Acuerdo Educacional: Los árboles no dejan ver el bosque

Los últimos estertores de la negociación política en torno al Acuerdo Nacional de Educación, firmado recientemente, impiden apreciar los alcances reales del mismo.

Así es, podría afirmarse que los árboles, los argumentos político-ideológicos expuestos por cada partido, no dejan ver el bosque: la “nueva arquitectura educacional” que se está construyendo.

Vamos por parte. Primero, no se puede dejar de reconocer que gran parte de estas transformaciones se lo debemos a la “Revolución Pingüina” de 2006. Una movilización social nacida de los más jóvenes, quienes al final del día nos demostraron que los sueños todavía pueden remover las convicciones del escepticismo e instalaron la discusión de una reforma que se creía poco realista siquiera pensar.

Las gargantas de azul con sus mochilas cargadas de lapidaria ingenuidad le ganaron al conformismo y nos obligaron a pensar en el futuro, una de las tareas que, se supone, los políticos nunca debemos dejar de llevar a cabo.

Vino la respuesta gubernamental: el “Consejo Asesor Presidencial”; se criticó su número y se acusó al Gobierno de dilatar las cosas y postergar todo “en otra comisión más”. Como si esto fuera poco la Alianza reaccionó en contra del proyecto de Ley General de Educación remitida en abril de este año, es más, votó en contra de la idea de legislar en la comisión respectiva.

Los jóvenes con esperanza ya no estaban, se habían diluido y nos enseñaban que así serían los movimientos del futuro, circunstanciales, mediáticos y profundos. No más estructuras de clase, no más instituciones permanentes, en fin, la nueva forma de hacer ver las demandas sociales había hecho su debut.

El Gobierno y sus partidarios estaban sólos. Con una oposición cerrada a las transformaciones negando el debate sobre la materia, negando la sal y el agua, apostando por la arrogancia de “el desalojo”.

Pero la persistencia y la fuerza, la legitimidad, de las transformaciones necesarias pudo más.

Cuando la Alianza presenta su proyecto alternativo se produce el verdadero cambio. Se admitía así la necesidad de una nueva normativa y la oposición comienza a exponer sus convicciones. Se inicia, entonces, el ejercicio de la democracia: hay que sentarse a la mesa a defender y ceder.

El resto son hechos recientes, a ratos parecía disolverse este escenario, a ratos todo lo sólido parecía disolverse en el aire.

Pero ¿cuál es la trascendencia del acuerdo alcanzado?.

Más que un hito político la nueva normativa educacional refleja un gesto de realismo y modernidad que habla bien de nuestra clase política.

Hasta ahora contábamos con una LOCE que, básicamente, decía muy poco. Dejaba todo al arbitrio del mercado y no entregaba mayores responsabilidades al Estado en materia educacional. No sólo no hacia responsable al Estado por lo que ocurriera en los colegios, sino que, además, tampoco obligaba a rendir cuentas, por sus productos, a los privados que recibían dineros públicos para entregar enseñanza.

Así las cosas contábamos con una arquitectura educacional débil respecto a las obligaciones que el Estado y la sociedad tiene respecto al gasto de la plata de todos.

En este esquema algunos lo hicieron bien e invirtieron en proyectos educativos que, efectivamente, contribuyeron a la responsabilidad de todos con el futuro de nuestros hijos. Hubo quienes respondieron a la responsabilidad confiada y usaron adecuadamente la subvención escolar que recibieron.

Pero ¿qué pasaba con aquello que no?. Bueno ese Estado débil no tenía muchas herramientas y el Ministerio de Educación poco podía hacer frente a los que hacían mal las cosas.

Los últimos años, nada más, ha habido casos emblemáticos en donde queda demostrada que la posibilidad de intervención pública ante un mal gestor privado es en las últimas instancias y, generalmente, cuando éstos han cometido faltas y delitos acreditados por otras instancias contraloras del Estado.

Bien lo dijo la Diputada Carolina Tohá un tiempo atrás: hoy en Chile es más fácil cerrar un colegio por la ordenanza municipal y por materias de infraestructura que hacerlo porque sus alumnos no saben ni leer ni escribir.

La Superintendecia Educacional, contemplada en el acuerdo educacional, significa un gran avance en este sentido porque le permite, y obliga, a las autoridades educacionales a fiscalizar que los fondos públicos de educación están siendo invertidos para las materias que fueron destinadas.

Así uno de los objetivos centrales expuestos en abril pasado por la Presidenta de la República, se cumple: el riesgo de que la plata de todos los chilenos vaya a los bolsillos de algunos y miles de familias puedan ser objeto de un engaño, se reduce a las más mínimas posibilidades.

Esto no es menor, en realidad lo que ocurrirá es que aumentarán las responsabilidades de todos, del Estado y los privados.

El Acuerdo Nacional de Educación firmado por estos días es más que la expresión de un ambiente pasajero o una estrategia política, es el inicio de una nueva realidad educacional. Atrás queda una normativa anquilosada, con hálito autoritario, recelosa del rol estatal; un laisse faire que no significaba libertad sino prescindencia de responsabilidad pública.


Santiago, 13 de noviembre de 2007

Para saber y comprar...y no saber votar

Hace unos días atrás, observando lo que mi sobrina de 12 años, en sexto básico y en un colegio municipalizado, estaba estudiando me sorprendí. Ella me explicaba, con lujo de detalles, las características, limitaciones e implicancias de la forma en como los cheques eran extendidos: “este cheque está cruzado y sólo puede ser depositado para ser cobrado, este otro está al portador, el otro abierto, tal se puede endosar”. Mi sorpresa no era mayor, yo de cheques sólo supe años después de estar titulado.

Entonces, pensé la de veces que uno asume las cosas y no reflexiona sobre los detalles, que no descansa en ellos lo suficiente para sopesar la dimensión real de las cosas.

No era esta una divagación menor. Pensé en lo que se estaba aprendiendo en las salas de clases y como cambiaban las cosas. Bien, pensé, por lo menos se está acorde con los tiempos.

Sin embargo la conformidad duró poco cuando me acordé que desde hace años las clases de Educación Cívica fueron eliminadas del currículum impartido en las aulas de nuestro país. Y pensé, entonces, que no era raro que los jóvenes se movieran con más facilidad en el mundo de vender y comprar que en el de opinar y decidir.

No tengo nada en contra de que nuestros niños y jóvenes sean instruidos en los avatares del mercado. Que cuenten con las herramientas adecuadas para desenvolverse en un ámbito que, para muchos, hace unos años atrás, estaba lleno de códigos de privilegiados.

Pero no me puede provocar sino recelo el hecho que los valores ciudadanos sean confiados al criterio o sentido común, que según un amigo es el “menos común de los sentidos”, de unos cuantos.

Me explico, desde hace ya unos años el Ministerio de Educación modificó y eliminó lo que, tradicionalmente, conocemos como “clases de educación cívica”; insertando éstos contenidos en la totalidad del currículum e indicando que las conductas que se esperaban conseguir con ellos debían ser medidos, a la hora de evaluar, la consecución de los objetivos transversales.

En buen cristiano esto significa que conductas como respetar la opinión ajena, valorar el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, valorar la tolerancia y la participación universal e igualitaria en las decisiones del conjunto, etc. Podían ser inculcadas, y bastaba con eso, por los profesores de otras asignaturas, como biología, matemáticas o física.

Por supuesto que es de esperar que los docentes de esas asignaturas apliquen, aunque dudo que midan, esas conductas en su ejercicio profesional y en la convivencia dentro de la sala de clase. Pero ello no me garantiza que la dimensión ciudadana esté jerarquizada adecuadamente en el mundo escolar.

¿Por qué?, muy simple. Padres, apoderados y alumnos, e incluso los mismos profesores, sienten que a la escuela se va a aprender aquello que se mide. Es decir, lo más relevante es aquello que se expresa en una nota y el promedio de las mismas; promedio que, muchas veces, trae consecuencias nefastas para su futuro. Todo lo anterior fue ratificado en el diseño de la actual PSU, que ensambla sus parámetros de medición en la malla de contenidos entregados en los cuatro años de enseñanza media.

La formación, entonces, esa romántica y discursiva, francamente, se la lleva el viento. Es subvalorada y no incide en las mediciones finales de los resultados obtenidos por los alumnos.

Este no es un tema nuevo, comisiones especiales, presididas por destacados opinantes del medio nacional, han aconsejado cambios en este sentido. Sin embargo, ello no ha significado cambios y la marginación de la formación de ciudadanos sigue presente.

Ya en las movilizaciones estudiantiles del año pasado esta era una materia demandada, pero no ha sido escuchada. No es menester que haya sido incluida en algunas de las dos reformas sustanciales que se debaten hoy en el Parlamento; requieren, más bien, de cambios que están al alcance de la autoridad administrativa por medio de un decreto.


A este ritmo tendremos ciudadanos que actúen con más certezas cuando tengan un cheque frente de ellos y completa desazón cuando sostengan una papeleta de sufragios entre sus manos.

Transformar aspectos de esta naturaleza no son ni cosméticos ni menores. Apuntan al tipo de sociedad que queremos, una dialogante, democrática, tolerante y abierta a la convivencia pacífica.
En algún momento, tarde o temprano, los hombres y mujeres se dan cuenta que no basta con el saber para vender y comprar; se dan cuenta que hay algo más allá, personas que pueden ofrecer sueños, ideas, que no tienen precio. Entonces, cuando se enfrenten a esa disyuntiva, no bastara que metan la mano al bolsillo y acudan a la chequera. ¿Tendremos que esperar a eso para que ellos por sí solos empiecen a aprender?. ¿Dónde habrá quedado la responsabilidad de aquellos que por estos días algo tenemos que decir?.

Desconexión y Sorpresa (¡corre que te pillo!)

Ahora, con más distancia temporal, quizás si podamos detenernos en la génesis del movimiento estudiantil de 2006 y, principalmente, en cómo éste sorprendió al medio político chileno.

En este último aspecto cabe consignar que, si bien la temática educacional siempre ha estado incorporada en toda agenda gubernativa y en cada programa de Gobierno en las últimas 4 elecciones; la irrupción de los secundarios con esta bandera de lucha, y el acelerado tiempo en que consiguieron adhesión y legitimidad ciudadana, develan cierta desconexión del mundo político con el acontecer cotidiano, con el mundo real. Ese que los secundarios nos tiraron a la cara el año pasado.

Para nadie es un misterio que dentro de las medidas urgentes, identificadas por el Gobierno entrante de la Presidenta Bachelet, no estaban contempladas las radicales transformaciones que ella ha remitido al Congreso nacional durante los últimos meses.

La oposición, por medio de sus dos candidatos presidenciales, tampoco dio luces de preclaridad en sus discursos y propuestas de campaña. Balbucearon deseos de mejoramiento de la calidad educativa y redundaron en lugares comunes y frases hechas cuando se refirieron a sus propuestas en educación.

La izquierda extraparlamentaria, quizás, haya sido la única fuerza que, en el contexto de su global crítica al «modelo», planteaba transformaciones radicales. Eso sí, la transversalidad política de la movilización estudiantil dejó en evidencia que, pese a la coincidencia de fondo, esta fuerza política no fue protagonista y motor de la movilización, estando, en la práctica, desconectada del rédito político que tal proceso pudo haber entregado.

¿Qué pasó entonces? ¿Cómo la historia les pasó por el lado a las principales fuerzas políticas de nuestro país? ¿Por qué estos adultos de andar cancino fueron sorprendidos por la algarabía juvenil?.

Desde el regreso a la Democracia, si analizamos la producción legislativa en el periodo 1990 – 2005, constatamos que bajo las materias de mejoramiento salarial de profesores e inversión en infraestructura educacional, se concentra cerca de 70% de las leyes evacuadas. El 30% restante agrupa gestión, calidad y otras.

Tales guarismos reflejan la opción que el conjunto de las fuerzas políticas, ello porque la Concertación no tenía las mayorías parlamentarias suficientes y debía negociar con la derecha la aprobación de reformas que implicaban gasto; el conjunto de las fuerzas políticas, digo, optaron por la inversión pública en materias que no, necesariamente, apuntaban al mejoramiento de la calidad educativa.

Quizás por lo mismo es que la cobertura educacional se haya consolidado de la manera que se hizo en tal periodo y la conflictividad con el gremio de los profesores fue en creciente declinación con el pasar de los años.

Pese a los motes de «continuistas» que algunos sectores de izquierda ponen a las políticas implementadas durante los gobiernos concertacionistas, valga aclarar que tales transformaciones, en materia laboral como en infraestructura, son medidas correctivas del modelo neo liberal. Recuérdese que fue justamente éste, con su premisa de ausencia del Estado en materias educacionales, el que debilitó la condición laboral de los profesores y la capacidad de renovación de infraestructura de la educación pública.

Ciertos sectores de la política nacional, entonces, pudieron sentir que «habían cumplido» con las principales demandas educativas de la sociedad chilena. Los que aún pedían más saciaron sus anhelos con la Reforma Educacional ideada bajo el Gobierno del Presidente Eduardo Frei R-T.

En 1996 el Gobierno alcanzó un acuerdo nacional para el financiamiento de una mega reforma educacional por medio del aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Tal reforma abordaba con recursos frescos los principales problemas que, por ese entonces, se apreciaban en el área educativa. A saber, la implementación de la jornada escolar completa (JEC), recursos para la infraestructura que esta extensión de jornada requería, becas para perfeccionamiento de profesores (en estudios de pos grado y pasantías en el extranjero), etc. La Reforma Educacional implicó un esfuerzo nacional que no obstante los cuantiosos recursos que implicaban poco dejaron en término de mejoría en gestión y calidad.

Ello porque tal reforma apuntó al aumento del capital de inversión pública, lo que ya pareció suficiente, en los parámetros organizativos que el modelo plasmado en la LOCE había diseñado. Tal mezcolanza, ahora todos lo dicen, no dio resultado porque se convirtió en «cosmética» y no apuntó al fondo del sistema.

El asunto es que nuestro medio, las fuerzas políticas mayoritarias y reales, las que acceden al Parlamento, entendieron que ya se había hecho un gran esfuerzo en materia educacional. Habían más colegios y cobertura, los profesores habían tenido sustanciales mejoras en sus remuneraciones, los alumnos estaban más tiempo en el colegio, en fin. Se habían hecho lo que se podía, los cambios a implementar, por tanto, eran menores.

Aunque los persistentes y parejos resultados del SIMCE, año a año, planteaban dudas sobre los avances de nuestros alumnos y parecían poner luces de alerta potentes y efectistas, las políticas públicas de educación partían de supuestos erróneos. Apuntaron, nuevamente, al tema de los recursos y desdeñaron la medición de la gestión. Las propuestas políticas se negaban a evaluar lo que pasaba en la sala de clase y, también, ignoraban toda reflexión sobre el marco regulatorio del sistema en su conjunto.

Los políticos, entonces, nos encerramos en nuestra mirada, nos desconectamos de lo que realmente estaba ocurriendo. Nos enredamos en cuestionar la maraña burocrática de los Gore y del Mineduc, denunciamos la falta de modernización del sistema, intentamos ver grandes señales en pequeños avances, en fin.

Y, mientras tanto; pese a los innumerables estudios de la academia y la tecnología educativa que demostraban lo insostenible del esquema armado bajo la LOCE; nos desconectamos de lo que realmente ocurría.

Así las cosas llegamos a abril y mayo de 2006, comenzó la movilización estudiantil y la sociedad en su conjunto coincidió con la necesidad de transformaciones de fondo. La inicial reacción del medio político fue de desdén, unos porque no les resulta grata la movilización mientras se es gobierno y otros porque, por convicción, rechazan la algarabía callejera.

Cuando los estudiantes rompieron el “cerco” de la prensa, cuando ganaron respaldo ciudadano, aún nuestro medio político no sabía reaccionar. La sorpresa en toda su dimensión.

Hubo que madurar el proceso. Por lo menos el Gobierno reaccionó creando el vilipendiado, pero útil, Consejo Asesor Presidencial. Ahora último ha tomado la iniciativa y presentó dos proyectos de Ley que, en verdad, son vanguardia en este campo.

La derecha, hasta el día de hoy no tiene calridad discursiva sobre el tema, sabe que debe respaldar el cambio de la LOCE y ha reaccionado defendiendo los intereses privados en educación, pero ahí no más.

La lentitud de nuestro medio para entender cuestionamientos de fondo ha desnudado el estado de nuestra política actual. Ha demostrado que estamos tan acostumbrados a la modorra y el ritmo de los conservadores que, aún los más progresistas, estamos marcando el paso.

Sí, hace ya un año, una generación completa nos dijo: ¡¡corre que te pillo!!

2007 REVOLUCIÓN PINGÜINA ¿II?

Y aparecieron los estudiantes. Desde hace ya un par de semanas se están movilizando por medio de la toma de sus colegios y, hasta ahora, han sido desalojados por Carabineros con pocos atisbos de violencia.

No son los mismos del año pasado, es decir, no son los mismos físicamente y tampoco son los mismos discursivamente. Mal que mal un año en la vida de los adolescentes es tiempo de rápidas transformaciones.

Este movimiento secundario se muestra fragmentado. Aunque tributario del exitoso proceso del año pasado, estuvo precedido por una serie de eventos reagrupadores que evacuaron varias coordinadoras y referentes estudiantiles; lo que en sí es una diferencia con 2006.

Sus demandas y, seguramente, por la misma dispersión de la organización, huelen más a reivindicación político-ideológica que al integrador alarido del año pasado. Llamados a la lucha de clases, terminar con el Transantiago, rechazo a la reforma Penal Juvenil, solidaridad con los deudores habitacionales, etc. Se mezclan con la estatización de la enseñanza, el pase escolar gratuito a todo evento y la PSU sin costo.

Sin duda, organización y discurso ya no son los mismos.

Ahora, es cierto que esta diversificación es el resultado de la experiencia del año pasado. Un movimiento amplio, legitimado, expansivo socialmente, en fin, contuvo un discurso demandante de amplio espectro temático. La sociedad en su conjunto vio en la educación la oportunidad para soñar otro tipo de país, de coincidir en las desventajas y desigualdades de nuestra realidad económica; estar disconforme no fue sinónimo de marginalidad y retroceso. Por el contrario, evidenció conciencia de futuro y compromiso social.

Claro que esa diversidad y representación amplia de las demandas sociales suenan distintas ahora. Ciertamente porque el movimiento es menos poderoso, pero porque también es menos coherente de momento que de un año a esta parte se han iniciado las transformaciones requeridas.

En lo educacional. Después de un debate intenso, mirado con mucho recelo por todos los actores, el Consejo Asesor Presidencial entregó un informe con disensos notables. La Presidenta, haciendo uso de la autoridad para la que fue elegida, optó por algunas de las medidas sugeridas y desechó otras. Envió dos reformas sustanciales al actual marco institucional de la Educación (Ley General de Educación y la creación de una Superintendencia de Educación), además, el pasado 21 de mayo anunció la inyección adicional de 650 millones de dólares para cada año.

Eso en lo que concierne a la “agenda larga”, las medidas más urgentes, como la gratuidad del pase escolar, el aumento de las raciones escolares y becas para la PSU fueron abordadas el año pasado.

La ciudadanía sabe de estas medidas, de las complicaciones que el Gobierno tiene con la derecha para aprobarlas en el Congreso Nacional y de las polémicas que han surgido por las mismas. En fin, la ciudadanía sabe y por eso mismo hay recelo hacia la movilización estudiantil de estos días.

Y es que estos pingüinos son otros, sus motivaciones son otras y sus expectativas, seguramente, son diferentes.

De alguna manera el movimiento secundario de 2007 viene “con el vuelito” del de 2006. ¿Son los estertores, el fin, del mega movimiento social del año pasado? Sí y no.

Es más bien una mezcla, porque hay visos se cambio. Existe el asomo de una propuesta, legítima como toda propuesta, de orden más clásico destinado, desde el mundo social, a revitalizar una propuesta de izquierda desgastada por la persistente y, a ratos, improductiva lucha contra la exclusión.

Allí quizás esté el lado “crecedor” de esta movilización, posiblemente implique un punto de inflexión a ese sector político. Pero en la medida que más se avance por ese carril más se cierra el capítulo de la Revolución Pingüina de 2006.

Los de ayer … ya no son los mismos, es cierto, pero el país después del remezón que provocaron los pingüinos movilizados, tampoco lo es.

Somos testigos de una movilización secundaria en transición que contiene elementos antiguos e intenciones nuevas. Pero, cuidado, ello no desvirtúa las banderas enarboladas. A ver si esta movilización, por lo menos, permite mantener vigente la discusión y apurar la resolución de los proyectos en trámite.

Sin estudiantes, sin mundo social organizado, no habrá camino expedito, no habrá avances verdaderos y nuestro mundo político sumará a su haber otra causa pendiente, otro problema urgente pospuesto y otra materia dilatada por estériles discusiones.

Santiago, 12 de junio de 2007

Educación: La Tensión histórica

El debate en torno a la Educación está candente, sin embargo, hay que reparar que tiene como telón de fondo una tensión histórica que pocos han evidenciado, pero todos sospechan.

Se trata de la confrontación de dos discursos ideológicos, uno de larga data y otro más reciente, que conlleva a la confrontación de dos modelos educativos. Nos referimos a la colisión entre el Estado Docente y la educación privatizada y de libre mercado, para nosotros, el “modelo pinochetista”.

El primero nació a la par de la formación de la República en el siglo XIX. El Estado Docente formó la identidad nacional y fue el principal elemento integrador para los gobiernos republicanos; una eficiente herramienta ideológica que cohesionó primero a la élite y más adelante a otros sectores sociales. Se transformó, con el correr de los años, en símbolo de la movilidad social; en él se formó a los burócratas que administraron el Estado y, más tarde, las emergentes clases medias; a principios del siglo XX, con su ampliación y modernización, fueron visibilizados los sectores populares.

El Estado Docente, desde el punto de vista institucional, estaba sustentado en un poder centralizado; un currículo laico, con medidas de selección y evaluación meritocrática; sostenido por un gremio de profesores altamente deliberante en el medio nacional y con poderosa a la hora de movilizarse para conseguir mejoras profesionales.

El Estado Docente, aunque coexistente y tolerante con un sistema privado de educación, privilegiaba la educación pública. Ésta era una estructura integrada y coherente, desde la escuela más aislada de la República hasta el aula universitaria de más excelencia del país.

Aunque en los momentos contemporáneos de la debacle de nuestra democracia, a principios de los ’70, algunos pudieron observar en las movilizaciones por la Reforma Universitaria y la participación de las Feses en la lucha ideológica, como un indicio más del caos y el desorden; no cabe duda que el Estado Docente, con todos sus mitos y símbolos de movilidad social, formaba parte del orden de las cosas entre nuestra población, siendo, además, valorado y respetado.

El intento de la Dictadura Militar, de construir todo a imagen y semejanza de sus contenidos ideológicos, tuvo una expresión precisa en el campo educacional. A contrapelo del prestigio histórico del Estado Docente, se realizaron una serie de transformaciones que intentaron erradicar la antigua institucionalidad.

Así las cosas, la centralidad de la administración educacional fue disgregada en los municipios del país. El presupuesto nacional experimentó una disminución progresiva en materia educacional. El autoritarismo fue una efectiva herramienta para disminuir el poder e influencia de los profesores, sus sueldos sufrieron un retroceso, los demás aspectos de la “carrera docente” fueron dañados con la creciente incorporación de maestros formados en instituciones sin rango universitario.

Los supuestos básicos del modelo pinochetista pueden encontrarse en el espíritu y la letra de la LOCE, promulgada el último día del Gobierno Militar. Allí se puede apreciar el privilegio de la libertad de enseñanza por sobre la calidad de la educación. Pocas precisiones y requisitos, muchos silencios y omisiones permisivas.

El modelo dictatorial está, se supone, inspirado en la competencia, la elección informada y el emprendimiento privado. A su amparo se plagó de colegios particulares, que contaban con financiamiento público. Todos ellos nacidos en medio de una reglamentación débil y flexible, que daba cuenta de un Estado debilitado, reducido a entregar vistos buenos para trámites menores y a “vigilar” la asistencia de los alumnos para pagar las subvenciones.

Uno de los mayores avances de estas políticas educacionales, así lo recuerdan majaderamente los representantes de la derecha, es la ampliación de la cobertura educacional. La incorporación de los privados a la provisión del servicio de educación, entonces, permitió suplir la falta de colegios y liceos.

Sin embargo, una lectura simple de la literatura especializada, cuestiona el juicio anterior. Especialmente respecto a la ventaja que como país tuvimos de contar con un diseño librecambista, poniéndonos en los primeros lugares de la región. En honor a la verdad, nuestra posición en las mediciones de la educación en Latino América tiene una ventaja comparativa desde hace algún tiempo, un piso de logros que ofrecía una superioridad inicial frente a naciones vecinas.

Pero, además, todos los países de la región, en la misma época en que Chile lo experimentó, registraron avances notables en cobertura educacional, incluso aquellos que “carecieron” de una política educacional similar a la legada por Pinochet.

Los Gobiernos de la Concertación intentaron remediar la situación, realizando reformas sustanciales en los presupuestos, especialmente, en cuanto a aumentos salariales de los maestros, infraestructura y, en menor grado, mejoramiento de la gestión y calidad educativa.

Cambios que soslayaron el problema de fondo: la discusión por el tipo de educación y sociedad que queríamos tener. Es cierto que el realismo político no imponía otra agenda. La existencia de un escenario poco proclive a los cambios nos llevó a no enfrentar, la tensión discursiva: la persistencia histórica del Estado Docente versus el legado pinochetista.

Pero el realismo político vino de la mano de la “revolución pingüina”. La legitimidad social y política alcanzada por sus demandas creó un escenario en donde hablar de “limitaciones del modelo”, de cambios estructurales y urgentes, de terminar con reformas “bálsamos” (que aminoran las dolencias pero no curan la enfermedad); en fin, una realidad política nueva en donde es posible diseñar una nueva institucionalidad educacional, democrática, en donde el Estado, además, cuenta con los recursos adecuados para invertir en el futuro de todos los hijos de este país.

La Presidenta Bachelet ha asumido su rol histórico en este proceso y está creando una institucionalidad que requiere del apoyo de todos, del mismo apoyo que se dio a la movilización de los jóvenes hace un año atrás.

Pero, además del apoyo requiere de la contribución activa de todos, especialmente en las definiciones respecto a qué calidad queremos, cuál es la utilidad que para los alumnos tendrá haber pasado por 12 años mínimos de estudios, en fin, quien define y renueva los parámetros de calidad.

Claro está para nosotros que la resolución de estas preguntas no solucionará la tensión histórica presente en el debate público; quizás si hasta arroje un modelo nuevo, que recoja las ventajas de uno y de otro discurso ideológico; pero esa es una tarea de todos.

Los estudiantes vociferaron lo imperativo de esta tarea, la sociedad en su conjunto legitimó este grito desesperado; el Gobierno ha enviado propuestas que implican una decisión de cambio; es la hora de los parlamentarios y de todos los que nos sentimos representados por ellos, para evacuar una nueva forma de entender nuestra educación, una fórmula que permita hacer una historia diferente.

(*) Fotografìa de Juan Pedro Catepillán

Santiago 27 de Mayo de 2007

Algo de Historia de la Educación

La Educación en el discurso fundacional de la República

La formación del Estado nacional en Chile[1], como en la mayoría de las nuevas naciones hispanoamericanas, está asociada al contexto histórico en que se produjo. Lo anterior implica estar en medio de un periodo de grandes transformaciones, en donde el eje de explicación de la realidad pasó de una visión tradicional a otra moderna[2].

La legitimación del poder, antes asentada en reglas consuetudinarias, se obtiene por medio de repúblicas que se gobiernan por medio de normativas mecánicas generadas de la soberanía popular. Las nuevas repúblicas, por tanto, se sustentan en las naciones que legitiman los Estados que se justifican, precisamente, por las naciones que los originan.

En esta nueva lógica de poder, y en medio de una dinámica revolucionaria que en América implicó la independencia de los imperios, el Estado que surge posee grandes poderes, acordes a los desafíos de transformación que implica la instalación de la nueva sociedad moderna.

En el caso de Chile el novel discurso legitimante tardó poco en centrarse en la construcción de la Nación y en ver a la Educación como instrumento vital del mismo proceso[3]. La resolución temprana de las pugnas de poder intra élite criolla y la cohesión social al interior de la misma, permitió la instalación de un consenso ideológico respecto a la construcción de la nueva república[4].

La realidad educacional recibida de la colonia daba cuenta de una red de establecimientos de “educación primaria” dependientes de la Iglesia Católica y los Cabildos. De escasa cobertura, centrada en contenidos morales religiosos y exclusiva para niños y jóvenes hombres. El aprendizaje de las niñas se reducía a labores domésticas entregado en el seno del hogar o en instituciones eclesiásticas, como los conventos para las jovencitas de cierta posición social.

Para los adolescentes, a fines del siglo XVIII, se creó en Santiago el Convictorio Carolino, primer establecimiento orientado a la formación técnica. Jóvenes de la élite criolla podían acceder a las aulas de la Universidad de San Felipe, que funcionó entre 1757 y 1839[5].

Aunque en la primera etapa independentista los gobiernos tuvieron como prioridad los aspectos militares su discurso ilustrado y liberal los llevó a enunciar iniciativas coherentes con este pensamiento. Desde la creación del Instituto Nacional (1811) y los posteriores Liceos de Provincia que se fundaron a partir de él, se potenció una educación secundaria muy debilitada en tiempos de la Colonia. En el reglamento de 1813 se instauró una serie de nuevas exigencias a los maestros que daban cuenta del menor poder regulador moral de la Iglesia Católica. El Director O’Higgins incorporó el método lancasteriano, innovando en metodologías y contenidos. Se permitió la creación de publicaciones e informativos; se creó la Biblioteca Nacional y en 1819 se da inicio a la primera “institucionalidad educacional” con la creación del cargo de “Protector General de Escuelas”.

La autoridad política expresaba con estas medidas, muchas de las cuales sólo vivieron el impulso inicial, la consolidación de un modelo ideológico imperante que centraba sus esfuerzos en la Educación como la principal herramienta de cambio.

Unido a este “plan ideológico” debe colocarse la dirección de una élite que unió sus intereses de clase a una fraseología que hablaba de transformaciones. Produciéndose así un cambio político “rápido” con un correlato social “lento”[6]. Con todo, la segunda mitad del siglo XIX se caracteriza por la irrupción de nuevos discursos, demandas y sectores sociales, que irrumpen frente a un orden liberal construido desde el Estado, principalmente por la Educación. La asociación entre plan político y Educación, entonces, tiene un inicio auspicioso, en nuestra historia tal alianza se intentará replicar más adelante.

[1] La literatura existente identifica este periodo, con algunas disidencias, al tiempo transcurrido entre los inicios de la lucha de Independencia (1810) hasta la instalación del Gobierno de José Joaquín Prieto (1831-1841).
[2] Algunos autores chilenos, de corrientes conservadoras, aunque admiten el uso de una fraseología de cambio en el proceso independentista, destacan la persistencia de la tradición (hablando de una especie de restauración) como sello de la nueva nación. Por lo que para ellos la dicotomía “tradición y modernidad” no sería válida. Para ello ver obras de Mario Góngora, Jaime Eyzaguirre, Alberto Edwards, entre otros.
[3] Puede encontrarse un visión renovada de la escuela liberal clásica de historiadores chilenos en: “Independencia de Chile: Tradición, Modernidad y Mito”, Madrid 1992 y “La Idea de Nación en el Pensamiento Liberal Chileno del siglo XIX” Opciones N° 9, CERC, Mayo-Septiembre 1986 ambas de A. Jocelyn-Holt L.. “Historia de las Ideas y de la Cultura en Chile” Tomo I. Bernardo Subercaseaux Edit. Universitaria 1997.
[4] A las lecturas tradicionales que este proceso tiene agréguese la contenida en “Historia Contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad, ciudadanía”, G. Salazar y J. Pinto LOM 1999. Que, aunque difiere de la naturaleza de la resolución de diferencias al interior de la élite, reafirma la cohesión discursiva alcanzada por este sector social que dirigió el proceso de construcción del Estado y la Nación.
[5] Para ver aspectos de la realidad educacional en el cambio del sistema monárquico al republicano veáse: “Universidad y Nación. Chile en el siglo XIX” Sol Serrano. Edit. Universitaria 1994.
[6] La literatura historiográfica de las últimas décadas coincide en identificar el siglo XIX Chileno de esta manera. Hay discrepancia en torno a si los acuerdos políticos basados en los intereses de una clase no eran sino mecanismos de negociación para retrasar los cambios sociales o los acuerdos tuvieron resultados inesperados que provocaron la construcción de nuevos sectores sociales.

Feria Chilena del Libro

Les informo que a partir de hoy el libro "Ingenuos, Soñadores y Liberales" se encuentra a la venta en los locales de la Feria Chilena del Libro. Agradeceré difundir esta noticia. Los locales que esta empresa tiene son los siguientes:

Local Huérfanos 623 Santiago Centro
Jefe Ventas : Sr. Mario Banda - Luis Quezada
Mail : huérfanos@feriachilenadellibro.cl
Fono: 345 83 15 - 345 83 16

Local Nueva York 3 Santiago Centro
Jefe Ventas : Sr. Eduardo Jara
Mail : nuevayork@feriachilenadellibro.cl
Fono: 345 83 40

Local Agustinas 859 Santiago Centro
Jefe Ventas : Sr. José Luis Maluenda
Mail : agustinas@feriachilenadellibro.cl
Fono: 345 83 42

Local Drugstore (Galería Drugstore 7-8) Providencia
Jefe Ventas : Sr. Carolina Campos
Mail : drugstore@feriachilenadellibro.cl
Fono: 345 83 44

Local Magdalena 50 Providencia
Jefe Ventas : Sra. Cristian Flores
Mail : magdalena@feriachilenadellibro.cl
Fono: 345 83 46

Local Isidora Goyenechea 3162 Las Condes
Jefe Ventas : Sr. Carlos Díaz
Mail : isidora@feriachilenadellibro.cl
Fono: 345 83 54

Local Mall Parque Arauco local 117 Las Condes
Jefe Ventas : Sr. Ricardo Albornoz
Mail : parque.arauco@feriachilenadellibro.cl
Fono: 345 83 78

Local Mall Alto las Condes local 2104 Las Condes
Jefe Ventas : Sr. Eric Maxwell
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2° Presentación Libro "Ingenuos, soñadores y liberales"

Ayer, 08 de mayo de 2007, a las 21:00 Hrs., realicé la segunda presentación del libro indicado ante la Filial Wallenberg, de la B'nai B'rith de la comunidad judía de Chile.
Luego de la exposición, acompañada de una presentación en power point, se dió paso a una interesante ronda de preguntas respecto a la temática del libro y a la coyuntura política nacional.
Agradezco a los asistentes que vieron una contribución en este texto y reconocieran el valor testimonial e histórico del mismo. Muchos de ellos desconocían los pormenores del proceso de nacimiento y muerte del Partido Liberal y reflexionaron sobre el sistema y la cultura política a partir de las razones del fracaso de ese proyecto político.
Había especial curiosidad por conocer los alcances de la situación de crisis por la que atraviesa el conglomerado de gobierno, el surgimiento de liderazgos "díscolos" y las posibilidades de manejo gubernamental frente a estos fenómenos.
Hubo también una pregunta relacionada con la viabilidad de "Chile Primero" (perdón, pero no puedo dejar de comentar el parecido de este nombre con el lema del Partido Nacional: "Chile está primero"); movimiento dado a conocer hace un tiempo por los ex-PPD Jorge Schaulsohn y Fernando Flores; haciendo un parangón con la experiencia de los liberales al interior de la Concertación. Justamente porque ese movimiento se planteaba como una alternativa al margen de los grandes conglomerados políticos.
Mi respuesta estuvo basada en la experiencia, indicando las dificultades que existen para hacer política al margen de los bloques y las dudas respecto a la necesidad de existir de una propuesta de esta naturaleza. También aludí a la realidad política, señalando que el retiro de estos personeros del PPD no había implicado una merma importante a las filas de este partido, muchos de sus seguidores continúan en él; ello da señales respecto a la viabilidad política de este intento y del entusiasmo que ocasiona.
Agradezco al Presidente de la Filial Wallenberg, Harry Awner, por la gentil invitación y a todos los que manifestaron interés en discutir temas que nos les son, necesariamente, cercanos.

Educación: Estudiantes y Profesores ¿Dónde están?

Transcurrido un tiempo del envío del proyecto de Ley General del Educación (LGE) al parlamento, por parte de la Presidenta de la República, se ha sentido una notoria ausencia del mundo social en la discusión de la iniciativa.

La “Revolución Pingüina” ha sido, con creces, la movilización social más importante desde el regreso a la democracia. La respuesta pública a esta movilización, la LGE, por lo mismo, es la iniciativa gubernamental que más legitimidad social debiera tener. Sin embargo, ello no se nota.

Efectivamente, el proyecto, que contiene importantes demandas del “bloque social” de educación, ha sido defendido hasta ahora mayoritariamente por el Gobierno. Los estudiantes y los gremios de la educación, excepto algunas aisladas reacciones, guardan un silencio comunicacional que no se condice con la fuerza expresada en las movilizaciones de 2006.

A un país tan desmemoriado siempre es necesario recordarle las cosas.

El movimiento tuvo su inicio entre los secundarios, apareció, entonces, como una escalada más, con olor a desorden y disturbio. Con el tiempo vinieron las tomas de los liceos y las capuchas se guardaron para mostrar los decididos rostros de jóvenes que ya no apuntaban a las demandas inmediatistas, como el pase escolar o los costos de la PSU, no, ahora se pedían cambios mayores: la derogación de la LOCE.

Nuestra experiencia nos recomendaba no guardar muchas expectativas por el futuro y duración del movimiento. El excesivo voluntarismo y la pretensión desmedida los llevaría al desgaste; las cosas, sin embargo, fueron diferentes.

Los estudiantes desalojaron las calles y la violencia callejera, que tanto entusiasma a nuestro periodismo gráfico, desapareció de escena. Empezaron a ser cubiertas las acciones pacíficas y novedosas, fueron mostradas las ingeniosas pancartas, apareció la alegría juvenil de la mano del arte y las canciones. Se habló de movilización seria y responsable, de autodisciplina al interior de los colegios, se destacó el nivel de organización y expresión de las asambleas de estudiantes, en fin. Los secundarios habían roto el cerco informativo y ponían en el centro de la discusión sus “desmesuradas” demandas.

Luego se sumaron unos impávidos estudiantes universitarios, sorprendidos porque sus “hermanos menores” les estaban enseñando como movilizarse. También los profesores, los padres y apoderados y los “especialistas y expertos en educación”, etc.

Estábamos frente a un movimiento social legitimado y sólido en cuanto a discurso. La respuesta de la Presidenta marcó el fin del mismo, vinieron los devaneos, las renuncias, el desgaste final del movimiento. Pero las cosas ya estaban hechas, aunque con cierto recelo, la opinión pública siguió el funcionamiento del Consejo Asesor Presidencial de Educación y respaldó su trabajo. Se informó de sus resultados y, en abril pasado, la Presidenta Bachelet anunció el nuevo proyecto que reforma la LOCE en aspectos sustanciales.

La suspicacia de los estudiantes y profesores los llevó, los días previos al anuncio, a anunciar nuevas movilizaciones si era necesario. Luego de ello, prácticamente, se sumergieron.

Bien y entonces ¿quién salió al ruedo?. La derecha y los intereses económicos “afectados” con la propuesta del ejecutivo. Allí se ha centrado el debate.

¿Y el grupo social que originó esta movilización?. ¿Creen que basta con enviar un proyecto para conseguir su aprobación?.

Ahora viene la etapa más difícil, los tiempos de discusión en el parlamento ponen en riesgo la aprobación de la misma. Más aún cuando muchas de las normas requieren de altos quórum de aprobación.

La ausencia de quienes dieron legitimidad, social y política, a las demandas que la Presidenta interpretó con esta iniciativa, complota contra el éxito de la misma y el éxito, finalmente, de la movilización más importante de las últimas décadas.

Mejor hacen algo, o la “Revolución Pingüina” no será más que una anécdota …con la que se chocheará en unas décadas más.

Educación: No todo se arregla con plata

Dentro de las múltiples opiniones que han surgido en torno al debate por la tramitación del Proyecto de Ley General de Educación, que reforma la LOCE, los sostenedores privados y la derecha política han coincidido en indicar que la propuesta gubernamental no apunta a la verdadera demanda social expresada en las movilizaciones del 2006: la calidad de la educación.

La baja calidad educativa, que sería el tema de fondo en la problemática educacional, según estos actores, descansaría en la esmirriada subvención escolar entregada por el Estado. Más recursos implicaría la solución definitiva de esta situación.

Indican, al mismo tiempo, que el proyecto en cuestión, que se niegan siquiera a considerar, pues lo pretenden despachar votando en contra de la idea de legislar, no menciona nada respecto a la calidad de la educación. Por el contrario, contiene medidas que atacan la participación de los privados, ideologizando el debate, de un “gustito ideológico” se ha hablado.

Antes que nada, las posiciones de la derecha y de los sostenedores privados de educación ¿no son ideológicos?. Cuidado, aquello que defienden posiciones sin ideas se limitan sólo a precaver sus intereses. Creo que no vale la pena profundizar este aspecto.

Lo segundo, que el proyecto no aborda la calidad educativa. ¿se quería indicados estándares de calidad precisos? ¿es permanente la calidad o debe ser evaluada de manera periódica y por instrumentos flexibles?. Está claro que los índices mínimos de calidad no pueden sino nacer de los requerimientos de un periodo y contexto histórico social determinado, colocarlos aquí, en una normativa general, habría sido una torpeza corto placista imperdonable.

Por eso los estándares de calidad son entregados al Ministerio de Educación. Para que éste, tras evaluaciones periódicas a los resultados de los diferentes miembros de la comunidad educativa, determine los mínimos de calidad que la sociedad quiere exigir. Es esta mirada sistémica e integral la que permite, de verdad, entregar las herramientas a los órganos ejecutivos para que mantengan y mejoren la calidad.

Esa misma mirada sistémica es la que desbarata la solución sentada sólo en el aumento de la subvención.


Es cierto que se debe aumentar la subvención escolar, pero es la derecha, con sus sirenas de alerta frente al aumento del gasto público, la que persistentemente ha impedido el aumento de la misma. Por esos asombra tanto este arranque de realismo y que se exija un aumento de esta asignación. Francamente, el discurso de la derecha frente a la tramitación de este proyecto sorprende por su defensa de los privados como por su apertura a echar mano de la abultada billetera fiscal. Ello no puede sino entenderse en un contexto estratégico para mejorar sus posiciones en la presidencial próxima.

Pero, además de denunciar el supuesto ataque a los sostenedores particulares y pedir a gritos el aumento de ítemes que por años congelaron, la derecha se equivoca en el diagnóstico del problema. La calidad de la educación no es sólo un problema de platas.

Entiendo, en el mundo conservador y ultraliberal cuando se habla de problemas siempre se piensa en ¿cuánto va a costar?. Primero se analizan los costos, luego se trata de entender el problema. Pero en este caso la solución no es tan simple.

Diversos estudios han demostrado que el mejoramiento de la calidad pasa por el esfuerzo de todos y cada uno de los actores de la comunidad educativa. Tanto así que cuando la gestión educativa pierde fuerza y compromiso, el producto al final del sistema está más determinado por los elementos externos del sistema que por la educación formal misma.

Es decir que frente a una gestión educativa estática, carente de estrategias que potencien las habilidades y generen nuevas destrezas, más vale concentrar los esfuerzos públicos en políticas sociales que apunten a los momentos de la vida ajenos a la educación formal.

Pero claro ese no es el ideal, porque por mejor rentabilidad que se obtenga en la inversión pública, lo claro está en que las sociedades necesitan de sistemas educacionales eficientes y transformadores de las personas.

Por eso si queremos detenernos en la calidad y en el mayor o menor efecto de nuestra educación, en la merma de las brutales desigualdades desde la cuna; si queremos ciudadanos con igualdad de oportunidades para competir y crecer; debemos atender al rol jugado por cada uno de los integrantes de la comunidad educativa.

Esto significa evaluar periódicamente los resultados de estos integrantes. En el caso de profesores y sostenedores, elaborar procesos de calificación que impliquen la salida del sistema de aquellos que reiteradamente no dan el ancho. En cuanto los alumnos, diseñar programas de atención preferencial a los más débiles socialmente, contar con estrategias psicopedagógicas para los de menor talento, valorar y evaluar a todos en consideración de las ventajas y desventajas personales, etc.

Estos principios se encuentran en el proyecto de Ley General de Educación y en el proyecto de Subvención escolar preferencial que están sometidos a tramitación en el Congreso. Si no es suficiente, es momento del legislativo para que enriquezca esta mirada sistémica, pero que no se niegue a debatir sobre esta materia.

A ver si los parlamentarios de la derecha y los sostenedores privados de la educación pasan de hablar sólo de plata a pensar en la complejidad de los procesos educacionales. Pasan de mirar la política pública desde los bolsillos a tomar los caleidoscopios para observar y entender la riqueza de las formas y los colores.

Columna publicada en El Mostrador el 01 de mayo de 2007.

Selección y segregación en la escuela

Un reciente estudio de la Universidad de Chile arrojó resultados que, a la luz del debate sobre el proyecto de Ley General de Educación, impactan el ambiente educacional.

El estudio indica que los resultados arrojados por los colegios “emblemáticos” de la educación municipal, entiéndase los alumnos que de ellos egresan, no demuestran poseer un plus adicional en su pasada por tales establecimientos.

Esto significa que es la selección inicial que estos colegios aplican la que les garantiza tener buenos resultados. No es, por tanto, lo aprendido en los mismos lo que explica el rendimiento de sus estudiantes en las pruebas de selección universitaria.

De lo anterior se deduce que lo crucial es la formación de los primeros años de estudios básicos, es en esa etapa donde se forman a los estudiantes destacados. El rol, por tanto, de los establecimientos de enseñanza media no es determinante sino sólo en la medida que haga retroceder a sus alumnos escogidos y éstos pierdan hábitos de estudio perjudicando su rendimiento.

O sea, no debería llevarnos a asombro que un estudiante de estos colegios seleccionadores tenga resultados sobre la media nacional, es justamente lo mínimo que ellos pueden hacer. Lo novedoso sería que con ese capital destacado de alumnos se obtuvieran malos resultados.

El estudio en cuestión permite deducir, entonces, que lo que debiéramos exigir a estos establecimientos es que la mayoría de sus egresados estén en estándares de excelencia sobresaliente. Ello demostraría el valor agregado real que los establecimientos de este tipo aportan a sus alumnos.

Vale la pena detenerse en estos resultados de momento que el proyecto de Ley General de Educación modifica los requisitos para la selección de alumnos.

En el proyecto se señala que todos los colegios y liceos, con alumnos entre 1° y 8° Básico, que reciben financiamiento público, municipales y particulares subvencionados, deben admitir a quien solicite ingreso. En caso que su capacidad instalada sea copada podrá seleccionar en un proceso público y transparente, “el que en ningún caso podrá considerar la situación económica o social del postulante, su rendimiento escolar pasado o potencial, el estado civil, escolaridad o religión de los padres, origen étnico del postulante, ni otro criterio que permita la discriminación arbitraria de éste”.

El cambio es sustancial. Hoy en día existen todo tipo de selección y discriminación de alumnos. Los colegios particulares subvencionados escogen a sus estudiantes por rendimiento escolar y por todos los demás motivos que el proyecto en cuestión, explícitamente, prohíbe. Los municipales lo hacen al interior de la misma comuna, en unos colegios agrupan a los alumnos con mejor rendimiento, en otros aquellos atrasados o repitentes, con problemas conductuales, etc.

La selección aplicada en estos casos implica discriminación y segregación. Bien por aquellos que son escogidos, pero ¿qué pasa con los que son marginados o rechazados? ¿qué sentimientos puede ir guardando ese alumno al que se le indicó que carecía de talento? ¿Qué tipo de ciudadanos pueden resultar de aquellos que se les señala como los peores, los malos o los limitados?.

Pero, además, ¿es real el ambiente existente en un colegio donde están los más talentosos?. La escuela forma a los niños en el aprendizaje ciudadano, un colegio debe preparar a una persona para interactuar en la sociedad real, aquella diversa compuesta por todo tipo de personas, no sólo las talentosas.

Un país que crea estancos sociales, con un dialogo ciudadano limitado, estigmatizando a las personas por los colegios donde estudiaron o donde no pudieron estudiar; es un país que va en un camino no sólo equivocado, sino también altamente peligroso.

Entiendo que el gran sustento de los liceos “emblemáticos” es la opción de premiar a los mejores, a aquellos que mejoran a la sociedad a partir de su excelencia. Pero ello, según el estudio al que aludíamos al principio, no está tan garantizado. ¿por qué entonces seguir con ese sistema?. Se nos dirá que por la historia, por los preclaros hombres que nos han entregado estos establecimientos, en fin.

Pero, ¿no parecen altos los costos que como sociedad debemos pagar por mantener un sistema de selección? ¿Por mantener una tradición que no hace las diferencias que se pregonan?.

Para mí está claro que no es posible justificar algún tipo de segregación y discriminación cuando son las platas de todos los chilenos las que financian el sistema público de educación. Distinguir a los chilenos y chilenas entre los mejores y los peores es un contrasentido con el interés público.

Es de esperar que los avances que implica este proyecto de Ley General de Educación se cristalicen. Por ahora: terminar con la discriminación en colegios con financiamiento público entre 1° y 8° básico; más adelante: anular todo mecanismo de selección que implique ofender la conciencia democrática del país que estamos construyendo.

Columna publicada en El Mostrador el 18 de abril de 2007.

Adiós a la LOCE, bienvenida Democracia

Pasaron muchos años, demasiados, para que la derrota de Pinochet, y su endiablado modelo antidemocrático, llegara a su fin en el marco regulatorio heredado al sistema educacional chileno.

Es cierto, fueron los estudiantes, los menores, los que a ojos de los adultos eran apáticos y desinteresados en las urgencias sociales, fueron ellos los que nos conminaron a poner en agenda la revisión completa de la educación y, en particular , de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).

Los gobiernos de la Concertación, en honor a la verdad, olvidamos la persistencia de esta rémora autoritaria, poniendo énfasis en otras materias. Perdimos el rumbo frente a lo realmente importante, en la definición de la educación, de los valores, de los proyectos de país o tipos de sociedad que se pretenden construir a partir de ella. En fin postergamos todos aquellos aspectos que le imprimen un sentido a la educación que no se logra sólo con más cobertura, infraestructura o la mejora salarial de los maestros.

Pero el proyecto de Ley General de Educación, presentado por el Gobierno estos días, salda la deuda.

Se harán variados análisis sobre este proyecto que deroga la LOCE, sus cambios son tales que da para cubrir varios centímetros de prensa. Pero hay uno, el eje inspirador del articulado, que identifica el sentido de este proyecto con los valores de los que defendimos la libertad el 5 de octubre del ’88. Es ni más ni menos que la simple presencia de la democracia.

La LOCE no sólo contiene el elementos propios del Gobierno Militar, entiéndase: la primacía de la doctrina de seguridad nacional, la obsesión por la propagación de las tendencias político partidistas en los marcos educacionales, el desarrollo del sentido patrio, las advertencias y llamados a respetar el orden público, la nominación de académicos nombrados por los Comandantes en Jefe de las FF. AA. para el Consejo Superior de Educación, etc. Sino que, además, su articulado responde a una ideología que subvalora las conductas democráticas e ignora la cultura de los derechos humanos.

El proyecto enviado por la Presidenta Bachelet repara en gran parte la falencia democrática de esta normativa y, por lo mismo, garantiza que los resultados de la gestión educacional estarán acordes a los parámetros valóricos del primer mundo.

No puede entenderse de otra forma cuando en la LOCE se identifica como principio inspirador de la educación sólo a una formación valórica enmarcada en la “identidad nacional” y en el proyecto de Ley General de Educación se menciona que ella lo estará: “en el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales (…) en el ejercicio de la tolerancia, de las paz y del respeto de la diversidad, capacitándolas (a las personas) para convivir y participar en forma responsable, democrática y activa de la sociedad”. ¿Otra cosa no?.

Las nuevas normas que impiden la discriminación, aspecto destacado en las notas de El Mostrador, demuestran la modernidad y compromiso del Estado de Chile con el cumplimiento de tratados y convenios internacionales, de tan poca relevancia para los gestores dictatoriales de la LOCE.

La Ley General de Educación, si es aprobada por el Congreso Nacional, implicará un notable avance en el respeto a los derechos de los integrantes de la comunidad educativa. Nunca, en una norma de este rango, se habían incluido en igualdad de condiciones a padres y apoderados, alumnos, profesionales y asistentes de la educación y sostenedores de establecimientos educacionales.

En el caso de los alumnos, los protagonistas iniciales de este proceso democratizador de la educación, se consignan derechos como “a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente armónico, de sana convivencia, tolerancia y respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. Tienen derecho a que se les respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas o ideológicas, así como a su identidad personal..”.

Si bien es cierto existen preceptos constitucionales que aluden a estos derechos para todos los ciudadanos, no es menos cierto que la consignación de ellos en esta normativa eleva la dignidad de los estudiantes y recuerda al resto de los miembros de la comunidad educativa el carácter de personas que éstos poseen, reforzando la interlocución igualitaria al interior de los establecimientos.

Estos acápites del proyecto de Ley General de Educación demuestran el aire nuevo que se intenta llevar hasta las aulas, un aire sano que llene cada espacio del quehacer escolar. Un aire democrático, fresco, que llega a un sistema educacional sumido en la incoherencia del sin sentido, nacido de la intolerancia y parido por postulados sin espacio, sin aire, en el mundo que estamos construyendo.

Columna publicada en El Mostrador el 14 de abril de 2007.

Reseña "Ingenuos, Soñadores y Liberales"

“Ingenuos, soñadores y liberales”
Waldo Carrasco Segura
Santiago de Chile. Enero 2007.


Esta es una crónica política intimista, contada desde las entrañas mismas de la militancia. Resulta, al mismo tiempo, un interesante fresco “de época” que pese a contar con alguna distancia temporal (1989-2001) con el presente, permite conocer en detalle conductas y prácticas de la política post-dictadura que se mantienen hasta hoy. Es también un texto sincero, su autor lo dice con fuerza: “esta es la historia de un proyecto político frustrado”; además remata: “será fuente para alguien que quiera indagar la historia pequeña, de las series menores, de los de segunda fila”. Se cuenta aquí los devaneos de un grupo de profesionales jóvenes, la “generación del recambio”, que de ayudar a la creación del Partido Alianza de Centro (PAC), Los Liberales, pretenden pasar a liderar un nuevo Partido Liberal (PL). En el intento se encuentran con las incomprensiones de los viejos tercios de la tienda y el desinterés de la Concertación de Partidos por la Democracia por contar con un quinto partido. Tras una serie de derrotas electorales y desgaste terminan, finalmente, asumiendo lo descontextualizado de su intentona; desde siempre reconocen su matriz concertacionista y sus orígenes en el liberalismo progresista, en 2001 pasan a integrar el PPD.
“Ingenuos, soñadores y liberales”, es un texto escaso en nuestra realidad porque pocas veces se escribe sobre derrotas y frustraciones. Por otro lado, entrega una visión sospechada pero no constatada de los pasillos y cabildeos de nuestra política criolla.

"Ingenuos, Soñadores y Liberales"

El pasado 25 de abril, en la Fundación Chile 21, se realizó la presentación de mi primer libro: "Ingenuos, Soñadores y Liberales". Los comentaristas del mismo fueron Patricio Rosende y Francisco Vidal. Por parte de la Fundación estuvo Marcelo Contreras. Agradezco a todos los que participaron de este evento y le dieron un marco de público que incentiva a seguir escribiendo.

El valor del libro es de $5.000, los interesados pueden dejar sus datos en esta dirección o al correo wcarrascos@gmail.com.