Lagos: Dos más dos son cuatro

El Ex Presidente Ricardo Lagos ha irrumpido, a raíz del proceso de Acusación Constitucional contra la Ministra Yasna Provoste, con la claridad y certeza que le caracterizan.

¿De qué irregularidades me hablan?, dijo y, agregó, aquí lo que hay son dos sistemas contables distintos, uno usado desde 1990 por el Ministerio de Educación y objetado por la Contraloría, y otro recomendado por ésta. Finalmente centró el asunto en el meollo político: «Hay una campaña sincronizada por parte de la derecha que le hace mal a Chile».

Dos más dos son cuatro. Tan simple y elemental como eso. En la última parte de sus declaraciones desechó la Acusación Constitucional porque, dijo, esto era como el ladrón tras el juez, porque eran sostenedores del mundo privado los principales protagonistas de las irregularidades. Algo que nosotros ya habíamos advertido.

Ocurre que la oposición aliancista ha instalado, con meridiano éxito, la sensación de que existe una pérdida de cuantiosos recursos fiscales entregados para subvenciones escolares. «El Gobierno debe aclarar el destino de esos fondos» ha expresado el Presidente de la UDI. Algo parecido dijo el Diputado Manuel Rojas en la Comisión de Educación de la Cámara cuando espeta a la Ministra Provoste que :Ud. Ministra ha sido incapaz de decirnos dónde está la plata… En fin.

Las autoridades gubernamentales han hecho esfuerzos por demostrar lo insostenible de tal afirmación. La pérdida de tamaña cantidad de recursos habría imposibilitado el funcionamiento de todo el sistema; las luces de alerta, como dice la acusada Ministra, se habrían encendido desde todos los sectores; no hubiese habido dineros para pagar sueldos de profesores, los sostenedores no habrían podido mantener funcionando sus colegios, etc.

Pero la oposición de derecha insiste y la prensa sumisa al vértigo del escándalo no entra en la complejidad del tema, gusta más de los titulares estridentes, de las afirmaciones vagas, dando a entender la posibilidad del desfalco y el fraude por parte de las autoridades y funcionarios gubernamentales de la Concertación.

En un sentido distinto, llamando pan al pan y vino al vino, el Ex Presidente Lagos dejó en claro que este es un error de procedimiento, un modelo burócrata contrapuesto a uno nuevo, así de simple.

Pero además ha dejado en claro que la sordera de la alianza, la tozudez en sus argumentos y la ceguera frente a lo evidente tiene una explicación: una estrategia deliberada y sincronizada (creemos saber entre quienes) para destituir a una Ministra y hacer carne de la teoría del desalojo. Eso nada más, así de claro.

Ni una renuncia de la Ministra, escenario ya desechado, paralizaría la acusación constitucional. porque su lógica es arrasar, desarmar, a cualquier costo, sembrando la sensación de desgobierno que les permita levantar una alternativa. El reflejo de la nueva mayoría en el Congreso, con el desprendimiento de sectores de la Concertación para votar junto a ellos, debiera tener un correlato social y provocar la alternancia.

Bueno, en eso se equivocan, si tratan de leer el Congreso Nacional como el reflejo 100% confiable del Chile de hoy se equivocan. Una mayoría circunstancial levantada desde los pasillos del Congreso no es garantía de un gobierno aliancista, podrán avanzar en la lógica destructiva e inmovilizadora del desalojo, pero no lo harán en el camino hacia La Moneda.

Esto por varios motivos, uno de los principales es que el sistema binominal que origina la composición del Congreso distorsiona la realidad y crea una ficción electoral que oculta los datos de verdad. Otro es que los congresistas electos en listas de la Concertación, ahora convertidos en “díscolos”, podrán votar en concordancia con la alianza pero ello no implica que sus adherentes traspasen sus preferencias hacia la oposición.

Esta es la política chilena, levantada entre supuestos y falsas imágenes, ello la distancia de la cotidianidad del elector, la aleja de los deseos ciudadanos. El éxito de nuestro sistema radica en que nuestros líderes tienen conexión con el Chile de verdad, con los chilenos de carne y hueso.

Uno de esos líderes ha hablado, debiéramos atender a la asertividad y simplicidad de sus palabras, para hacer entender a todos que dos más dos son cuatro.

Santiago, 11 de marzo de 2008

Subvenciones Escolares

El impacto de las denuncias por las irregularidades detectadas en la asignación de subvenciones escolares ha puesto de manifiesto un problema, de la reforma educacional, que urge resolver.

Así es, en el debate político-técnico de los últimos dos años, el Consejo Asesor Presidencial para la Educación (2006) y el trabajo de las Comisiones de Educación del Senado y la Cámara de Diputados (2007), tuvo como uno de los principales ejes de discusión el grado de control estatal sobre los dineros que el fisco entrega a los sostenedores para que entreguen educación a los sectores más pobres de nuestro país.

El sistema de subvenciones escolares surgió a inicios de la década de los ’80 y era coherente con la política pública implementada por la Dictadura, misma que fue institucionalizada con la dictación de la LOCE casi una década después. El sistema, en síntesis, concesiona la provisión de educación a sostenedores, privados y municipales, a cambio del pago de una subvención concordante con la asistencia escolar registrada.

Desde hace muchos años era un secreto a voces que la debilidad del sistema se encontraba en la fiscalización, que al cuadrar y buscar concordancia entre asistencia de alumnos declarada y lo pagado en subvenciones el ejercicio no entregaba buenos resultados.

Súmese a lo anterior que el gremio de profesores y los funcionarios del Ministerio de Educación nunca han tenido predisposición a la institucionalidad surgida del modelo dictatorial. Tenemos una estructura burocrática y prácticas docentes, centradas en el rol curricular, que no encaja con materias de “segundo orden” como la de inspeccionar, controlar y sancionar.

Por si esto no fuera poco la ilegitimidad del modelo dictatorial le imprimía a cada hábito administrativo un sello de recelo que, tras 17 años de gobierno de la Concertación, parieron un modelo educativo híbrido, destinado a la subsistencia pero no a la descendencia.

La movilización masiva de los secundarios en la Revolución Pingüina de 2006 entregó relevancia al tema de la educación en general pero dejó a trasmano los problemas más técnicos, de más difícil digestión mediática para el público medio. Uno de ellos fue este de la fiscalización de las subvenciones.

Esto porque la discusión, en el ámbito político, respecto al rol del Estado y los privados en el campo educacional, están destinadas a los puntos medios, a los acuerdos generales y consensuados. De esta manera el Acuerdo para la Reforma Nacional de la Educación acordado por la Concertación y la Alianza, creó una Superintendencia de Educación que no era una amenaza para los sostenedores privados y ampliaba de alguna manera los instrumentos de control al aparato público.

Aunque el proyecto de Superintendencia de Educación incorpora algunas novedades, como incorporar el control de la calidad de la Educación, está claro que los últimos sucesos y escándalos permiten avizorar una tramitación parlamentaria de difícil pronóstico.

Lo que está claro es que después de este febrero nada debiera seguir igual. Las voluminosas cifras, todavía en cuestión, debieran arrojar reformas estructurales con organismos poderosos, sancionadores y exigentes respecto a los productos que se esperan.

Pero también no parece ser un capricho guardar recelo respecto a los cambios que debieran hacerse y que la discusión mediática puede nublar. Por estos días parece más adecuado concentrar la batería de ataques y defensa hacia los funcionarios cuestionados, sin detenerse en las causas estructurales que por estos días han quedado en evidencia.

Santiago, febrero de 2008

(*) Artículo preparado para la Revista Digital DISCUSIÓN

Ni un reproche, ni un tirón de orejas

Aún cuando el huracán mediático, respecto al escándalo en el tema de las subvenciones escolares, está en pleno desarrollo, vale la pena detenerse a hacer algunas reflexiones.

La prensa nos ha informado profusamente de las consecuencias patrimoniales que para el fisco tendrían estas anomalías. Sin embargo hay cierta disparidad a la hora de dilucidar las responsabilidades del mundo público y del privado. Y eso porque en realidad a quienes detentan responsabilidades públicas les cabe cumplir con mayores estándares éticos de momento que tienen a su cargo el patrimonio de todos nosotros.

Es correcto, entonces, el énfasis mediático que apunta a los ‘desórdenes administrativos’, la ‘falta de fiscalización’, la ‘pérdida de recursos’, todos ellos mínimos exigidos en el desempeño de las funciones públicas y, aparentemente, no cumplidos a cabalidad por los señalados en las páginas de los medios.

Pero no hay que perder la vista en torno a los principales “beneficiados”. Estamos, todo parece indicarlo así, en la presencia de delitos funcionarios y delitos realizados por particulares en desmedro del fisco, estos últimos son los más numerosos y onerosos. Estamos hablando de sostenedores, muchos de ellos, que engañaron al Estado presentando falsas declaraciones de asistencia para embolsarse dineros que estaban destinados a financiar la educación de los niños más pobres de Chile.

Hago hincapié en esto, luego de avalar las mayores responsabilidades públicas, porque los principales defensores de la figura de los sostenedores en Educación, hoy guardan silencio. Porque la Alianza derechista, durante el año pasado, ha interpuesto todo tipo de reparos para realizar más profundas reformas al sistema educacional. Así es, todo su discurso el año 2007 estuvo enfocado en rechazar la “estatización” de la educación, mostrando las ganas “trasnochadas” de una Concertación que atacaba la libertad de educación y retrotraía la historia de avances que los privados habían ocasionado en nuestro país.

Sin embargo cuando los privados no actúan correctamente, cuando vulneran la fe pública, cuando se apropian de la plata de todos los chilenos, guardan silencio y señalan las responsabilidades fiscalizadoras de un Estado casi desmantelado en la LOCE aún vigente y dictada cuando ellos eran Gobierno.

La Alianza tiene doble estándar en esta materia. Ya lo habíamos apreciado en 2006 cuando en medio de la Revolución Pingüina, surgieron una serie de denuncias por los Colegios Britania y otros en donde quedaba demostrado que el dinero de las subvenciones no eran invertidos en la educación de los estudiantes, ni en el pago de los profesores de esos establecimientos, ni en las mejoras de infraestructuras de los mismos; entonces, como ahora, miraron hacia el lado y apuntaron a las responsabilidades gubernamentales. Ni un reproche, ni un tirón de orejas a quienes en el negocio de la educación no sólo ganaban mucho dinero sino que, además, defraudaban la fe pública.

Vino luego la discusión en el Parlamento, en principio intentaron negarse a la tramitación del proyecto de Ley General de Educación del Gobierno; en un momento más reflexivo presentaron un proyecto alternativo y recogieron el aumento del control y la fiscalización a la educación privada; pero no de la forma como gran parte del mundo educativo hubiese querido; aunque arribaron a un acuerdo nacional hicieron todo lo posible por morigerar las intenciones de establecer un sistema más transparente y de mayor control estatal.

Ahora están entusiasmados en sacar provecho político de estos hechos, ponen todos sus esfuerzos en levantar una Acusación Constitucional contra la Ministra de Educación.

Pero ¿reflexiones respecto a las correcciones legislativas necesarias para cerrar espacios a los defraudadores?. Nada. ¿Iniciativas para garantizar el correcto uso, y control de ese uso, de las platas fiscales? Nada.

Eso ocurre cuando los bloques se mueven por los cálculos políticos, cuando la ansiedad nubla el sentido de Estado que los políticos debemos tener. Tal como hace unos pocos días “celebraron” el fracaso de una política pública: el Transantiago, sin importarles el sufrimiento de los usuarios, hoy concentran sus esfuerzos en denostar la función pública, provocar la caída de un Ministro de Estado y pasarle la cuenta a un Estado débil y carente de las atribuciones y recursos para garantizar el buen uso de los dineros fiscales.

Los privados que defraudan y engañan al Estado, ignorados. Mediáticamente ausentes, no son condenados ni reciben recriminaciones en las diatribas de la Alianza, salvados de la sobre exposición; para ellos la derecha, nuevamente, no tiene ni un reproche, ni un tirón de orejas.


Santiago, 21 de febrero de 2008

(*) Columna publicada en www.elmostrador.cl el 22 de febrero de 2008.

Acuerdo Educacional: Los árboles no dejan ver el bosque

Los últimos estertores de la negociación política en torno al Acuerdo Nacional de Educación, firmado recientemente, impiden apreciar los alcances reales del mismo.

Así es, podría afirmarse que los árboles, los argumentos político-ideológicos expuestos por cada partido, no dejan ver el bosque: la “nueva arquitectura educacional” que se está construyendo.

Vamos por parte. Primero, no se puede dejar de reconocer que gran parte de estas transformaciones se lo debemos a la “Revolución Pingüina” de 2006. Una movilización social nacida de los más jóvenes, quienes al final del día nos demostraron que los sueños todavía pueden remover las convicciones del escepticismo e instalaron la discusión de una reforma que se creía poco realista siquiera pensar.

Las gargantas de azul con sus mochilas cargadas de lapidaria ingenuidad le ganaron al conformismo y nos obligaron a pensar en el futuro, una de las tareas que, se supone, los políticos nunca debemos dejar de llevar a cabo.

Vino la respuesta gubernamental: el “Consejo Asesor Presidencial”; se criticó su número y se acusó al Gobierno de dilatar las cosas y postergar todo “en otra comisión más”. Como si esto fuera poco la Alianza reaccionó en contra del proyecto de Ley General de Educación remitida en abril de este año, es más, votó en contra de la idea de legislar en la comisión respectiva.

Los jóvenes con esperanza ya no estaban, se habían diluido y nos enseñaban que así serían los movimientos del futuro, circunstanciales, mediáticos y profundos. No más estructuras de clase, no más instituciones permanentes, en fin, la nueva forma de hacer ver las demandas sociales había hecho su debut.

El Gobierno y sus partidarios estaban sólos. Con una oposición cerrada a las transformaciones negando el debate sobre la materia, negando la sal y el agua, apostando por la arrogancia de “el desalojo”.

Pero la persistencia y la fuerza, la legitimidad, de las transformaciones necesarias pudo más.

Cuando la Alianza presenta su proyecto alternativo se produce el verdadero cambio. Se admitía así la necesidad de una nueva normativa y la oposición comienza a exponer sus convicciones. Se inicia, entonces, el ejercicio de la democracia: hay que sentarse a la mesa a defender y ceder.

El resto son hechos recientes, a ratos parecía disolverse este escenario, a ratos todo lo sólido parecía disolverse en el aire.

Pero ¿cuál es la trascendencia del acuerdo alcanzado?.

Más que un hito político la nueva normativa educacional refleja un gesto de realismo y modernidad que habla bien de nuestra clase política.

Hasta ahora contábamos con una LOCE que, básicamente, decía muy poco. Dejaba todo al arbitrio del mercado y no entregaba mayores responsabilidades al Estado en materia educacional. No sólo no hacia responsable al Estado por lo que ocurriera en los colegios, sino que, además, tampoco obligaba a rendir cuentas, por sus productos, a los privados que recibían dineros públicos para entregar enseñanza.

Así las cosas contábamos con una arquitectura educacional débil respecto a las obligaciones que el Estado y la sociedad tiene respecto al gasto de la plata de todos.

En este esquema algunos lo hicieron bien e invirtieron en proyectos educativos que, efectivamente, contribuyeron a la responsabilidad de todos con el futuro de nuestros hijos. Hubo quienes respondieron a la responsabilidad confiada y usaron adecuadamente la subvención escolar que recibieron.

Pero ¿qué pasaba con aquello que no?. Bueno ese Estado débil no tenía muchas herramientas y el Ministerio de Educación poco podía hacer frente a los que hacían mal las cosas.

Los últimos años, nada más, ha habido casos emblemáticos en donde queda demostrada que la posibilidad de intervención pública ante un mal gestor privado es en las últimas instancias y, generalmente, cuando éstos han cometido faltas y delitos acreditados por otras instancias contraloras del Estado.

Bien lo dijo la Diputada Carolina Tohá un tiempo atrás: hoy en Chile es más fácil cerrar un colegio por la ordenanza municipal y por materias de infraestructura que hacerlo porque sus alumnos no saben ni leer ni escribir.

La Superintendecia Educacional, contemplada en el acuerdo educacional, significa un gran avance en este sentido porque le permite, y obliga, a las autoridades educacionales a fiscalizar que los fondos públicos de educación están siendo invertidos para las materias que fueron destinadas.

Así uno de los objetivos centrales expuestos en abril pasado por la Presidenta de la República, se cumple: el riesgo de que la plata de todos los chilenos vaya a los bolsillos de algunos y miles de familias puedan ser objeto de un engaño, se reduce a las más mínimas posibilidades.

Esto no es menor, en realidad lo que ocurrirá es que aumentarán las responsabilidades de todos, del Estado y los privados.

El Acuerdo Nacional de Educación firmado por estos días es más que la expresión de un ambiente pasajero o una estrategia política, es el inicio de una nueva realidad educacional. Atrás queda una normativa anquilosada, con hálito autoritario, recelosa del rol estatal; un laisse faire que no significaba libertad sino prescindencia de responsabilidad pública.


Santiago, 13 de noviembre de 2007

Educación: No todo se arregla con plata

Dentro de las múltiples opiniones que han surgido en torno al debate por la tramitación del Proyecto de Ley General de Educación, que reforma la LOCE, los sostenedores privados y la derecha política han coincidido en indicar que la propuesta gubernamental no apunta a la verdadera demanda social expresada en las movilizaciones del 2006: la calidad de la educación.

La baja calidad educativa, que sería el tema de fondo en la problemática educacional, según estos actores, descansaría en la esmirriada subvención escolar entregada por el Estado. Más recursos implicaría la solución definitiva de esta situación.

Indican, al mismo tiempo, que el proyecto en cuestión, que se niegan siquiera a considerar, pues lo pretenden despachar votando en contra de la idea de legislar, no menciona nada respecto a la calidad de la educación. Por el contrario, contiene medidas que atacan la participación de los privados, ideologizando el debate, de un “gustito ideológico” se ha hablado.

Antes que nada, las posiciones de la derecha y de los sostenedores privados de educación ¿no son ideológicos?. Cuidado, aquello que defienden posiciones sin ideas se limitan sólo a precaver sus intereses. Creo que no vale la pena profundizar este aspecto.

Lo segundo, que el proyecto no aborda la calidad educativa. ¿se quería indicados estándares de calidad precisos? ¿es permanente la calidad o debe ser evaluada de manera periódica y por instrumentos flexibles?. Está claro que los índices mínimos de calidad no pueden sino nacer de los requerimientos de un periodo y contexto histórico social determinado, colocarlos aquí, en una normativa general, habría sido una torpeza corto placista imperdonable.

Por eso los estándares de calidad son entregados al Ministerio de Educación. Para que éste, tras evaluaciones periódicas a los resultados de los diferentes miembros de la comunidad educativa, determine los mínimos de calidad que la sociedad quiere exigir. Es esta mirada sistémica e integral la que permite, de verdad, entregar las herramientas a los órganos ejecutivos para que mantengan y mejoren la calidad.

Esa misma mirada sistémica es la que desbarata la solución sentada sólo en el aumento de la subvención.


Es cierto que se debe aumentar la subvención escolar, pero es la derecha, con sus sirenas de alerta frente al aumento del gasto público, la que persistentemente ha impedido el aumento de la misma. Por esos asombra tanto este arranque de realismo y que se exija un aumento de esta asignación. Francamente, el discurso de la derecha frente a la tramitación de este proyecto sorprende por su defensa de los privados como por su apertura a echar mano de la abultada billetera fiscal. Ello no puede sino entenderse en un contexto estratégico para mejorar sus posiciones en la presidencial próxima.

Pero, además de denunciar el supuesto ataque a los sostenedores particulares y pedir a gritos el aumento de ítemes que por años congelaron, la derecha se equivoca en el diagnóstico del problema. La calidad de la educación no es sólo un problema de platas.

Entiendo, en el mundo conservador y ultraliberal cuando se habla de problemas siempre se piensa en ¿cuánto va a costar?. Primero se analizan los costos, luego se trata de entender el problema. Pero en este caso la solución no es tan simple.

Diversos estudios han demostrado que el mejoramiento de la calidad pasa por el esfuerzo de todos y cada uno de los actores de la comunidad educativa. Tanto así que cuando la gestión educativa pierde fuerza y compromiso, el producto al final del sistema está más determinado por los elementos externos del sistema que por la educación formal misma.

Es decir que frente a una gestión educativa estática, carente de estrategias que potencien las habilidades y generen nuevas destrezas, más vale concentrar los esfuerzos públicos en políticas sociales que apunten a los momentos de la vida ajenos a la educación formal.

Pero claro ese no es el ideal, porque por mejor rentabilidad que se obtenga en la inversión pública, lo claro está en que las sociedades necesitan de sistemas educacionales eficientes y transformadores de las personas.

Por eso si queremos detenernos en la calidad y en el mayor o menor efecto de nuestra educación, en la merma de las brutales desigualdades desde la cuna; si queremos ciudadanos con igualdad de oportunidades para competir y crecer; debemos atender al rol jugado por cada uno de los integrantes de la comunidad educativa.

Esto significa evaluar periódicamente los resultados de estos integrantes. En el caso de profesores y sostenedores, elaborar procesos de calificación que impliquen la salida del sistema de aquellos que reiteradamente no dan el ancho. En cuanto los alumnos, diseñar programas de atención preferencial a los más débiles socialmente, contar con estrategias psicopedagógicas para los de menor talento, valorar y evaluar a todos en consideración de las ventajas y desventajas personales, etc.

Estos principios se encuentran en el proyecto de Ley General de Educación y en el proyecto de Subvención escolar preferencial que están sometidos a tramitación en el Congreso. Si no es suficiente, es momento del legislativo para que enriquezca esta mirada sistémica, pero que no se niegue a debatir sobre esta materia.

A ver si los parlamentarios de la derecha y los sostenedores privados de la educación pasan de hablar sólo de plata a pensar en la complejidad de los procesos educacionales. Pasan de mirar la política pública desde los bolsillos a tomar los caleidoscopios para observar y entender la riqueza de las formas y los colores.

Columna publicada en El Mostrador el 01 de mayo de 2007.