Lagos: Dos más dos son cuatro

El Ex Presidente Ricardo Lagos ha irrumpido, a raíz del proceso de Acusación Constitucional contra la Ministra Yasna Provoste, con la claridad y certeza que le caracterizan.

¿De qué irregularidades me hablan?, dijo y, agregó, aquí lo que hay son dos sistemas contables distintos, uno usado desde 1990 por el Ministerio de Educación y objetado por la Contraloría, y otro recomendado por ésta. Finalmente centró el asunto en el meollo político: «Hay una campaña sincronizada por parte de la derecha que le hace mal a Chile».

Dos más dos son cuatro. Tan simple y elemental como eso. En la última parte de sus declaraciones desechó la Acusación Constitucional porque, dijo, esto era como el ladrón tras el juez, porque eran sostenedores del mundo privado los principales protagonistas de las irregularidades. Algo que nosotros ya habíamos advertido.

Ocurre que la oposición aliancista ha instalado, con meridiano éxito, la sensación de que existe una pérdida de cuantiosos recursos fiscales entregados para subvenciones escolares. «El Gobierno debe aclarar el destino de esos fondos» ha expresado el Presidente de la UDI. Algo parecido dijo el Diputado Manuel Rojas en la Comisión de Educación de la Cámara cuando espeta a la Ministra Provoste que :Ud. Ministra ha sido incapaz de decirnos dónde está la plata… En fin.

Las autoridades gubernamentales han hecho esfuerzos por demostrar lo insostenible de tal afirmación. La pérdida de tamaña cantidad de recursos habría imposibilitado el funcionamiento de todo el sistema; las luces de alerta, como dice la acusada Ministra, se habrían encendido desde todos los sectores; no hubiese habido dineros para pagar sueldos de profesores, los sostenedores no habrían podido mantener funcionando sus colegios, etc.

Pero la oposición de derecha insiste y la prensa sumisa al vértigo del escándalo no entra en la complejidad del tema, gusta más de los titulares estridentes, de las afirmaciones vagas, dando a entender la posibilidad del desfalco y el fraude por parte de las autoridades y funcionarios gubernamentales de la Concertación.

En un sentido distinto, llamando pan al pan y vino al vino, el Ex Presidente Lagos dejó en claro que este es un error de procedimiento, un modelo burócrata contrapuesto a uno nuevo, así de simple.

Pero además ha dejado en claro que la sordera de la alianza, la tozudez en sus argumentos y la ceguera frente a lo evidente tiene una explicación: una estrategia deliberada y sincronizada (creemos saber entre quienes) para destituir a una Ministra y hacer carne de la teoría del desalojo. Eso nada más, así de claro.

Ni una renuncia de la Ministra, escenario ya desechado, paralizaría la acusación constitucional. porque su lógica es arrasar, desarmar, a cualquier costo, sembrando la sensación de desgobierno que les permita levantar una alternativa. El reflejo de la nueva mayoría en el Congreso, con el desprendimiento de sectores de la Concertación para votar junto a ellos, debiera tener un correlato social y provocar la alternancia.

Bueno, en eso se equivocan, si tratan de leer el Congreso Nacional como el reflejo 100% confiable del Chile de hoy se equivocan. Una mayoría circunstancial levantada desde los pasillos del Congreso no es garantía de un gobierno aliancista, podrán avanzar en la lógica destructiva e inmovilizadora del desalojo, pero no lo harán en el camino hacia La Moneda.

Esto por varios motivos, uno de los principales es que el sistema binominal que origina la composición del Congreso distorsiona la realidad y crea una ficción electoral que oculta los datos de verdad. Otro es que los congresistas electos en listas de la Concertación, ahora convertidos en “díscolos”, podrán votar en concordancia con la alianza pero ello no implica que sus adherentes traspasen sus preferencias hacia la oposición.

Esta es la política chilena, levantada entre supuestos y falsas imágenes, ello la distancia de la cotidianidad del elector, la aleja de los deseos ciudadanos. El éxito de nuestro sistema radica en que nuestros líderes tienen conexión con el Chile de verdad, con los chilenos de carne y hueso.

Uno de esos líderes ha hablado, debiéramos atender a la asertividad y simplicidad de sus palabras, para hacer entender a todos que dos más dos son cuatro.

Santiago, 11 de marzo de 2008

Subvenciones Escolares

El impacto de las denuncias por las irregularidades detectadas en la asignación de subvenciones escolares ha puesto de manifiesto un problema, de la reforma educacional, que urge resolver.

Así es, en el debate político-técnico de los últimos dos años, el Consejo Asesor Presidencial para la Educación (2006) y el trabajo de las Comisiones de Educación del Senado y la Cámara de Diputados (2007), tuvo como uno de los principales ejes de discusión el grado de control estatal sobre los dineros que el fisco entrega a los sostenedores para que entreguen educación a los sectores más pobres de nuestro país.

El sistema de subvenciones escolares surgió a inicios de la década de los ’80 y era coherente con la política pública implementada por la Dictadura, misma que fue institucionalizada con la dictación de la LOCE casi una década después. El sistema, en síntesis, concesiona la provisión de educación a sostenedores, privados y municipales, a cambio del pago de una subvención concordante con la asistencia escolar registrada.

Desde hace muchos años era un secreto a voces que la debilidad del sistema se encontraba en la fiscalización, que al cuadrar y buscar concordancia entre asistencia de alumnos declarada y lo pagado en subvenciones el ejercicio no entregaba buenos resultados.

Súmese a lo anterior que el gremio de profesores y los funcionarios del Ministerio de Educación nunca han tenido predisposición a la institucionalidad surgida del modelo dictatorial. Tenemos una estructura burocrática y prácticas docentes, centradas en el rol curricular, que no encaja con materias de “segundo orden” como la de inspeccionar, controlar y sancionar.

Por si esto no fuera poco la ilegitimidad del modelo dictatorial le imprimía a cada hábito administrativo un sello de recelo que, tras 17 años de gobierno de la Concertación, parieron un modelo educativo híbrido, destinado a la subsistencia pero no a la descendencia.

La movilización masiva de los secundarios en la Revolución Pingüina de 2006 entregó relevancia al tema de la educación en general pero dejó a trasmano los problemas más técnicos, de más difícil digestión mediática para el público medio. Uno de ellos fue este de la fiscalización de las subvenciones.

Esto porque la discusión, en el ámbito político, respecto al rol del Estado y los privados en el campo educacional, están destinadas a los puntos medios, a los acuerdos generales y consensuados. De esta manera el Acuerdo para la Reforma Nacional de la Educación acordado por la Concertación y la Alianza, creó una Superintendencia de Educación que no era una amenaza para los sostenedores privados y ampliaba de alguna manera los instrumentos de control al aparato público.

Aunque el proyecto de Superintendencia de Educación incorpora algunas novedades, como incorporar el control de la calidad de la Educación, está claro que los últimos sucesos y escándalos permiten avizorar una tramitación parlamentaria de difícil pronóstico.

Lo que está claro es que después de este febrero nada debiera seguir igual. Las voluminosas cifras, todavía en cuestión, debieran arrojar reformas estructurales con organismos poderosos, sancionadores y exigentes respecto a los productos que se esperan.

Pero también no parece ser un capricho guardar recelo respecto a los cambios que debieran hacerse y que la discusión mediática puede nublar. Por estos días parece más adecuado concentrar la batería de ataques y defensa hacia los funcionarios cuestionados, sin detenerse en las causas estructurales que por estos días han quedado en evidencia.

Santiago, febrero de 2008

(*) Artículo preparado para la Revista Digital DISCUSIÓN

Ni un reproche, ni un tirón de orejas

Aún cuando el huracán mediático, respecto al escándalo en el tema de las subvenciones escolares, está en pleno desarrollo, vale la pena detenerse a hacer algunas reflexiones.

La prensa nos ha informado profusamente de las consecuencias patrimoniales que para el fisco tendrían estas anomalías. Sin embargo hay cierta disparidad a la hora de dilucidar las responsabilidades del mundo público y del privado. Y eso porque en realidad a quienes detentan responsabilidades públicas les cabe cumplir con mayores estándares éticos de momento que tienen a su cargo el patrimonio de todos nosotros.

Es correcto, entonces, el énfasis mediático que apunta a los ‘desórdenes administrativos’, la ‘falta de fiscalización’, la ‘pérdida de recursos’, todos ellos mínimos exigidos en el desempeño de las funciones públicas y, aparentemente, no cumplidos a cabalidad por los señalados en las páginas de los medios.

Pero no hay que perder la vista en torno a los principales “beneficiados”. Estamos, todo parece indicarlo así, en la presencia de delitos funcionarios y delitos realizados por particulares en desmedro del fisco, estos últimos son los más numerosos y onerosos. Estamos hablando de sostenedores, muchos de ellos, que engañaron al Estado presentando falsas declaraciones de asistencia para embolsarse dineros que estaban destinados a financiar la educación de los niños más pobres de Chile.

Hago hincapié en esto, luego de avalar las mayores responsabilidades públicas, porque los principales defensores de la figura de los sostenedores en Educación, hoy guardan silencio. Porque la Alianza derechista, durante el año pasado, ha interpuesto todo tipo de reparos para realizar más profundas reformas al sistema educacional. Así es, todo su discurso el año 2007 estuvo enfocado en rechazar la “estatización” de la educación, mostrando las ganas “trasnochadas” de una Concertación que atacaba la libertad de educación y retrotraía la historia de avances que los privados habían ocasionado en nuestro país.

Sin embargo cuando los privados no actúan correctamente, cuando vulneran la fe pública, cuando se apropian de la plata de todos los chilenos, guardan silencio y señalan las responsabilidades fiscalizadoras de un Estado casi desmantelado en la LOCE aún vigente y dictada cuando ellos eran Gobierno.

La Alianza tiene doble estándar en esta materia. Ya lo habíamos apreciado en 2006 cuando en medio de la Revolución Pingüina, surgieron una serie de denuncias por los Colegios Britania y otros en donde quedaba demostrado que el dinero de las subvenciones no eran invertidos en la educación de los estudiantes, ni en el pago de los profesores de esos establecimientos, ni en las mejoras de infraestructuras de los mismos; entonces, como ahora, miraron hacia el lado y apuntaron a las responsabilidades gubernamentales. Ni un reproche, ni un tirón de orejas a quienes en el negocio de la educación no sólo ganaban mucho dinero sino que, además, defraudaban la fe pública.

Vino luego la discusión en el Parlamento, en principio intentaron negarse a la tramitación del proyecto de Ley General de Educación del Gobierno; en un momento más reflexivo presentaron un proyecto alternativo y recogieron el aumento del control y la fiscalización a la educación privada; pero no de la forma como gran parte del mundo educativo hubiese querido; aunque arribaron a un acuerdo nacional hicieron todo lo posible por morigerar las intenciones de establecer un sistema más transparente y de mayor control estatal.

Ahora están entusiasmados en sacar provecho político de estos hechos, ponen todos sus esfuerzos en levantar una Acusación Constitucional contra la Ministra de Educación.

Pero ¿reflexiones respecto a las correcciones legislativas necesarias para cerrar espacios a los defraudadores?. Nada. ¿Iniciativas para garantizar el correcto uso, y control de ese uso, de las platas fiscales? Nada.

Eso ocurre cuando los bloques se mueven por los cálculos políticos, cuando la ansiedad nubla el sentido de Estado que los políticos debemos tener. Tal como hace unos pocos días “celebraron” el fracaso de una política pública: el Transantiago, sin importarles el sufrimiento de los usuarios, hoy concentran sus esfuerzos en denostar la función pública, provocar la caída de un Ministro de Estado y pasarle la cuenta a un Estado débil y carente de las atribuciones y recursos para garantizar el buen uso de los dineros fiscales.

Los privados que defraudan y engañan al Estado, ignorados. Mediáticamente ausentes, no son condenados ni reciben recriminaciones en las diatribas de la Alianza, salvados de la sobre exposición; para ellos la derecha, nuevamente, no tiene ni un reproche, ni un tirón de orejas.


Santiago, 21 de febrero de 2008

(*) Columna publicada en www.elmostrador.cl el 22 de febrero de 2008.

Acuerdo Educacional: Los árboles no dejan ver el bosque

Los últimos estertores de la negociación política en torno al Acuerdo Nacional de Educación, firmado recientemente, impiden apreciar los alcances reales del mismo.

Así es, podría afirmarse que los árboles, los argumentos político-ideológicos expuestos por cada partido, no dejan ver el bosque: la “nueva arquitectura educacional” que se está construyendo.

Vamos por parte. Primero, no se puede dejar de reconocer que gran parte de estas transformaciones se lo debemos a la “Revolución Pingüina” de 2006. Una movilización social nacida de los más jóvenes, quienes al final del día nos demostraron que los sueños todavía pueden remover las convicciones del escepticismo e instalaron la discusión de una reforma que se creía poco realista siquiera pensar.

Las gargantas de azul con sus mochilas cargadas de lapidaria ingenuidad le ganaron al conformismo y nos obligaron a pensar en el futuro, una de las tareas que, se supone, los políticos nunca debemos dejar de llevar a cabo.

Vino la respuesta gubernamental: el “Consejo Asesor Presidencial”; se criticó su número y se acusó al Gobierno de dilatar las cosas y postergar todo “en otra comisión más”. Como si esto fuera poco la Alianza reaccionó en contra del proyecto de Ley General de Educación remitida en abril de este año, es más, votó en contra de la idea de legislar en la comisión respectiva.

Los jóvenes con esperanza ya no estaban, se habían diluido y nos enseñaban que así serían los movimientos del futuro, circunstanciales, mediáticos y profundos. No más estructuras de clase, no más instituciones permanentes, en fin, la nueva forma de hacer ver las demandas sociales había hecho su debut.

El Gobierno y sus partidarios estaban sólos. Con una oposición cerrada a las transformaciones negando el debate sobre la materia, negando la sal y el agua, apostando por la arrogancia de “el desalojo”.

Pero la persistencia y la fuerza, la legitimidad, de las transformaciones necesarias pudo más.

Cuando la Alianza presenta su proyecto alternativo se produce el verdadero cambio. Se admitía así la necesidad de una nueva normativa y la oposición comienza a exponer sus convicciones. Se inicia, entonces, el ejercicio de la democracia: hay que sentarse a la mesa a defender y ceder.

El resto son hechos recientes, a ratos parecía disolverse este escenario, a ratos todo lo sólido parecía disolverse en el aire.

Pero ¿cuál es la trascendencia del acuerdo alcanzado?.

Más que un hito político la nueva normativa educacional refleja un gesto de realismo y modernidad que habla bien de nuestra clase política.

Hasta ahora contábamos con una LOCE que, básicamente, decía muy poco. Dejaba todo al arbitrio del mercado y no entregaba mayores responsabilidades al Estado en materia educacional. No sólo no hacia responsable al Estado por lo que ocurriera en los colegios, sino que, además, tampoco obligaba a rendir cuentas, por sus productos, a los privados que recibían dineros públicos para entregar enseñanza.

Así las cosas contábamos con una arquitectura educacional débil respecto a las obligaciones que el Estado y la sociedad tiene respecto al gasto de la plata de todos.

En este esquema algunos lo hicieron bien e invirtieron en proyectos educativos que, efectivamente, contribuyeron a la responsabilidad de todos con el futuro de nuestros hijos. Hubo quienes respondieron a la responsabilidad confiada y usaron adecuadamente la subvención escolar que recibieron.

Pero ¿qué pasaba con aquello que no?. Bueno ese Estado débil no tenía muchas herramientas y el Ministerio de Educación poco podía hacer frente a los que hacían mal las cosas.

Los últimos años, nada más, ha habido casos emblemáticos en donde queda demostrada que la posibilidad de intervención pública ante un mal gestor privado es en las últimas instancias y, generalmente, cuando éstos han cometido faltas y delitos acreditados por otras instancias contraloras del Estado.

Bien lo dijo la Diputada Carolina Tohá un tiempo atrás: hoy en Chile es más fácil cerrar un colegio por la ordenanza municipal y por materias de infraestructura que hacerlo porque sus alumnos no saben ni leer ni escribir.

La Superintendecia Educacional, contemplada en el acuerdo educacional, significa un gran avance en este sentido porque le permite, y obliga, a las autoridades educacionales a fiscalizar que los fondos públicos de educación están siendo invertidos para las materias que fueron destinadas.

Así uno de los objetivos centrales expuestos en abril pasado por la Presidenta de la República, se cumple: el riesgo de que la plata de todos los chilenos vaya a los bolsillos de algunos y miles de familias puedan ser objeto de un engaño, se reduce a las más mínimas posibilidades.

Esto no es menor, en realidad lo que ocurrirá es que aumentarán las responsabilidades de todos, del Estado y los privados.

El Acuerdo Nacional de Educación firmado por estos días es más que la expresión de un ambiente pasajero o una estrategia política, es el inicio de una nueva realidad educacional. Atrás queda una normativa anquilosada, con hálito autoritario, recelosa del rol estatal; un laisse faire que no significaba libertad sino prescindencia de responsabilidad pública.


Santiago, 13 de noviembre de 2007

Para saber y comprar...y no saber votar

Hace unos días atrás, observando lo que mi sobrina de 12 años, en sexto básico y en un colegio municipalizado, estaba estudiando me sorprendí. Ella me explicaba, con lujo de detalles, las características, limitaciones e implicancias de la forma en como los cheques eran extendidos: “este cheque está cruzado y sólo puede ser depositado para ser cobrado, este otro está al portador, el otro abierto, tal se puede endosar”. Mi sorpresa no era mayor, yo de cheques sólo supe años después de estar titulado.

Entonces, pensé la de veces que uno asume las cosas y no reflexiona sobre los detalles, que no descansa en ellos lo suficiente para sopesar la dimensión real de las cosas.

No era esta una divagación menor. Pensé en lo que se estaba aprendiendo en las salas de clases y como cambiaban las cosas. Bien, pensé, por lo menos se está acorde con los tiempos.

Sin embargo la conformidad duró poco cuando me acordé que desde hace años las clases de Educación Cívica fueron eliminadas del currículum impartido en las aulas de nuestro país. Y pensé, entonces, que no era raro que los jóvenes se movieran con más facilidad en el mundo de vender y comprar que en el de opinar y decidir.

No tengo nada en contra de que nuestros niños y jóvenes sean instruidos en los avatares del mercado. Que cuenten con las herramientas adecuadas para desenvolverse en un ámbito que, para muchos, hace unos años atrás, estaba lleno de códigos de privilegiados.

Pero no me puede provocar sino recelo el hecho que los valores ciudadanos sean confiados al criterio o sentido común, que según un amigo es el “menos común de los sentidos”, de unos cuantos.

Me explico, desde hace ya unos años el Ministerio de Educación modificó y eliminó lo que, tradicionalmente, conocemos como “clases de educación cívica”; insertando éstos contenidos en la totalidad del currículum e indicando que las conductas que se esperaban conseguir con ellos debían ser medidos, a la hora de evaluar, la consecución de los objetivos transversales.

En buen cristiano esto significa que conductas como respetar la opinión ajena, valorar el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, valorar la tolerancia y la participación universal e igualitaria en las decisiones del conjunto, etc. Podían ser inculcadas, y bastaba con eso, por los profesores de otras asignaturas, como biología, matemáticas o física.

Por supuesto que es de esperar que los docentes de esas asignaturas apliquen, aunque dudo que midan, esas conductas en su ejercicio profesional y en la convivencia dentro de la sala de clase. Pero ello no me garantiza que la dimensión ciudadana esté jerarquizada adecuadamente en el mundo escolar.

¿Por qué?, muy simple. Padres, apoderados y alumnos, e incluso los mismos profesores, sienten que a la escuela se va a aprender aquello que se mide. Es decir, lo más relevante es aquello que se expresa en una nota y el promedio de las mismas; promedio que, muchas veces, trae consecuencias nefastas para su futuro. Todo lo anterior fue ratificado en el diseño de la actual PSU, que ensambla sus parámetros de medición en la malla de contenidos entregados en los cuatro años de enseñanza media.

La formación, entonces, esa romántica y discursiva, francamente, se la lleva el viento. Es subvalorada y no incide en las mediciones finales de los resultados obtenidos por los alumnos.

Este no es un tema nuevo, comisiones especiales, presididas por destacados opinantes del medio nacional, han aconsejado cambios en este sentido. Sin embargo, ello no ha significado cambios y la marginación de la formación de ciudadanos sigue presente.

Ya en las movilizaciones estudiantiles del año pasado esta era una materia demandada, pero no ha sido escuchada. No es menester que haya sido incluida en algunas de las dos reformas sustanciales que se debaten hoy en el Parlamento; requieren, más bien, de cambios que están al alcance de la autoridad administrativa por medio de un decreto.


A este ritmo tendremos ciudadanos que actúen con más certezas cuando tengan un cheque frente de ellos y completa desazón cuando sostengan una papeleta de sufragios entre sus manos.

Transformar aspectos de esta naturaleza no son ni cosméticos ni menores. Apuntan al tipo de sociedad que queremos, una dialogante, democrática, tolerante y abierta a la convivencia pacífica.
En algún momento, tarde o temprano, los hombres y mujeres se dan cuenta que no basta con el saber para vender y comprar; se dan cuenta que hay algo más allá, personas que pueden ofrecer sueños, ideas, que no tienen precio. Entonces, cuando se enfrenten a esa disyuntiva, no bastara que metan la mano al bolsillo y acudan a la chequera. ¿Tendremos que esperar a eso para que ellos por sí solos empiecen a aprender?. ¿Dónde habrá quedado la responsabilidad de aquellos que por estos días algo tenemos que decir?.

Desconexión y Sorpresa (¡corre que te pillo!)

Ahora, con más distancia temporal, quizás si podamos detenernos en la génesis del movimiento estudiantil de 2006 y, principalmente, en cómo éste sorprendió al medio político chileno.

En este último aspecto cabe consignar que, si bien la temática educacional siempre ha estado incorporada en toda agenda gubernativa y en cada programa de Gobierno en las últimas 4 elecciones; la irrupción de los secundarios con esta bandera de lucha, y el acelerado tiempo en que consiguieron adhesión y legitimidad ciudadana, develan cierta desconexión del mundo político con el acontecer cotidiano, con el mundo real. Ese que los secundarios nos tiraron a la cara el año pasado.

Para nadie es un misterio que dentro de las medidas urgentes, identificadas por el Gobierno entrante de la Presidenta Bachelet, no estaban contempladas las radicales transformaciones que ella ha remitido al Congreso nacional durante los últimos meses.

La oposición, por medio de sus dos candidatos presidenciales, tampoco dio luces de preclaridad en sus discursos y propuestas de campaña. Balbucearon deseos de mejoramiento de la calidad educativa y redundaron en lugares comunes y frases hechas cuando se refirieron a sus propuestas en educación.

La izquierda extraparlamentaria, quizás, haya sido la única fuerza que, en el contexto de su global crítica al «modelo», planteaba transformaciones radicales. Eso sí, la transversalidad política de la movilización estudiantil dejó en evidencia que, pese a la coincidencia de fondo, esta fuerza política no fue protagonista y motor de la movilización, estando, en la práctica, desconectada del rédito político que tal proceso pudo haber entregado.

¿Qué pasó entonces? ¿Cómo la historia les pasó por el lado a las principales fuerzas políticas de nuestro país? ¿Por qué estos adultos de andar cancino fueron sorprendidos por la algarabía juvenil?.

Desde el regreso a la Democracia, si analizamos la producción legislativa en el periodo 1990 – 2005, constatamos que bajo las materias de mejoramiento salarial de profesores e inversión en infraestructura educacional, se concentra cerca de 70% de las leyes evacuadas. El 30% restante agrupa gestión, calidad y otras.

Tales guarismos reflejan la opción que el conjunto de las fuerzas políticas, ello porque la Concertación no tenía las mayorías parlamentarias suficientes y debía negociar con la derecha la aprobación de reformas que implicaban gasto; el conjunto de las fuerzas políticas, digo, optaron por la inversión pública en materias que no, necesariamente, apuntaban al mejoramiento de la calidad educativa.

Quizás por lo mismo es que la cobertura educacional se haya consolidado de la manera que se hizo en tal periodo y la conflictividad con el gremio de los profesores fue en creciente declinación con el pasar de los años.

Pese a los motes de «continuistas» que algunos sectores de izquierda ponen a las políticas implementadas durante los gobiernos concertacionistas, valga aclarar que tales transformaciones, en materia laboral como en infraestructura, son medidas correctivas del modelo neo liberal. Recuérdese que fue justamente éste, con su premisa de ausencia del Estado en materias educacionales, el que debilitó la condición laboral de los profesores y la capacidad de renovación de infraestructura de la educación pública.

Ciertos sectores de la política nacional, entonces, pudieron sentir que «habían cumplido» con las principales demandas educativas de la sociedad chilena. Los que aún pedían más saciaron sus anhelos con la Reforma Educacional ideada bajo el Gobierno del Presidente Eduardo Frei R-T.

En 1996 el Gobierno alcanzó un acuerdo nacional para el financiamiento de una mega reforma educacional por medio del aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Tal reforma abordaba con recursos frescos los principales problemas que, por ese entonces, se apreciaban en el área educativa. A saber, la implementación de la jornada escolar completa (JEC), recursos para la infraestructura que esta extensión de jornada requería, becas para perfeccionamiento de profesores (en estudios de pos grado y pasantías en el extranjero), etc. La Reforma Educacional implicó un esfuerzo nacional que no obstante los cuantiosos recursos que implicaban poco dejaron en término de mejoría en gestión y calidad.

Ello porque tal reforma apuntó al aumento del capital de inversión pública, lo que ya pareció suficiente, en los parámetros organizativos que el modelo plasmado en la LOCE había diseñado. Tal mezcolanza, ahora todos lo dicen, no dio resultado porque se convirtió en «cosmética» y no apuntó al fondo del sistema.

El asunto es que nuestro medio, las fuerzas políticas mayoritarias y reales, las que acceden al Parlamento, entendieron que ya se había hecho un gran esfuerzo en materia educacional. Habían más colegios y cobertura, los profesores habían tenido sustanciales mejoras en sus remuneraciones, los alumnos estaban más tiempo en el colegio, en fin. Se habían hecho lo que se podía, los cambios a implementar, por tanto, eran menores.

Aunque los persistentes y parejos resultados del SIMCE, año a año, planteaban dudas sobre los avances de nuestros alumnos y parecían poner luces de alerta potentes y efectistas, las políticas públicas de educación partían de supuestos erróneos. Apuntaron, nuevamente, al tema de los recursos y desdeñaron la medición de la gestión. Las propuestas políticas se negaban a evaluar lo que pasaba en la sala de clase y, también, ignoraban toda reflexión sobre el marco regulatorio del sistema en su conjunto.

Los políticos, entonces, nos encerramos en nuestra mirada, nos desconectamos de lo que realmente estaba ocurriendo. Nos enredamos en cuestionar la maraña burocrática de los Gore y del Mineduc, denunciamos la falta de modernización del sistema, intentamos ver grandes señales en pequeños avances, en fin.

Y, mientras tanto; pese a los innumerables estudios de la academia y la tecnología educativa que demostraban lo insostenible del esquema armado bajo la LOCE; nos desconectamos de lo que realmente ocurría.

Así las cosas llegamos a abril y mayo de 2006, comenzó la movilización estudiantil y la sociedad en su conjunto coincidió con la necesidad de transformaciones de fondo. La inicial reacción del medio político fue de desdén, unos porque no les resulta grata la movilización mientras se es gobierno y otros porque, por convicción, rechazan la algarabía callejera.

Cuando los estudiantes rompieron el “cerco” de la prensa, cuando ganaron respaldo ciudadano, aún nuestro medio político no sabía reaccionar. La sorpresa en toda su dimensión.

Hubo que madurar el proceso. Por lo menos el Gobierno reaccionó creando el vilipendiado, pero útil, Consejo Asesor Presidencial. Ahora último ha tomado la iniciativa y presentó dos proyectos de Ley que, en verdad, son vanguardia en este campo.

La derecha, hasta el día de hoy no tiene calridad discursiva sobre el tema, sabe que debe respaldar el cambio de la LOCE y ha reaccionado defendiendo los intereses privados en educación, pero ahí no más.

La lentitud de nuestro medio para entender cuestionamientos de fondo ha desnudado el estado de nuestra política actual. Ha demostrado que estamos tan acostumbrados a la modorra y el ritmo de los conservadores que, aún los más progresistas, estamos marcando el paso.

Sí, hace ya un año, una generación completa nos dijo: ¡¡corre que te pillo!!

2007 REVOLUCIÓN PINGÜINA ¿II?

Y aparecieron los estudiantes. Desde hace ya un par de semanas se están movilizando por medio de la toma de sus colegios y, hasta ahora, han sido desalojados por Carabineros con pocos atisbos de violencia.

No son los mismos del año pasado, es decir, no son los mismos físicamente y tampoco son los mismos discursivamente. Mal que mal un año en la vida de los adolescentes es tiempo de rápidas transformaciones.

Este movimiento secundario se muestra fragmentado. Aunque tributario del exitoso proceso del año pasado, estuvo precedido por una serie de eventos reagrupadores que evacuaron varias coordinadoras y referentes estudiantiles; lo que en sí es una diferencia con 2006.

Sus demandas y, seguramente, por la misma dispersión de la organización, huelen más a reivindicación político-ideológica que al integrador alarido del año pasado. Llamados a la lucha de clases, terminar con el Transantiago, rechazo a la reforma Penal Juvenil, solidaridad con los deudores habitacionales, etc. Se mezclan con la estatización de la enseñanza, el pase escolar gratuito a todo evento y la PSU sin costo.

Sin duda, organización y discurso ya no son los mismos.

Ahora, es cierto que esta diversificación es el resultado de la experiencia del año pasado. Un movimiento amplio, legitimado, expansivo socialmente, en fin, contuvo un discurso demandante de amplio espectro temático. La sociedad en su conjunto vio en la educación la oportunidad para soñar otro tipo de país, de coincidir en las desventajas y desigualdades de nuestra realidad económica; estar disconforme no fue sinónimo de marginalidad y retroceso. Por el contrario, evidenció conciencia de futuro y compromiso social.

Claro que esa diversidad y representación amplia de las demandas sociales suenan distintas ahora. Ciertamente porque el movimiento es menos poderoso, pero porque también es menos coherente de momento que de un año a esta parte se han iniciado las transformaciones requeridas.

En lo educacional. Después de un debate intenso, mirado con mucho recelo por todos los actores, el Consejo Asesor Presidencial entregó un informe con disensos notables. La Presidenta, haciendo uso de la autoridad para la que fue elegida, optó por algunas de las medidas sugeridas y desechó otras. Envió dos reformas sustanciales al actual marco institucional de la Educación (Ley General de Educación y la creación de una Superintendencia de Educación), además, el pasado 21 de mayo anunció la inyección adicional de 650 millones de dólares para cada año.

Eso en lo que concierne a la “agenda larga”, las medidas más urgentes, como la gratuidad del pase escolar, el aumento de las raciones escolares y becas para la PSU fueron abordadas el año pasado.

La ciudadanía sabe de estas medidas, de las complicaciones que el Gobierno tiene con la derecha para aprobarlas en el Congreso Nacional y de las polémicas que han surgido por las mismas. En fin, la ciudadanía sabe y por eso mismo hay recelo hacia la movilización estudiantil de estos días.

Y es que estos pingüinos son otros, sus motivaciones son otras y sus expectativas, seguramente, son diferentes.

De alguna manera el movimiento secundario de 2007 viene “con el vuelito” del de 2006. ¿Son los estertores, el fin, del mega movimiento social del año pasado? Sí y no.

Es más bien una mezcla, porque hay visos se cambio. Existe el asomo de una propuesta, legítima como toda propuesta, de orden más clásico destinado, desde el mundo social, a revitalizar una propuesta de izquierda desgastada por la persistente y, a ratos, improductiva lucha contra la exclusión.

Allí quizás esté el lado “crecedor” de esta movilización, posiblemente implique un punto de inflexión a ese sector político. Pero en la medida que más se avance por ese carril más se cierra el capítulo de la Revolución Pingüina de 2006.

Los de ayer … ya no son los mismos, es cierto, pero el país después del remezón que provocaron los pingüinos movilizados, tampoco lo es.

Somos testigos de una movilización secundaria en transición que contiene elementos antiguos e intenciones nuevas. Pero, cuidado, ello no desvirtúa las banderas enarboladas. A ver si esta movilización, por lo menos, permite mantener vigente la discusión y apurar la resolución de los proyectos en trámite.

Sin estudiantes, sin mundo social organizado, no habrá camino expedito, no habrá avances verdaderos y nuestro mundo político sumará a su haber otra causa pendiente, otro problema urgente pospuesto y otra materia dilatada por estériles discusiones.

Santiago, 12 de junio de 2007