Dentro de las múltiples opiniones que han surgido en torno al debate por la tramitación del Proyecto de Ley General de Educación, que reforma la LOCE, los sostenedores privados y la derecha política han coincidido en indicar que la propuesta gubernamental no apunta a la verdadera demanda social expresada en las movilizaciones del 2006: la calidad de la educación.
La baja calidad educativa, que sería el tema de fondo en la problemática educacional, según estos actores, descansaría en la esmirriada subvención escolar entregada por el Estado. Más recursos implicaría la solución definitiva de esta situación.
Indican, al mismo tiempo, que el proyecto en cuestión, que se niegan siquiera a considerar, pues lo pretenden despachar votando en contra de la idea de legislar, no menciona nada respecto a la calidad de la educación. Por el contrario, contiene medidas que atacan la participación de los privados, ideologizando el debate, de un “gustito ideológico” se ha hablado.
Antes que nada, las posiciones de la derecha y de los sostenedores privados de educación ¿no son ideológicos?. Cuidado, aquello que defienden posiciones sin ideas se limitan sólo a precaver sus intereses. Creo que no vale la pena profundizar este aspecto.
Lo segundo, que el proyecto no aborda la calidad educativa. ¿se quería indicados estándares de calidad precisos? ¿es permanente la calidad o debe ser evaluada de manera periódica y por instrumentos flexibles?. Está claro que los índices mínimos de calidad no pueden sino nacer de los requerimientos de un periodo y contexto histórico social determinado, colocarlos aquí, en una normativa general, habría sido una torpeza corto placista imperdonable.
Por eso los estándares de calidad son entregados al Ministerio de Educación. Para que éste, tras evaluaciones periódicas a los resultados de los diferentes miembros de la comunidad educativa, determine los mínimos de calidad que la sociedad quiere exigir. Es esta mirada sistémica e integral la que permite, de verdad, entregar las herramientas a los órganos ejecutivos para que mantengan y mejoren la calidad.
Esa misma mirada sistémica es la que desbarata la solución sentada sólo en el aumento de la subvención.
Es cierto que se debe aumentar la subvención escolar, pero es la derecha, con sus sirenas de alerta frente al aumento del gasto público, la que persistentemente ha impedido el aumento de la misma. Por esos asombra tanto este arranque de realismo y que se exija un aumento de esta asignación. Francamente, el discurso de la derecha frente a la tramitación de este proyecto sorprende por su defensa de los privados como por su apertura a echar mano de la abultada billetera fiscal. Ello no puede sino entenderse en un contexto estratégico para mejorar sus posiciones en la presidencial próxima.
Pero, además de denunciar el supuesto ataque a los sostenedores particulares y pedir a gritos el aumento de ítemes que por años congelaron, la derecha se equivoca en el diagnóstico del problema. La calidad de la educación no es sólo un problema de platas.
Entiendo, en el mundo conservador y ultraliberal cuando se habla de problemas siempre se piensa en ¿cuánto va a costar?. Primero se analizan los costos, luego se trata de entender el problema. Pero en este caso la solución no es tan simple.
Diversos estudios han demostrado que el mejoramiento de la calidad pasa por el esfuerzo de todos y cada uno de los actores de la comunidad educativa. Tanto así que cuando la gestión educativa pierde fuerza y compromiso, el producto al final del sistema está más determinado por los elementos externos del sistema que por la educación formal misma.
Es decir que frente a una gestión educativa estática, carente de estrategias que potencien las habilidades y generen nuevas destrezas, más vale concentrar los esfuerzos públicos en políticas sociales que apunten a los momentos de la vida ajenos a la educación formal.
Pero claro ese no es el ideal, porque por mejor rentabilidad que se obtenga en la inversión pública, lo claro está en que las sociedades necesitan de sistemas educacionales eficientes y transformadores de las personas.
Por eso si queremos detenernos en la calidad y en el mayor o menor efecto de nuestra educación, en la merma de las brutales desigualdades desde la cuna; si queremos ciudadanos con igualdad de oportunidades para competir y crecer; debemos atender al rol jugado por cada uno de los integrantes de la comunidad educativa.
Esto significa evaluar periódicamente los resultados de estos integrantes. En el caso de profesores y sostenedores, elaborar procesos de calificación que impliquen la salida del sistema de aquellos que reiteradamente no dan el ancho. En cuanto los alumnos, diseñar programas de atención preferencial a los más débiles socialmente, contar con estrategias psicopedagógicas para los de menor talento, valorar y evaluar a todos en consideración de las ventajas y desventajas personales, etc.
Estos principios se encuentran en el proyecto de Ley General de Educación y en el proyecto de Subvención escolar preferencial que están sometidos a tramitación en el Congreso. Si no es suficiente, es momento del legislativo para que enriquezca esta mirada sistémica, pero que no se niegue a debatir sobre esta materia.
A ver si los parlamentarios de la derecha y los sostenedores privados de la educación pasan de hablar sólo de plata a pensar en la complejidad de los procesos educacionales. Pasan de mirar la política pública desde los bolsillos a tomar los caleidoscopios para observar y entender la riqueza de las formas y los colores.
Columna publicada en El Mostrador el 01 de mayo de 2007.
