Subvenciones Escolares

El impacto de las denuncias por las irregularidades detectadas en la asignación de subvenciones escolares ha puesto de manifiesto un problema, de la reforma educacional, que urge resolver.

Así es, en el debate político-técnico de los últimos dos años, el Consejo Asesor Presidencial para la Educación (2006) y el trabajo de las Comisiones de Educación del Senado y la Cámara de Diputados (2007), tuvo como uno de los principales ejes de discusión el grado de control estatal sobre los dineros que el fisco entrega a los sostenedores para que entreguen educación a los sectores más pobres de nuestro país.

El sistema de subvenciones escolares surgió a inicios de la década de los ’80 y era coherente con la política pública implementada por la Dictadura, misma que fue institucionalizada con la dictación de la LOCE casi una década después. El sistema, en síntesis, concesiona la provisión de educación a sostenedores, privados y municipales, a cambio del pago de una subvención concordante con la asistencia escolar registrada.

Desde hace muchos años era un secreto a voces que la debilidad del sistema se encontraba en la fiscalización, que al cuadrar y buscar concordancia entre asistencia de alumnos declarada y lo pagado en subvenciones el ejercicio no entregaba buenos resultados.

Súmese a lo anterior que el gremio de profesores y los funcionarios del Ministerio de Educación nunca han tenido predisposición a la institucionalidad surgida del modelo dictatorial. Tenemos una estructura burocrática y prácticas docentes, centradas en el rol curricular, que no encaja con materias de “segundo orden” como la de inspeccionar, controlar y sancionar.

Por si esto no fuera poco la ilegitimidad del modelo dictatorial le imprimía a cada hábito administrativo un sello de recelo que, tras 17 años de gobierno de la Concertación, parieron un modelo educativo híbrido, destinado a la subsistencia pero no a la descendencia.

La movilización masiva de los secundarios en la Revolución Pingüina de 2006 entregó relevancia al tema de la educación en general pero dejó a trasmano los problemas más técnicos, de más difícil digestión mediática para el público medio. Uno de ellos fue este de la fiscalización de las subvenciones.

Esto porque la discusión, en el ámbito político, respecto al rol del Estado y los privados en el campo educacional, están destinadas a los puntos medios, a los acuerdos generales y consensuados. De esta manera el Acuerdo para la Reforma Nacional de la Educación acordado por la Concertación y la Alianza, creó una Superintendencia de Educación que no era una amenaza para los sostenedores privados y ampliaba de alguna manera los instrumentos de control al aparato público.

Aunque el proyecto de Superintendencia de Educación incorpora algunas novedades, como incorporar el control de la calidad de la Educación, está claro que los últimos sucesos y escándalos permiten avizorar una tramitación parlamentaria de difícil pronóstico.

Lo que está claro es que después de este febrero nada debiera seguir igual. Las voluminosas cifras, todavía en cuestión, debieran arrojar reformas estructurales con organismos poderosos, sancionadores y exigentes respecto a los productos que se esperan.

Pero también no parece ser un capricho guardar recelo respecto a los cambios que debieran hacerse y que la discusión mediática puede nublar. Por estos días parece más adecuado concentrar la batería de ataques y defensa hacia los funcionarios cuestionados, sin detenerse en las causas estructurales que por estos días han quedado en evidencia.

Santiago, febrero de 2008

(*) Artículo preparado para la Revista Digital DISCUSIÓN

Ni un reproche, ni un tirón de orejas

Aún cuando el huracán mediático, respecto al escándalo en el tema de las subvenciones escolares, está en pleno desarrollo, vale la pena detenerse a hacer algunas reflexiones.

La prensa nos ha informado profusamente de las consecuencias patrimoniales que para el fisco tendrían estas anomalías. Sin embargo hay cierta disparidad a la hora de dilucidar las responsabilidades del mundo público y del privado. Y eso porque en realidad a quienes detentan responsabilidades públicas les cabe cumplir con mayores estándares éticos de momento que tienen a su cargo el patrimonio de todos nosotros.

Es correcto, entonces, el énfasis mediático que apunta a los ‘desórdenes administrativos’, la ‘falta de fiscalización’, la ‘pérdida de recursos’, todos ellos mínimos exigidos en el desempeño de las funciones públicas y, aparentemente, no cumplidos a cabalidad por los señalados en las páginas de los medios.

Pero no hay que perder la vista en torno a los principales “beneficiados”. Estamos, todo parece indicarlo así, en la presencia de delitos funcionarios y delitos realizados por particulares en desmedro del fisco, estos últimos son los más numerosos y onerosos. Estamos hablando de sostenedores, muchos de ellos, que engañaron al Estado presentando falsas declaraciones de asistencia para embolsarse dineros que estaban destinados a financiar la educación de los niños más pobres de Chile.

Hago hincapié en esto, luego de avalar las mayores responsabilidades públicas, porque los principales defensores de la figura de los sostenedores en Educación, hoy guardan silencio. Porque la Alianza derechista, durante el año pasado, ha interpuesto todo tipo de reparos para realizar más profundas reformas al sistema educacional. Así es, todo su discurso el año 2007 estuvo enfocado en rechazar la “estatización” de la educación, mostrando las ganas “trasnochadas” de una Concertación que atacaba la libertad de educación y retrotraía la historia de avances que los privados habían ocasionado en nuestro país.

Sin embargo cuando los privados no actúan correctamente, cuando vulneran la fe pública, cuando se apropian de la plata de todos los chilenos, guardan silencio y señalan las responsabilidades fiscalizadoras de un Estado casi desmantelado en la LOCE aún vigente y dictada cuando ellos eran Gobierno.

La Alianza tiene doble estándar en esta materia. Ya lo habíamos apreciado en 2006 cuando en medio de la Revolución Pingüina, surgieron una serie de denuncias por los Colegios Britania y otros en donde quedaba demostrado que el dinero de las subvenciones no eran invertidos en la educación de los estudiantes, ni en el pago de los profesores de esos establecimientos, ni en las mejoras de infraestructuras de los mismos; entonces, como ahora, miraron hacia el lado y apuntaron a las responsabilidades gubernamentales. Ni un reproche, ni un tirón de orejas a quienes en el negocio de la educación no sólo ganaban mucho dinero sino que, además, defraudaban la fe pública.

Vino luego la discusión en el Parlamento, en principio intentaron negarse a la tramitación del proyecto de Ley General de Educación del Gobierno; en un momento más reflexivo presentaron un proyecto alternativo y recogieron el aumento del control y la fiscalización a la educación privada; pero no de la forma como gran parte del mundo educativo hubiese querido; aunque arribaron a un acuerdo nacional hicieron todo lo posible por morigerar las intenciones de establecer un sistema más transparente y de mayor control estatal.

Ahora están entusiasmados en sacar provecho político de estos hechos, ponen todos sus esfuerzos en levantar una Acusación Constitucional contra la Ministra de Educación.

Pero ¿reflexiones respecto a las correcciones legislativas necesarias para cerrar espacios a los defraudadores?. Nada. ¿Iniciativas para garantizar el correcto uso, y control de ese uso, de las platas fiscales? Nada.

Eso ocurre cuando los bloques se mueven por los cálculos políticos, cuando la ansiedad nubla el sentido de Estado que los políticos debemos tener. Tal como hace unos pocos días “celebraron” el fracaso de una política pública: el Transantiago, sin importarles el sufrimiento de los usuarios, hoy concentran sus esfuerzos en denostar la función pública, provocar la caída de un Ministro de Estado y pasarle la cuenta a un Estado débil y carente de las atribuciones y recursos para garantizar el buen uso de los dineros fiscales.

Los privados que defraudan y engañan al Estado, ignorados. Mediáticamente ausentes, no son condenados ni reciben recriminaciones en las diatribas de la Alianza, salvados de la sobre exposición; para ellos la derecha, nuevamente, no tiene ni un reproche, ni un tirón de orejas.


Santiago, 21 de febrero de 2008

(*) Columna publicada en www.elmostrador.cl el 22 de febrero de 2008.