaban, se habían diluido y nos enseñaban que así serían los movimientos del futuro, circunstanciales, mediáticos y profundos. No más estructuras de clase, no más instituciones permanentes, en fin, la nueva forma de hacer ver las demandas sociales había hecho su debut.

El Gobierno y sus partidarios estaban sólos. Con una oposición cerrada a las transformaciones negando el debate sobre la materia, negando la sal y el agua, apostando por la arrogancia de “el desalojo”.

Pero la persistencia y la fuerza, la legitimidad, de las transformaciones necesarias pudo más.

Cuando la Alianza presenta su proyecto alternativo se produce el verdadero cambio. Se admitía así la necesidad de una nueva normativa y la oposición comienza a exponer sus convicciones. Se inicia, entonces, el ejercicio de la democracia: hay que sentarse a la mesa a defender y ceder.

El resto son hechos recientes, a ratos parecía disolverse este escenario, a ratos todo lo sólido parecía disolverse en el aire.

Pero ¿cuál es la trascendencia del acuerdo alcanzado?.

Más que un hito político la nueva normativa educacional refleja un gesto de realismo y modernidad que habla bien de nuestra clase política.

Hasta ahora contábamos con una LOCE que, básicamente, decía muy poco. Dejaba todo al arbitrio del mercado y no entregaba mayores responsabilidades al Estado en materia educacional. No sólo no hacia responsable al Estado por lo que ocurriera en los colegios, sino que, además, tampoco obligaba a rendir cuentas, por sus productos, a los privados que recibían dineros públicos para entregar enseñanza.

Así las cosas contábamos con una arquitectura educacional débil respecto a las obligaciones que el Estado y la sociedad tiene respecto al gasto de la plata de todos.

En este esquema algunos lo hicieron bien e invirtieron en proyectos educativos que, efectivamente, contribuyeron a la responsabilidad de todos con el futuro de nuestros hijos. Hubo quienes respondieron a la responsabilidad confiada y usaron adecuadamente la subvención escolar que recibieron.

Pero ¿qué pasaba con aquello que no?. Bueno ese Estado débil no tenía muchas herramientas y el Ministerio de Educación poco podía hacer frente a los que hacían mal las cosas.

Los últimos años, nada más, ha habido casos emblemáticos en donde queda demostrada que la posibilidad de intervención pública ante un mal gestor privado es en las últimas instancias y, generalmente, cuando éstos han cometido faltas y delitos acreditados por otras instancias contraloras del Estado.

Bien lo dijo la Diputada Carolina Tohá un tiempo atrás: hoy en Chile es más fácil cerrar un colegio por la ordenanza municipal y por materias de infraestructura que hacerlo porque sus alumnos no saben ni leer ni escribir.

La Superintendecia Educacional, contemplada en el acuerdo educacional, significa un gran avance en este sentido porque le permite, y obliga, a las autoridades educacionales a fiscalizar que los fondos públicos de educación están siendo invertidos para las materias que fueron destinadas.

Así uno de los objetivos centrales expuestos en abril pasado por la Presidenta de la República, se cumple: el riesgo de que la plata de todos los chilenos vaya a los bolsillos de algunos y miles de familias puedan ser objeto de un engaño, se reduce a las más mínimas posibilidades.

Esto no es menor, en realidad lo que ocurrirá es que aumentarán las responsabilidades de todos, del Estado y los privados.

El Acuerdo Nacional de Educación firmado por estos días es más que la expresión de un ambiente pasajero o una estrategia política, es el inicio de una nueva realidad educacional. Atrás queda una normativa anquilosada, con hálito autoritario, recelosa del rol estatal; un laisse faire que no significaba libertad sino prescindencia de responsabilidad pública.


Santiago, 13 de noviembre de 2007

2007 REVOLUCIÓN PINGÜINA ¿II?

Y aparecieron los estudiantes. Desde hace ya un par de semanas se están movilizando por medio de la toma de sus colegios y, hasta ahora, han sido desalojados por Carabineros con pocos atisbos de violencia.

No son los mismos del año pasado, es decir, no son los mismos físicamente y tampoco son los mismos discursivamente. Mal que mal un año en la vida de los adolescentes es tiempo de rápidas transformaciones.

Este movimiento secundario se muestra fragmentado. Aunque tributario del exitoso proceso del año pasado, estuvo precedido por una serie de eventos reagrupadores que evacuaron varias coordinadoras y referentes estudiantiles; lo que en sí es una diferencia con 2006.

Sus demandas y, seguramente, por la misma dispersión de la organización, huelen más a reivindicación político-ideológica que al integrador alarido del año pasado. Llamados a la lucha de clases, terminar con el Transantiago, rechazo a la reforma Penal Juvenil, solidaridad con los deudores habitacionales, etc. Se mezclan con la estatización de la enseñanza, el pase escolar gratuito a todo evento y la PSU sin costo.

Sin duda, organización y discurso ya no son los mismos.

Ahora, es cierto que esta diversificación es el resultado de la experiencia del año pasado. Un movimiento amplio, legitimado, expansivo socialmente, en fin, contuvo un discurso demandante de amplio espectro temático. La sociedad en su conjunto vio en la educación la oportunidad para soñar otro tipo de país, de coincidir en las desventajas y desigualdades de nuestra realidad económica; estar disconforme no fue sinónimo de marginalidad y retroceso. Por el contrario, evidenció conciencia de futuro y compromiso social.

Claro que esa diversidad y representación amplia de las demandas sociales suenan distintas ahora. Ciertamente porque el movimiento es menos poderoso, pero porque también es menos coherente de momento que de un año a esta parte se han iniciado las transformaciones requeridas.

En lo educacional. Después de un debate intenso, mirado con mucho recelo por todos los actores, el Consejo Asesor Presidencial entregó un informe con disensos notables. La Presidenta, haciendo uso de la autoridad para la que fue elegida, optó por algunas de las medidas sugeridas y desechó otras. Envió dos reformas sustanciales al actual marco institucional de la Educación (Ley General de Educación y la creación de una Superintendencia de Educación), además, el pasado 21 de mayo anunció la inyección adicional de 650 millones de dólares para cada año.

Eso en lo que concierne a la “agenda larga”, las medidas más urgentes, como la gratuidad del pase escolar, el aumento de las raciones escolares y becas para la PSU fueron abordadas el año pasado.

La ciudadanía sabe de estas medidas, de las complicaciones que el Gobierno tiene con la derecha para aprobarlas en el Congreso Nacional y de las polémicas que han surgido por las mismas. En fin, la ciudadanía sabe y por eso mismo hay recelo hacia la movilización estudiantil de estos días.

Y es que estos pingüinos son otros, sus motivaciones son otras y sus expectativas, seguramente, son diferentes.

De alguna manera el movimiento secundario de 2007 viene “con el vuelito” del de 2006. ¿Son los estertores, el fin, del mega movimiento social del año pasado? Sí y no.

Es más bien una mezcla, porque hay visos se cambio. Existe el asomo de una propuesta, legítima como toda propuesta, de orden más clásico destinado, desde el mundo social, a revitalizar una propuesta de izquierda desgastada por la persistente y, a ratos, improductiva lucha contra la exclusión.

Allí quizás esté el lado “crecedor” de esta movilización, posiblemente implique un punto de inflexión a ese sector político. Pero en la medida que más se avance por ese carril más se cierra el capítulo de la Revolución Pingüina de 2006.

Los de ayer … ya no son los mismos, es cierto, pero el país después del remezón que provocaron los pingüinos movilizados, tampoco lo es.

Somos testigos de una movilización secundaria en transición que contiene elementos antiguos e intenciones nuevas. Pero, cuidado, ello no desvirtúa las banderas enarboladas. A ver si esta movilización, por lo menos, permite mantener vigente la discusión y apurar la resolución de los proyectos en trámite.

Sin estudiantes, sin mundo social organizado, no habrá camino expedito, no habrá avances verdaderos y nuestro mundo político sumará a su haber otra causa pendiente, otro problema urgente pospuesto y otra materia dilatada por estériles discusiones.

Santiago, 12 de junio de 2007

Educación: La Tensión histórica

El debate en torno a la Educación está candente, sin embargo, hay que reparar que tiene como telón de fondo una tensión histórica que pocos han evidenciado, pero todos sospechan.

Se trata de la confrontación de dos discursos ideológicos, uno de larga data y otro más reciente, que conlleva a la confrontación de dos modelos educativos. Nos referimos a la colisión entre el Estado Docente y la educación privatizada y de libre mercado, para nosotros, el “modelo pinochetista”.

El primero nació a la par de la formación de la República en el siglo XIX. El Estado Docente formó la identidad nacional y fue el principal elemento integrador para los gobiernos republicanos; una eficiente herramienta ideológica que cohesionó primero a la élite y más adelante a otros sectores sociales. Se transformó, con el correr de los años, en símbolo de la movilidad social; en él se formó a los burócratas que administraron el Estado y, más tarde, las emergentes clases medias; a principios del siglo XX, con su ampliación y modernización, fueron visibilizados los sectores populares.

El Estado Docente, desde el punto de vista institucional, estaba sustentado en un poder centralizado; un currículo laico, con medidas de selección y evaluación meritocrática; sostenido por un gremio de profesores altamente deliberante en el medio nacional y con poderosa a la hora de movilizarse para conseguir mejoras profesionales.

El Estado Docente, aunque coexistente y tolerante con un sistema privado de educación, privilegiaba la educación pública. Ésta era una estructura integrada y coherente, desde la escuela más aislada de la República hasta el aula universitaria de más excelencia del país.

Aunque en los momentos contemporáneos de la debacle de nuestra democracia, a principios de los ’70, algunos pudieron observar en las movilizaciones por la Reforma Universitaria y la participación de las Feses en la lucha ideológica, como un indicio más del caos y el desorden; no cabe duda que el Estado Docente, con todos sus mitos y símbolos de movilidad social, formaba parte del orden de las cosas entre nuestra población, siendo, además, valorado y respetado.

El intento de la Dictadura Militar, de construir todo a imagen y semejanza de sus contenidos ideológicos, tuvo una expresión precisa en el campo educacional. A contrapelo del prestigio histórico del Estado Docente, se realizaron una serie de transformaciones que intentaron erradicar la antigua institucionalidad.

Así las cosas, la centralidad de la administración educacional fue disgregada en los municipios del país. El presupuesto nacional experimentó una disminución progresiva en materia educacional. El autoritarismo fue una efectiva herramienta para disminuir el poder e influencia de los profesores, sus sueldos sufrieron un retroceso, los demás aspectos de la “carrera docente” fueron dañados con la creciente incorporación de maestros formados en instituciones sin rango universitario.

Los supuestos básicos del modelo pinochetista pueden encontrarse en el espíritu y la letra de la LOCE, promulgada el último día del Gobierno Militar. Allí se puede apreciar el privilegio de la libertad de enseñanza por sobre la calidad de la educación. Pocas precisiones y requisitos, muchos silencios y omisiones permisivas.

El modelo dictatorial está, se supone, inspirado en la competencia, la elección informada y el emprendimiento privado. A su amparo se plagó de colegios particulares, que contaban con financiamiento público. Todos ellos nacidos en medio de una reglamentación débil y flexible, que daba cuenta de un Estado debilitado, reducido a entregar vistos buenos para trámites menores y a “vigilar” la asistencia de los alumnos para pagar las subvenciones.

Uno de los mayores avances de estas políticas educacionales, así lo recuerdan majaderamente los representantes de la derecha, es la ampliación de la cobertura educacional. La incorporación de los privados a la provisión del servicio de educación, entonces, permitió suplir la falta de colegios y liceos.

Sin embargo, una lectura simple de la literatura especializada, cuestiona el juicio anterior. Especialmente respecto a la ventaja que como país tuvimos de contar con un diseño librecambista, poniéndonos en los primeros lugares de la región. En honor a la verdad, nuestra posición en las mediciones de la educación en Latino América tiene una ventaja comparativa desde hace algún tiempo, un piso de logros que ofrecía una superioridad inicial frente a naciones vecinas.

Pero, además, todos los países de la región, en la misma época en que Chile lo experimentó, registraron avances notables en cobertura educacional, incluso aquellos que “carecieron” de una política educacional similar a la legada por Pinochet.

Los Gobiernos de la Concertación intentaron remediar la situación, realizando reformas sustanciales en los presupuestos, especialmente, en cuanto a aumentos salariales de los maestros, infraestructura y, en menor grado, mejoramiento de la gestión y calidad educativa.

Cambios que soslayaron el problema de fondo: la discusión por el tipo de educación y sociedad que queríamos tener. Es cierto que el realismo político no imponía otra agenda. La existencia de un escenario poco proclive a los cambios nos llevó a no enfrentar, la tensión discursiva: la persistencia histórica del Estado Docente versus el legado pinochetista.

Pero el realismo político vino de la mano de la “revolución pingüina”. La legitimidad social y política alcanzada por sus demandas creó un escenario en donde hablar de “limitaciones del modelo”, de cambios estructurales y urgentes, de terminar con reformas “bálsamos” (que aminoran las dolencias pero no curan la enfermedad); en fin, una realidad política nueva en donde es posible diseñar una nueva institucionalidad educacional, democrática, en donde el Estado, además, cuenta con los recursos adecuados para invertir en el futuro de todos los hijos de este país.

La Presidenta Bachelet ha asumido su rol histórico en este proceso y está creando una institucionalidad que requiere del apoyo de todos, del mismo apoyo que se dio a la movilización de los jóvenes hace un año atrás.

Pero, además del apoyo requiere de la contribución activa de todos, especialmente en las definiciones respecto a qué calidad queremos, cuál es la utilidad que para los alumnos tendrá haber pasado por 12 años mínimos de estudios, en fin, quien define y renueva los parámetros de calidad.

Claro está para nosotros que la resolución de estas preguntas no solucionará la tensión histórica presente en el debate público; quizás si hasta arroje un modelo nuevo, que recoja las ventajas de uno y de otro discurso ideológico; pero esa es una tarea de todos.

Los estudiantes vociferaron lo imperativo de esta tarea, la sociedad en su conjunto legitimó este grito desesperado; el Gobierno ha enviado propuestas que implican una decisión de cambio; es la hora de los parlamentarios y de todos los que nos sentimos representados por ellos, para evacuar una nueva forma de entender nuestra educación, una fórmula que permita hacer una historia diferente.

(*) Fotografìa de Juan Pedro Catepillán

Santiago 27 de Mayo de 2007

Educación: Estudiantes y Profesores ¿Dónde están?

Transcurrido un tiempo del envío del proyecto de Ley General del Educación (LGE) al parlamento, por parte de la Presidenta de la República, se ha sentido una notoria ausencia del mundo social en la discusión de la iniciativa.

La “Revolución Pingüina” ha sido, con creces, la movilización social más importante desde el regreso a la democracia. La respuesta pública a esta movilización, la LGE, por lo mismo, es la iniciativa gubernamental que más legitimidad social debiera tener. Sin embargo, ello no se nota.

Efectivamente, el proyecto, que contiene importantes demandas del “bloque social” de educación, ha sido defendido hasta ahora mayoritariamente por el Gobierno. Los estudiantes y los gremios de la educación, excepto algunas aisladas reacciones, guardan un silencio comunicacional que no se condice con la fuerza expresada en las movilizaciones de 2006.

A un país tan desmemoriado siempre es necesario recordarle las cosas.

El movimiento tuvo su inicio entre los secundarios, apareció, entonces, como una escalada más, con olor a desorden y disturbio. Con el tiempo vinieron las tomas de los liceos y las capuchas se guardaron para mostrar los decididos rostros de jóvenes que ya no apuntaban a las demandas inmediatistas, como el pase escolar o los costos de la PSU, no, ahora se pedían cambios mayores: la derogación de la LOCE.

Nuestra experiencia nos recomendaba no guardar muchas expectativas por el futuro y duración del movimiento. El excesivo voluntarismo y la pretensión desmedida los llevaría al desgaste; las cosas, sin embargo, fueron diferentes.

Los estudiantes desalojaron las calles y la violencia callejera, que tanto entusiasma a nuestro periodismo gráfico, desapareció de escena. Empezaron a ser cubiertas las acciones pacíficas y novedosas, fueron mostradas las ingeniosas pancartas, apareció la alegría juvenil de la mano del arte y las canciones. Se habló de movilización seria y responsable, de autodisciplina al interior de los colegios, se destacó el nivel de organización y expresión de las asambleas de estudiantes, en fin. Los secundarios habían roto el cerco informativo y ponían en el centro de la discusión sus “desmesuradas” demandas.

Luego se sumaron unos impávidos estudiantes universitarios, sorprendidos porque sus “hermanos menores” les estaban enseñando como movilizarse. También los profesores, los padres y apoderados y los “especialistas y expertos en educación”, etc.

Estábamos frente a un movimiento social legitimado y sólido en cuanto a discurso. La respuesta de la Presidenta marcó el fin del mismo, vinieron los devaneos, las renuncias, el desgaste final del movimiento. Pero las cosas ya estaban hechas, aunque con cierto recelo, la opinión pública siguió el funcionamiento del Consejo Asesor Presidencial de Educación y respaldó su trabajo. Se informó de sus resultados y, en abril pasado, la Presidenta Bachelet anunció el nuevo proyecto que reforma la LOCE en aspectos sustanciales.

La suspicacia de los estudiantes y profesores los llevó, los días previos al anuncio, a anunciar nuevas movilizaciones si era necesario. Luego de ello, prácticamente, se sumergieron.

Bien y entonces ¿quién salió al ruedo?. La derecha y los intereses económicos “afectados” con la propuesta del ejecutivo. Allí se ha centrado el debate.

¿Y el grupo social que originó esta movilización?. ¿Creen que basta con enviar un proyecto para conseguir su aprobación?.

Ahora viene la etapa más difícil, los tiempos de discusión en el parlamento ponen en riesgo la aprobación de la misma. Más aún cuando muchas de las normas requieren de altos quórum de aprobación.

La ausencia de quienes dieron legitimidad, social y política, a las demandas que la Presidenta interpretó con esta iniciativa, complota contra el éxito de la misma y el éxito, finalmente, de la movilización más importante de las últimas décadas.

Mejor hacen algo, o la “Revolución Pingüina” no será más que una anécdota …con la que se chocheará en unas décadas más.

Selección y segregación en la escuela

Un reciente estudio de la Universidad de Chile arrojó resultados que, a la luz del debate sobre el proyecto de Ley General de Educación, impactan el ambiente educacional.

El estudio indica que los resultados arrojados por los colegios “emblemáticos” de la educación municipal, entiéndase los alumnos que de ellos egresan, no demuestran poseer un plus adicional en su pasada por tales establecimientos.

Esto significa que es la selección inicial que estos colegios aplican la que les garantiza tener buenos resultados. No es, por tanto, lo aprendido en los mismos lo que explica el rendimiento de sus estudiantes en las pruebas de selección universitaria.

De lo anterior se deduce que lo crucial es la formación de los primeros años de estudios básicos, es en esa etapa donde se forman a los estudiantes destacados. El rol, por tanto, de los establecimientos de enseñanza media no es determinante sino sólo en la medida que haga retroceder a sus alumnos escogidos y éstos pierdan hábitos de estudio perjudicando su rendimiento.

O sea, no debería llevarnos a asombro que un estudiante de estos colegios seleccionadores tenga resultados sobre la media nacional, es justamente lo mínimo que ellos pueden hacer. Lo novedoso sería que con ese capital destacado de alumnos se obtuvieran malos resultados.

El estudio en cuestión permite deducir, entonces, que lo que debiéramos exigir a estos establecimientos es que la mayoría de sus egresados estén en estándares de excelencia sobresaliente. Ello demostraría el valor agregado real que los establecimientos de este tipo aportan a sus alumnos.

Vale la pena detenerse en estos resultados de momento que el proyecto de Ley General de Educación modifica los requisitos para la selección de alumnos.

En el proyecto se señala que todos los colegios y liceos, con alumnos entre 1° y 8° Básico, que reciben financiamiento público, municipales y particulares subvencionados, deben admitir a quien solicite ingreso. En caso que su capacidad instalada sea copada podrá seleccionar en un proceso público y transparente, “el que en ningún caso podrá considerar la situación económica o social del postulante, su rendimiento escolar pasado o potencial, el estado civil, escolaridad o religión de los padres, origen étnico del postulante, ni otro criterio que permita la discriminación arbitraria de éste”.

El cambio es sustancial. Hoy en día existen todo tipo de selección y discriminación de alumnos. Los colegios particulares subvencionados escogen a sus estudiantes por rendimiento escolar y por todos los demás motivos que el proyecto en cuestión, explícitamente, prohíbe. Los municipales lo hacen al interior de la misma comuna, en unos colegios agrupan a los alumnos con mejor rendimiento, en otros aquellos atrasados o repitentes, con problemas conductuales, etc.

La selección aplicada en estos casos implica discriminación y segregación. Bien por aquellos que son escogidos, pero ¿qué pasa con los que son marginados o rechazados? ¿qué sentimientos puede ir guardando ese alumno al que se le indicó que carecía de talento? ¿Qué tipo de ciudadanos pueden resultar de aquellos que se les señala como los peores, los malos o los limitados?.

Pero, además, ¿es real el ambiente existente en un colegio donde están los más talentosos?. La escuela forma a los niños en el aprendizaje ciudadano, un colegio debe preparar a una persona para interactuar en la sociedad real, aquella diversa compuesta por todo tipo de personas, no sólo las talentosas.

Un país que crea estancos sociales, con un dialogo ciudadano limitado, estigmatizando a las personas por los colegios donde estudiaron o donde no pudieron estudiar; es un país que va en un camino no sólo equivocado, sino también altamente peligroso.

Entiendo que el gran sustento de los liceos “emblemáticos” es la opción de premiar a los mejores, a aquellos que mejoran a la sociedad a partir de su excelencia. Pero ello, según el estudio al que aludíamos al principio, no está tan garantizado. ¿por qué entonces seguir con ese sistema?. Se nos dirá que por la historia, por los preclaros hombres que nos han entregado estos establecimientos, en fin.

Pero, ¿no parecen altos los costos que como sociedad debemos pagar por mantener un sistema de selección? ¿Por mantener una tradición que no hace las diferencias que se pregonan?.

Para mí está claro que no es posible justificar algún tipo de segregación y discriminación cuando son las platas de todos los chilenos las que financian el sistema público de educación. Distinguir a los chilenos y chilenas entre los mejores y los peores es un contrasentido con el interés público.

Es de esperar que los avances que implica este proyecto de Ley General de Educación se cristalicen. Por ahora: terminar con la discriminación en colegios con financiamiento público entre 1° y 8° básico; más adelante: anular todo mecanismo de selección que implique ofender la conciencia democrática del país que estamos construyendo.

Columna publicada en El Mostrador el 18 de abril de 2007.

Adiós a la LOCE, bienvenida Democracia

Pasaron muchos años, demasiados, para que la derrota de Pinochet, y su endiablado modelo antidemocrático, llegara a su fin en el marco regulatorio heredado al sistema educacional chileno.

Es cierto, fueron los estudiantes, los menores, los que a ojos de los adultos eran apáticos y desinteresados en las urgencias sociales, fueron ellos los que nos conminaron a poner en agenda la revisión completa de la educación y, en particular , de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).

Los gobiernos de la Concertación, en honor a la verdad, olvidamos la persistencia de esta rémora autoritaria, poniendo énfasis en otras materias. Perdimos el rumbo frente a lo realmente importante, en la definición de la educación, de los valores, de los proyectos de país o tipos de sociedad que se pretenden construir a partir de ella. En fin postergamos todos aquellos aspectos que le imprimen un sentido a la educación que no se logra sólo con más cobertura, infraestructura o la mejora salarial de los maestros.

Pero el proyecto de Ley General de Educación, presentado por el Gobierno estos días, salda la deuda.

Se harán variados análisis sobre este proyecto que deroga la LOCE, sus cambios son tales que da para cubrir varios centímetros de prensa. Pero hay uno, el eje inspirador del articulado, que identifica el sentido de este proyecto con los valores de los que defendimos la libertad el 5 de octubre del ’88. Es ni más ni menos que la simple presencia de la democracia.

La LOCE no sólo contiene el elementos propios del Gobierno Militar, entiéndase: la primacía de la doctrina de seguridad nacional, la obsesión por la propagación de las tendencias político partidistas en los marcos educacionales, el desarrollo del sentido patrio, las advertencias y llamados a respetar el orden público, la nominación de académicos nombrados por los Comandantes en Jefe de las FF. AA. para el Consejo Superior de Educación, etc. Sino que, además, su articulado responde a una ideología que subvalora las conductas democráticas e ignora la cultura de los derechos humanos.

El proyecto enviado por la Presidenta Bachelet repara en gran parte la falencia democrática de esta normativa y, por lo mismo, garantiza que los resultados de la gestión educacional estarán acordes a los parámetros valóricos del primer mundo.

No puede entenderse de otra forma cuando en la LOCE se identifica como principio inspirador de la educación sólo a una formación valórica enmarcada en la “identidad nacional” y en el proyecto de Ley General de Educación se menciona que ella lo estará: “en el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales (…) en el ejercicio de la tolerancia, de las paz y del respeto de la diversidad, capacitándolas (a las personas) para convivir y participar en forma responsable, democrática y activa de la sociedad”. ¿Otra cosa no?.

Las nuevas normas que impiden la discriminación, aspecto destacado en las notas de El Mostrador, demuestran la modernidad y compromiso del Estado de Chile con el cumplimiento de tratados y convenios internacionales, de tan poca relevancia para los gestores dictatoriales de la LOCE.

La Ley General de Educación, si es aprobada por el Congreso Nacional, implicará un notable avance en el respeto a los derechos de los integrantes de la comunidad educativa. Nunca, en una norma de este rango, se habían incluido en igualdad de condiciones a padres y apoderados, alumnos, profesionales y asistentes de la educación y sostenedores de establecimientos educacionales.

En el caso de los alumnos, los protagonistas iniciales de este proceso democratizador de la educación, se consignan derechos como “a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente armónico, de sana convivencia, tolerancia y respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. Tienen derecho a que se les respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas o ideológicas, así como a su identidad personal..”.

Si bien es cierto existen preceptos constitucionales que aluden a estos derechos para todos los ciudadanos, no es menos cierto que la consignación de ellos en esta normativa eleva la dignidad de los estudiantes y recuerda al resto de los miembros de la comunidad educativa el carácter de personas que éstos poseen, reforzando la interlocución igualitaria al interior de los establecimientos.

Estos acápites del proyecto de Ley General de Educación demuestran el aire nuevo que se intenta llevar hasta las aulas, un aire sano que llene cada espacio del quehacer escolar. Un aire democrático, fresco, que llega a un sistema educacional sumido en la incoherencia del sin sentido, nacido de la intolerancia y parido por postulados sin espacio, sin aire, en el mundo que estamos construyendo.

Columna publicada en El Mostrador el 14 de abril de 2007.