Reforma Educacional: Punto de Inflexión

Las últimas semanas han marcado un punto de inflexión en el proceso desencadenado por la Revolución Pingüina de mayo de 2006.

La acusación constitucional contra la Ministra de Educación Yasna Provoste echó por tierra el sentido de Estado alcanzado en el Acuerdo Nacional para el mejoramiento de la Educación. Tensionando las relaciones Gobierno y oposición, trasladando esta interlocución a la arena político partidista incentivada por un escenario pre electoral. Ciertamente que el Gobierno ha enviado señales destinadas a aplacar y disminuir los daños inflingido por este episodio, pero, que duda cabe, todavía está por verse si es posible restaurar el grado de aprobación legislativa expresado en la ceremonia de las manos alzadas.

Recuperar el “sentido país” en el diálogo Gobierno–Oposición, en materia de Educación, parece ser una de las principales tareas de la nueva Ministra de Educación, Mónica Jiménez de la Jara. Su perfil, en parte técnico, propio de alguien que viene desde las aulas universitarias, pero con un pasado político ligado a la lucha por el regreso a la democracia; parecieran confirmar la intención de la Presidenta de convertir el episodio acusación constitucional sólo un hito de la lucha política y un simple accidente en la tarea de la tramitación de los proyectos de la reforma educacional.

Claro está que este es un proceso abierto, en donde las dudas y rechazos, provenientes, principalmente, de un sector parlamentario concertacionista y los gremios del mundo social educacional, imprimen un sello de confusión que nublan el destino del mencionado acuerdo.

Las movilizaciones de los estudiantes secundarios que tanto ha sorprendido a los medios por estos días no son sino un reflejo más de las complicaciones de este escenario y confirman la necesidad de “enfriar la cabeza” después de la pasión desatada por la acusación constitucional.

Pero tampoco hay que dejarse engañar, el voluntarismo a veces es mal consejero. Si bien es cierto son innegables los beneficios que se pueden alcanzar con la aprobación de este paquete de reformas, no es menos cierto que las críticas levantadas hacia él dan cuenta de la necesidad de flexibilizar las posiciones.

La aprobación mayoritaria en el Congreso debiera dar espacio a la expresión de los disensos de uno y otro lado, exponiendo los legítimos espacios en donde en el futuro uno y otro sector intentará más modificaciones. Esto es relevante, especialmente, en el caso de la Concertación. La sensación de imposición, a regañadientes, imprime un carácter de derrota a la votación parlamentaria; ello provoca, además, un serio daño, no sólo a los objetivos alcances reformistas de los proyectos, sino que a la alicaída convivencia interna de la Concertación.

Este es, sin duda, un trabajo político que necesita de definiciones. Por un lado se requiere una estrategia comunicacional precisa, que puedan destacar los logros de la reforma. Pero que, al mismo tiempo, expliquen que el mundo concertacionista, que representa el Gobierno, hubiese querido un grado mayor de transformaciones; que no son posibles hacer porque no se cuentan con las mayorías parlamentarias para realizarlas.

Tal estrategia no es garantía de completa satisfacción en aquellos que tengan votar a contrapelo de sus ansias más transformadoras, pero disminuye el roce y ayuda al clima interno del bloque oficialista.

De no ser así la tramitación de este paquete de medidas puede dar un certero golpe a la convivencia intra concertación, algo preocupante teniendo a la vista las elecciones municipales de octubre.

Pero además se insuflará más allá de lo adecuado a las movilizaciones sociales de los estudiantes secundarios y universitarios, apoyados por el Colegio de Profesores. Que tanto espacio mediático ocupan, opacando de un plumazo el esfuerzo de comisiones de estudio y del Congreso.

Jóvenes corriendo por las calles, perseguidos por el guanaco, sensación de desorden, rostros vociferantes que gritan disconformidad, no comunican sino la idea de que desde 2006 hasta acá poco y nada se ha avanzado.

Curioso tener este sentido de rotación sobre el mismo sitio cuando ha pasado mucha agua bajo el puente, de eso pueden hablar una Comisión Asesora Presidencial, un proyecto de reforma a la LOCE que ponía fin al lucro, un Acuerdo Nacional que morigeró el proyecto oficialista, otro proyecto de reforma que crea una superintendencia preocupada de controlar gestión y calidad; en fin, la destitución de una Ministra de Estado por primera vez en democracia, tanta agua bajo el puente …y la imagen del guanaco mojando estudiantes porfía, a dos años de la revolución Pingüina de 2006.

WCS

El señor Longueira

Sin duda que el actuar del Senado en la votación de la Acusación Constitucional contra la Ministra de Educación Yasna Provoste da para muchos análisis y llamados de atención. Nuestros medios y conversaciones darán cuenta de ello por varios días.

Sin embargo quisiera poner un punto sobre el rol de uno de los Senadores, el más emblemático de la Unión Demócrata Independiente: Pablo Longueira.

El Sr. Longueira protegido por el secreto que cubre a todo juez antes de dar a conocer su fallo, guardó un silencio sobre el fondo de la acusación; sin perjuicio de ello, alimentó lecturas equívocas cuando defendió la valentía de Joaquín Lavín para defender sus posturas “hombres de ese nivel hacen falta a la política chilena”, dejó deslizar.

Tal afirmación no habría dejado de ser un mero “reencuentro” mediático entre dos antiguos aliados de no ser que Lavín, hacía unas pocas semanas, había planteado que, puesto en el caso, él no votaría a favor de tal acusación.

La defensa del Sr. Longueira a este entrañable amigo, en el contexto del proceso contra la Ministra, no pasó inadvertida a la prensa y abrió las expectativas de la opinión pública sobre su votación en el hemiciclo.

Por eso con atención seguí su intervención, llegué a abrigar la esperanza que el Sr. Longueira, tal como mantenía la lealtad con sus aliados aún en momentos difíciles, mantuviera también la coherencia con su posición alternativa a la teoría del desalojo, pero no fue así. El Sr. Longueira tiene más apego a las amistades que a sus convicciones.

En su intervención el Senador alabó la “brillantez” de los acusadores y de la defensa. Dijo haber leído, durante el fin de semana, una copiosa cantidad de antecedentes y, en el día de la presentación de los acusadores y la defensa, había llegado a la conclusión de la existencia de una contradicción en los argumentos de esta última. Casi en sorna, se explicó, esto es una descoordinación entre la Ministra acusada y su abogado, en fin.

La convicción a la que el Sr. Longueira llegó y que lo conminó a apoyar la acusación constitucional está basada en el hecho de que toda la argumentación expuesta por Luis Bates estaba destinada a comprobar que a la Ministra no se le podía juzgar por no aplicar las medidas de ajuste porque, justamente, esas atribuciones y responsabilidades descansaban legalmente en otros niveles del Ministerio. El Senador mencionó que tal lógica, aparentemente implacable, se desvanecía con un solo hecho.

Esto es la destitución, que la Ministra Provoste había hecho del SEREMI de Educación de la Región de Copiapó, hacía unos meses. En tal acto la autoridad había emitido una resolución en la que se consignaba que tal destitución se hacia “en el uso de mis facultades”. ¿Cómo podía ser, entonces, que la Ministra alegara no tener facultades para destituir al SEREMI de la Región Metropolitana?.

Tal contradicción, que es discutible por lo demás, causó profunda impresión en el Sr. Longueira y lo convenció de lo insostenible de la defensa y la necesidad de apoyar la acusación.

Develada la duda y confirmada la vuelta al redil, esperé la votación de cada uno de los capítulos. El Sr. Longueira votó favorablemente las dos primeras, no aludidas en su intervención y rechazó las últimas tres.

Dentro de las que rechazó estaba la tercera: “No destitución del Secretario Regional de Educación de la RM por la responsabilidad que le cabe en infracciones e irregularidades graves”, sí tal como Ud. lee.

Pareciera de Perogrullo pero ¿en qué estaba pensando el Sr. Longueira?. ¿Qué lógica tiene esa argumentación en un sentido y esa votación en el sentido contrario?. ¿Confusión? ¿Presiones?.

Hasta el miércoles muy pocos en la plaza podían sostener que el Sr. Longueira sufre de incoherencia y falta de coraje para defender sus posiciones, a partir de hoy no tengo eso tan claro.

El desliz que el Senador tuvo, la tarde en que Yasna Provoste fue destituida, da cuenta de la fuerza que han cobrado las ideas de la confrontación y desalojo por parte de la derecha, la absorción total de los elementos más cautos y con sentido de país. Hoy en la alianza, conformada de paso por los Senadores Flores y Zaldívar, mandan los que quieren lanzar piedras por los que quieren conversar y persuadir.

No importan, de verdad ni los argumentos lógicos ni las convicciones, lo que importa es la careta para desempeñar el rol que el libretista ha designado a cada uno. El Sr. Longueira se ha puesto su careta y ha comenzado a repetir en coro con el resto del elenco.

Santiago, 17 de abril de 2008

La Vida día a día

La ficción que constituye la Acusación Constitucional a la Ministra de Educación queda de manifiesto con la anunciada movilización estudiantil del 26 marzo próximo.

En tal fecha la CONFECH ha convocado a una jornada de protesta en demanda de la instauración de una tarifa escolar única nacional. Han planteado, además, que ajenos a la lógica del mercado en la fijación de tarifas ellos recurrirán a la autoridad para que enmiende las desigualdades y arbitrariedades existentes.

La CONFECH ha dado a conocer que mientras en Santiago un estudiante debe cancelar $130 pesos para desplazarse en La Serena deben cancelar $200, en Concepción (de lunes a viernes) $140 y $210 los fines de semana; y en Valparaíso todo parece indicar un aumento de $130 a $200.

Tal regulación está sujeta a una normativa de 1989, que fija que la tarifa escolar puede ser hasta un 40% en la Región Metropolitana y hasta un 50% en el resto del país, de la tarifa cobrada a un adulto. Después de la Revolución Pingüina de 2006 esa normativa fue modificada para incorporar el uso por 24 horas y siete días el uso del pase escolar.

Aunque echo de menos alguna consideración a la estabilización de las tarifas que el fenómeno del Transantiago ha ocasionado en la RM, con todas las consecuencias que ello implica; tales demandas parecen atendibles, tan atendibles como ausentes en el debate público.

Podemos estar frente a un movimiento que en ciernes puede incubar otro, como en 2006, y los agentes políticos, a partir de esta Acusación Constitucional, están encapsulados en un dilema ficticio e improductivo, por lo menos para quienes estudian, que deben tomar locomoción y para sus padres financistas de esos viajes.

Queda en claro, nuevamente, la desconexión entre la política y la realidad.

Además, la argumentación conocida en estos días deja en claro la total inspiración política en la acción interpuesta por la derecha. Se ha hecho hincapié en una supuesta falta de aplicación de leyes en que la Ministra habría incurrido. Algo bastante extraño en derecho público la ley obliga expresamente a quienes indica y, en este caso, el pago de subvenciones , y todos los procedimientos anexos a ella, son responsabilidad de otras instancias descentralizadas del MINEDUC, como las Direcciones Provinciales, la SEREMI y la Subsecretaría de Educación. Todas entidades que han debido responder ante la Contraloría General de la República por sus acciones u omisiones.

La propia intervención del Contralor ante la Comisión de Educación de la Cámara ha dado cuenta no sólo de las irregularidades, sino también de las medidas que enmiendan los errores, las sanciones adoptadas y , nótese, la colaboración de las autoridades ministeriales, dentro de las cuales está la Ministra Provoste, en todo el curso de la investigación.

¿Dónde está el incumplimiento entonces? ¿Qué leyes se han dejado de aplicar?.

Pero no nos engañemos, por mucho que esta acusación sea in sustentable lógica y jurídicamente, las motivaciones políticas explican lo que se busca.

Para la derecha el resultado de esta acusación será un punto de inflexión importante en su estrategia para llegar a La Moneda. Un éxito refuerza lo ya hecho en desarrollar la teoría del Desalojo, una derrota (que pese a todo el pesimismo es posible) reedita la colisión de entre esa teoría y la del “Nuevo Trato”, que no es más que una respuesta al Bacheletismo-aliancista, sostenida por Sebastián Piñera.

En todo caso la Alianza ha recurrido a estos dos extremos en su larga experiencia como opositora y, francamente, ninguna le ha brindado los frutos que ella esperaba.

Para nosotros está claro que, al final del día, la ciudadanía premia a aquellos que atienden a sus asuntos y no se enreda en los cálculos electorales; a aquellos que se preocupan por cómo pagar el pasaje en micro de sus hijos, qué van a comer a mediodía, que tipo de útiles va a requerir, en fin, a los que viven la vida día a día.

Lagos: Dos más dos son cuatro

El Ex Presidente Ricardo Lagos ha irrumpido, a raíz del proceso de Acusación Constitucional contra la Ministra Yasna Provoste, con la claridad y certeza que le caracterizan.

¿De qué irregularidades me hablan?, dijo y, agregó, aquí lo que hay son dos sistemas contables distintos, uno usado desde 1990 por el Ministerio de Educación y objetado por la Contraloría, y otro recomendado por ésta. Finalmente centró el asunto en el meollo político: «Hay una campaña sincronizada por parte de la derecha que le hace mal a Chile».

Dos más dos son cuatro. Tan simple y elemental como eso. En la última parte de sus declaraciones desechó la Acusación Constitucional porque, dijo, esto era como el ladrón tras el juez, porque eran sostenedores del mundo privado los principales protagonistas de las irregularidades. Algo que nosotros ya habíamos advertido.

Ocurre que la oposición aliancista ha instalado, con meridiano éxito, la sensación de que existe una pérdida de cuantiosos recursos fiscales entregados para subvenciones escolares. «El Gobierno debe aclarar el destino de esos fondos» ha expresado el Presidente de la UDI. Algo parecido dijo el Diputado Manuel Rojas en la Comisión de Educación de la Cámara cuando espeta a la Ministra Provoste que :Ud. Ministra ha sido incapaz de decirnos dónde está la plata… En fin.

Las autoridades gubernamentales han hecho esfuerzos por demostrar lo insostenible de tal afirmación. La pérdida de tamaña cantidad de recursos habría imposibilitado el funcionamiento de todo el sistema; las luces de alerta, como dice la acusada Ministra, se habrían encendido desde todos los sectores; no hubiese habido dineros para pagar sueldos de profesores, los sostenedores no habrían podido mantener funcionando sus colegios, etc.

Pero la oposición de derecha insiste y la prensa sumisa al vértigo del escándalo no entra en la complejidad del tema, gusta más de los titulares estridentes, de las afirmaciones vagas, dando a entender la posibilidad del desfalco y el fraude por parte de las autoridades y funcionarios gubernamentales de la Concertación.

En un sentido distinto, llamando pan al pan y vino al vino, el Ex Presidente Lagos dejó en claro que este es un error de procedimiento, un modelo burócrata contrapuesto a uno nuevo, así de simple.

Pero además ha dejado en claro que la sordera de la alianza, la tozudez en sus argumentos y la ceguera frente a lo evidente tiene una explicación: una estrategia deliberada y sincronizada (creemos saber entre quienes) para destituir a una Ministra y hacer carne de la teoría del desalojo. Eso nada más, así de claro.

Ni una renuncia de la Ministra, escenario ya desechado, paralizaría la acusación constitucional. porque su lógica es arrasar, desarmar, a cualquier costo, sembrando la sensación de desgobierno que les permita levantar una alternativa. El reflejo de la nueva mayoría en el Congreso, con el desprendimiento de sectores de la Concertación para votar junto a ellos, debiera tener un correlato social y provocar la alternancia.

Bueno, en eso se equivocan, si tratan de leer el Congreso Nacional como el reflejo 100% confiable del Chile de hoy se equivocan. Una mayoría circunstancial levantada desde los pasillos del Congreso no es garantía de un gobierno aliancista, podrán avanzar en la lógica destructiva e inmovilizadora del desalojo, pero no lo harán en el camino hacia La Moneda.

Esto por varios motivos, uno de los principales es que el sistema binominal que origina la composición del Congreso distorsiona la realidad y crea una ficción electoral que oculta los datos de verdad. Otro es que los congresistas electos en listas de la Concertación, ahora convertidos en “díscolos”, podrán votar en concordancia con la alianza pero ello no implica que sus adherentes traspasen sus preferencias hacia la oposición.

Esta es la política chilena, levantada entre supuestos y falsas imágenes, ello la distancia de la cotidianidad del elector, la aleja de los deseos ciudadanos. El éxito de nuestro sistema radica en que nuestros líderes tienen conexión con el Chile de verdad, con los chilenos de carne y hueso.

Uno de esos líderes ha hablado, debiéramos atender a la asertividad y simplicidad de sus palabras, para hacer entender a todos que dos más dos son cuatro.

Santiago, 11 de marzo de 2008

Subvenciones Escolares

El impacto de las denuncias por las irregularidades detectadas en la asignación de subvenciones escolares ha puesto de manifiesto un problema, de la reforma educacional, que urge resolver.

Así es, en el debate político-técnico de los últimos dos años, el Consejo Asesor Presidencial para la Educación (2006) y el trabajo de las Comisiones de Educación del Senado y la Cámara de Diputados (2007), tuvo como uno de los principales ejes de discusión el grado de control estatal sobre los dineros que el fisco entrega a los sostenedores para que entreguen educación a los sectores más pobres de nuestro país.

El sistema de subvenciones escolares surgió a inicios de la década de los ’80 y era coherente con la política pública implementada por la Dictadura, misma que fue institucionalizada con la dictación de la LOCE casi una década después. El sistema, en síntesis, concesiona la provisión de educación a sostenedores, privados y municipales, a cambio del pago de una subvención concordante con la asistencia escolar registrada.

Desde hace muchos años era un secreto a voces que la debilidad del sistema se encontraba en la fiscalización, que al cuadrar y buscar concordancia entre asistencia de alumnos declarada y lo pagado en subvenciones el ejercicio no entregaba buenos resultados.

Súmese a lo anterior que el gremio de profesores y los funcionarios del Ministerio de Educación nunca han tenido predisposición a la institucionalidad surgida del modelo dictatorial. Tenemos una estructura burocrática y prácticas docentes, centradas en el rol curricular, que no encaja con materias de “segundo orden” como la de inspeccionar, controlar y sancionar.

Por si esto no fuera poco la ilegitimidad del modelo dictatorial le imprimía a cada hábito administrativo un sello de recelo que, tras 17 años de gobierno de la Concertación, parieron un modelo educativo híbrido, destinado a la subsistencia pero no a la descendencia.

La movilización masiva de los secundarios en la Revolución Pingüina de 2006 entregó relevancia al tema de la educación en general pero dejó a trasmano los problemas más técnicos, de más difícil digestión mediática para el público medio. Uno de ellos fue este de la fiscalización de las subvenciones.

Esto porque la discusión, en el ámbito político, respecto al rol del Estado y los privados en el campo educacional, están destinadas a los puntos medios, a los acuerdos generales y consensuados. De esta manera el Acuerdo para la Reforma Nacional de la Educación acordado por la Concertación y la Alianza, creó una Superintendencia de Educación que no era una amenaza para los sostenedores privados y ampliaba de alguna manera los instrumentos de control al aparato público.

Aunque el proyecto de Superintendencia de Educación incorpora algunas novedades, como incorporar el control de la calidad de la Educación, está claro que los últimos sucesos y escándalos permiten avizorar una tramitación parlamentaria de difícil pronóstico.

Lo que está claro es que después de este febrero nada debiera seguir igual. Las voluminosas cifras, todavía en cuestión, debieran arrojar reformas estructurales con organismos poderosos, sancionadores y exigentes respecto a los productos que se esperan.

Pero también no parece ser un capricho guardar recelo respecto a los cambios que debieran hacerse y que la discusión mediática puede nublar. Por estos días parece más adecuado concentrar la batería de ataques y defensa hacia los funcionarios cuestionados, sin detenerse en las causas estructurales que por estos días han quedado en evidencia.

Santiago, febrero de 2008

(*) Artículo preparado para la Revista Digital DISCUSIÓN

Ni un reproche, ni un tirón de orejas

Aún cuando el huracán mediático, respecto al escándalo en el tema de las subvenciones escolares, está en pleno desarrollo, vale la pena detenerse a hacer algunas reflexiones.

La prensa nos ha informado profusamente de las consecuencias patrimoniales que para el fisco tendrían estas anomalías. Sin embargo hay cierta disparidad a la hora de dilucidar las responsabilidades del mundo público y del privado. Y eso porque en realidad a quienes detentan responsabilidades públicas les cabe cumplir con mayores estándares éticos de momento que tienen a su cargo el patrimonio de todos nosotros.

Es correcto, entonces, el énfasis mediático que apunta a los ‘desórdenes administrativos’, la ‘falta de fiscalización’, la ‘pérdida de recursos’, todos ellos mínimos exigidos en el desempeño de las funciones públicas y, aparentemente, no cumplidos a cabalidad por los señalados en las páginas de los medios.

Pero no hay que perder la vista en torno a los principales “beneficiados”. Estamos, todo parece indicarlo así, en la presencia de delitos funcionarios y delitos realizados por particulares en desmedro del fisco, estos últimos son los más numerosos y onerosos. Estamos hablando de sostenedores, muchos de ellos, que engañaron al Estado presentando falsas declaraciones de asistencia para embolsarse dineros que estaban destinados a financiar la educación de los niños más pobres de Chile.

Hago hincapié en esto, luego de avalar las mayores responsabilidades públicas, porque los principales defensores de la figura de los sostenedores en Educación, hoy guardan silencio. Porque la Alianza derechista, durante el año pasado, ha interpuesto todo tipo de reparos para realizar más profundas reformas al sistema educacional. Así es, todo su discurso el año 2007 estuvo enfocado en rechazar la “estatización” de la educación, mostrando las ganas “trasnochadas” de una Concertación que atacaba la libertad de educación y retrotraía la historia de avances que los privados habían ocasionado en nuestro país.

Sin embargo cuando los privados no actúan correctamente, cuando vulneran la fe pública, cuando se apropian de la plata de todos los chilenos, guardan silencio y señalan las responsabilidades fiscalizadoras de un Estado casi desmantelado en la LOCE aún vigente y dictada cuando ellos eran Gobierno.

La Alianza tiene doble estándar en esta materia. Ya lo habíamos apreciado en 2006 cuando en medio de la Revolución Pingüina, surgieron una serie de denuncias por los Colegios Britania y otros en donde quedaba demostrado que el dinero de las subvenciones no eran invertidos en la educación de los estudiantes, ni en el pago de los profesores de esos establecimientos, ni en las mejoras de infraestructuras de los mismos; entonces, como ahora, miraron hacia el lado y apuntaron a las responsabilidades gubernamentales. Ni un reproche, ni un tirón de orejas a quienes en el negocio de la educación no sólo ganaban mucho dinero sino que, además, defraudaban la fe pública.

Vino luego la discusión en el Parlamento, en principio intentaron negarse a la tramitación del proyecto de Ley General de Educación del Gobierno; en un momento más reflexivo presentaron un proyecto alternativo y recogieron el aumento del control y la fiscalización a la educación privada; pero no de la forma como gran parte del mundo educativo hubiese querido; aunque arribaron a un acuerdo nacional hicieron todo lo posible por morigerar las intenciones de establecer un sistema más transparente y de mayor control estatal.

Ahora están entusiasmados en sacar provecho político de estos hechos, ponen todos sus esfuerzos en levantar una Acusación Constitucional contra la Ministra de Educación.

Pero ¿reflexiones respecto a las correcciones legislativas necesarias para cerrar espacios a los defraudadores?. Nada. ¿Iniciativas para garantizar el correcto uso, y control de ese uso, de las platas fiscales? Nada.

Eso ocurre cuando los bloques se mueven por los cálculos políticos, cuando la ansiedad nubla el sentido de Estado que los políticos debemos tener. Tal como hace unos pocos días “celebraron” el fracaso de una política pública: el Transantiago, sin importarles el sufrimiento de los usuarios, hoy concentran sus esfuerzos en denostar la función pública, provocar la caída de un Ministro de Estado y pasarle la cuenta a un Estado débil y carente de las atribuciones y recursos para garantizar el buen uso de los dineros fiscales.

Los privados que defraudan y engañan al Estado, ignorados. Mediáticamente ausentes, no son condenados ni reciben recriminaciones en las diatribas de la Alianza, salvados de la sobre exposición; para ellos la derecha, nuevamente, no tiene ni un reproche, ni un tirón de orejas.


Santiago, 21 de febrero de 2008

(*) Columna publicada en www.elmostrador.cl el 22 de febrero de 2008.