Ahora, con más distancia temporal, quizás si podamos detenernos en la génesis del movimiento estudiantil de 2006 y, principalmente, en cómo éste sorprendió al medio político chileno.
En este último aspecto cabe consignar que, si bien la temática educacional siempre ha estado incorporada en toda agenda gubernativa y en cada programa de Gobierno en las últimas 4 elecciones; la irrupción de los secundarios con esta bandera de lucha, y el acelerado tiempo en que consiguieron adhesión y legitimidad ciudadana, develan cierta desconexión del mundo político con el acontecer cotidiano, con el mundo real. Ese que los secundarios nos tiraron a la cara el año pasado.
Para nadie es un misterio que dentro de las medidas urgentes, identificadas por el Gobierno entrante de la Presidenta Bachelet, no estaban contempladas las radicales transformaciones que ella ha remitido al Congreso nacional durante los últimos meses.
La oposición, por medio de sus dos candidatos presidenciales, tampoco dio luces de preclaridad en sus discursos y propuestas de campaña. Balbucearon deseos de mejoramiento de la calidad educativa y redundaron en lugares comunes y frases hechas cuando se refirieron a sus propuestas en educación.
La izquierda extraparlamentaria, quizás, haya sido la única fuerza que, en el contexto de su global crítica al «modelo», planteaba transformaciones radicales. Eso sí, la transversalidad política de la movilización estudiantil dejó en evidencia que, pese a la coincidencia de fondo, esta fuerza política no fue protagonista y motor de la movilización, estando, en la práctica, desconectada del rédito político que tal proceso pudo haber entregado.
¿Qué pasó entonces? ¿Cómo la historia les pasó por el lado a las principales fuerzas políticas de nuestro país? ¿Por qué estos adultos de andar cancino fueron sorprendidos por la algarabía juvenil?.
Desde el regreso a la Democracia, si analizamos la producción legislativa en el periodo 1990 – 2005, constatamos que bajo las materias de mejoramiento salarial de profesores e inversión en infraestructura educacional, se concentra cerca de 70% de las leyes evacuadas. El 30% restante agrupa gestión, calidad y otras.
Tales guarismos reflejan la opción que el conjunto de las fuerzas políticas, ello porque la Concertación no tenía las mayorías parlamentarias suficientes y debía negociar con la derecha la aprobación de reformas que implicaban gasto; el conjunto de las fuerzas políticas, digo, optaron por la inversión pública en materias que no, necesariamente, apuntaban al mejoramiento de la calidad educativa.
Quizás por lo mismo es que la cobertura educacional se haya consolidado de la manera que se hizo en tal periodo y la conflictividad con el gremio de los profesores fue en creciente declinación con el pasar de los años.
Pese a los motes de «continuistas» que algunos sectores de izquierda ponen a las políticas implementadas durante los gobiernos concertacionistas, valga aclarar que tales transformaciones, en materia laboral como en infraestructura, son medidas correctivas del modelo neo liberal. Recuérdese que fue justamente éste, con su premisa de ausencia del Estado en materias educacionales, el que debilitó la condición laboral de los profesores y la capacidad de renovación de infraestructura de la educación pública.
Ciertos sectores de la política nacional, entonces, pudieron sentir que «habían cumplido» con las principales demandas educativas de la sociedad chilena. Los que aún pedían más saciaron sus anhelos con la Reforma Educacional ideada bajo el Gobierno del Presidente Eduardo Frei R-T.
En 1996 el Gobierno alcanzó un acuerdo nacional para el financiamiento de una mega reforma educacional por medio del aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Tal reforma abordaba con recursos frescos los principales problemas que, por ese entonces, se apreciaban en el área educativa. A saber, la implementación de la jornada escolar completa (JEC), recursos para la infraestructura que esta extensión de jornada requería, becas para perfeccionamiento de profesores (en estudios de pos grado y pasantías en el extranjero), etc. La Reforma Educacional implicó un esfuerzo nacional que no obstante los cuantiosos recursos que implicaban poco dejaron en término de mejoría en gestión y calidad.
Ello porque tal reforma apuntó al aumento del capital de inversión pública, lo que ya pareció suficiente, en los parámetros organizativos que el modelo plasmado en la LOCE había diseñado. Tal mezcolanza, ahora todos lo dicen, no dio resultado porque se convirtió en «cosmética» y no apuntó al fondo del sistema.
El asunto es que nuestro medio, las fuerzas políticas mayoritarias y reales, las que acceden al Parlamento, entendieron que ya se había hecho un gran esfuerzo en materia educacional. Habían más colegios y cobertura, los profesores habían tenido sustanciales mejoras en sus remuneraciones, los alumnos estaban más tiempo en el colegio, en fin. Se habían hecho lo que se podía, los cambios a implementar, por tanto, eran menores.
Aunque los persistentes y parejos resultados del SIMCE, año a año, planteaban dudas sobre los avances de nuestros alumnos y parecían poner luces de alerta potentes y efectistas, las políticas públicas de educación partían de supuestos erróneos. Apuntaron, nuevamente, al tema de los recursos y desdeñaron la medición de la gestión. Las propuestas políticas se negaban a evaluar lo que pasaba en la sala de clase y, también, ignoraban toda reflexión sobre el marco regulatorio del sistema en su conjunto.
Los políticos, entonces, nos encerramos en nuestra mirada, nos desconectamos de lo que realmente estaba ocurriendo. Nos enredamos en cuestionar la maraña burocrática de los Gore y del Mineduc, denunciamos la falta de modernización del sistema, intentamos ver grandes señales en pequeños avances, en fin.
Y, mientras tanto; pese a los innumerables estudios de la academia y la tecnología educativa que demostraban lo insostenible del esquema armado bajo la LOCE; nos desconectamos de lo que realmente ocurría.
Así las cosas llegamos a abril y mayo de 2006, comenzó la movilización estudiantil y la sociedad en su conjunto coincidió con la necesidad de transformaciones de fondo. La inicial reacción del medio político fue de desdén, unos porque no les resulta grata la movilización mientras se es gobierno y otros porque, por convicción, rechazan la algarabía callejera.
Cuando los estudiantes rompieron el “cerco” de la prensa, cuando ganaron respaldo ciudadano, aún nuestro medio político no sabía reaccionar. La sorpresa en toda su dimensión.
Hubo que madurar el proceso. Por lo menos el Gobierno reaccionó creando el vilipendiado, pero útil, Consejo Asesor Presidencial. Ahora último ha tomado la iniciativa y presentó dos proyectos de Ley que, en verdad, son vanguardia en este campo.
La derecha, hasta el día de hoy no tiene calridad discursiva sobre el tema, sabe que debe respaldar el cambio de la LOCE y ha reaccionado defendiendo los intereses privados en educación, pero ahí no más.
La lentitud de nuestro medio para entender cuestionamientos de fondo ha desnudado el estado de nuestra política actual. Ha demostrado que estamos tan acostumbrados a la modorra y el ritmo de los conservadores que, aún los más progresistas, estamos marcando el paso.
Sí, hace ya un año, una generación completa nos dijo: ¡¡corre que te pillo!!
En este último aspecto cabe consignar que, si bien la temática educacional siempre ha estado incorporada en toda agenda gubernativa y en cada programa de Gobierno en las últimas 4 elecciones; la irrupción de los secundarios con esta bandera de lucha, y el acelerado tiempo en que consiguieron adhesión y legitimidad ciudadana, develan cierta desconexión del mundo político con el acontecer cotidiano, con el mundo real. Ese que los secundarios nos tiraron a la cara el año pasado.
Para nadie es un misterio que dentro de las medidas urgentes, identificadas por el Gobierno entrante de la Presidenta Bachelet, no estaban contempladas las radicales transformaciones que ella ha remitido al Congreso nacional durante los últimos meses.
La oposición, por medio de sus dos candidatos presidenciales, tampoco dio luces de preclaridad en sus discursos y propuestas de campaña. Balbucearon deseos de mejoramiento de la calidad educativa y redundaron en lugares comunes y frases hechas cuando se refirieron a sus propuestas en educación.
La izquierda extraparlamentaria, quizás, haya sido la única fuerza que, en el contexto de su global crítica al «modelo», planteaba transformaciones radicales. Eso sí, la transversalidad política de la movilización estudiantil dejó en evidencia que, pese a la coincidencia de fondo, esta fuerza política no fue protagonista y motor de la movilización, estando, en la práctica, desconectada del rédito político que tal proceso pudo haber entregado.
¿Qué pasó entonces? ¿Cómo la historia les pasó por el lado a las principales fuerzas políticas de nuestro país? ¿Por qué estos adultos de andar cancino fueron sorprendidos por la algarabía juvenil?.
Desde el regreso a la Democracia, si analizamos la producción legislativa en el periodo 1990 – 2005, constatamos que bajo las materias de mejoramiento salarial de profesores e inversión en infraestructura educacional, se concentra cerca de 70% de las leyes evacuadas. El 30% restante agrupa gestión, calidad y otras.
Tales guarismos reflejan la opción que el conjunto de las fuerzas políticas, ello porque la Concertación no tenía las mayorías parlamentarias suficientes y debía negociar con la derecha la aprobación de reformas que implicaban gasto; el conjunto de las fuerzas políticas, digo, optaron por la inversión pública en materias que no, necesariamente, apuntaban al mejoramiento de la calidad educativa.
Quizás por lo mismo es que la cobertura educacional se haya consolidado de la manera que se hizo en tal periodo y la conflictividad con el gremio de los profesores fue en creciente declinación con el pasar de los años.
Pese a los motes de «continuistas» que algunos sectores de izquierda ponen a las políticas implementadas durante los gobiernos concertacionistas, valga aclarar que tales transformaciones, en materia laboral como en infraestructura, son medidas correctivas del modelo neo liberal. Recuérdese que fue justamente éste, con su premisa de ausencia del Estado en materias educacionales, el que debilitó la condición laboral de los profesores y la capacidad de renovación de infraestructura de la educación pública.
Ciertos sectores de la política nacional, entonces, pudieron sentir que «habían cumplido» con las principales demandas educativas de la sociedad chilena. Los que aún pedían más saciaron sus anhelos con la Reforma Educacional ideada bajo el Gobierno del Presidente Eduardo Frei R-T.
En 1996 el Gobierno alcanzó un acuerdo nacional para el financiamiento de una mega reforma educacional por medio del aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Tal reforma abordaba con recursos frescos los principales problemas que, por ese entonces, se apreciaban en el área educativa. A saber, la implementación de la jornada escolar completa (JEC), recursos para la infraestructura que esta extensión de jornada requería, becas para perfeccionamiento de profesores (en estudios de pos grado y pasantías en el extranjero), etc. La Reforma Educacional implicó un esfuerzo nacional que no obstante los cuantiosos recursos que implicaban poco dejaron en término de mejoría en gestión y calidad.
Ello porque tal reforma apuntó al aumento del capital de inversión pública, lo que ya pareció suficiente, en los parámetros organizativos que el modelo plasmado en la LOCE había diseñado. Tal mezcolanza, ahora todos lo dicen, no dio resultado porque se convirtió en «cosmética» y no apuntó al fondo del sistema.
El asunto es que nuestro medio, las fuerzas políticas mayoritarias y reales, las que acceden al Parlamento, entendieron que ya se había hecho un gran esfuerzo en materia educacional. Habían más colegios y cobertura, los profesores habían tenido sustanciales mejoras en sus remuneraciones, los alumnos estaban más tiempo en el colegio, en fin. Se habían hecho lo que se podía, los cambios a implementar, por tanto, eran menores.
Aunque los persistentes y parejos resultados del SIMCE, año a año, planteaban dudas sobre los avances de nuestros alumnos y parecían poner luces de alerta potentes y efectistas, las políticas públicas de educación partían de supuestos erróneos. Apuntaron, nuevamente, al tema de los recursos y desdeñaron la medición de la gestión. Las propuestas políticas se negaban a evaluar lo que pasaba en la sala de clase y, también, ignoraban toda reflexión sobre el marco regulatorio del sistema en su conjunto.
Los políticos, entonces, nos encerramos en nuestra mirada, nos desconectamos de lo que realmente estaba ocurriendo. Nos enredamos en cuestionar la maraña burocrática de los Gore y del Mineduc, denunciamos la falta de modernización del sistema, intentamos ver grandes señales en pequeños avances, en fin.
Y, mientras tanto; pese a los innumerables estudios de la academia y la tecnología educativa que demostraban lo insostenible del esquema armado bajo la LOCE; nos desconectamos de lo que realmente ocurría.
Así las cosas llegamos a abril y mayo de 2006, comenzó la movilización estudiantil y la sociedad en su conjunto coincidió con la necesidad de transformaciones de fondo. La inicial reacción del medio político fue de desdén, unos porque no les resulta grata la movilización mientras se es gobierno y otros porque, por convicción, rechazan la algarabía callejera.
Cuando los estudiantes rompieron el “cerco” de la prensa, cuando ganaron respaldo ciudadano, aún nuestro medio político no sabía reaccionar. La sorpresa en toda su dimensión.
Hubo que madurar el proceso. Por lo menos el Gobierno reaccionó creando el vilipendiado, pero útil, Consejo Asesor Presidencial. Ahora último ha tomado la iniciativa y presentó dos proyectos de Ley que, en verdad, son vanguardia en este campo.
La derecha, hasta el día de hoy no tiene calridad discursiva sobre el tema, sabe que debe respaldar el cambio de la LOCE y ha reaccionado defendiendo los intereses privados en educación, pero ahí no más.
La lentitud de nuestro medio para entender cuestionamientos de fondo ha desnudado el estado de nuestra política actual. Ha demostrado que estamos tan acostumbrados a la modorra y el ritmo de los conservadores que, aún los más progresistas, estamos marcando el paso.
Sí, hace ya un año, una generación completa nos dijo: ¡¡corre que te pillo!!
