El impacto de las denuncias por las irregularidades detectadas en la asignación de subvenciones escolares ha puesto de manifiesto un problema, de la reforma educacional, que urge resolver.
Así es, en el debate político-técnico de los últimos dos años, el Consejo Asesor Presidencial para la Educación (2006) y el trabajo de las Comisiones de Educación del Senado y la Cámara de Diputados (2007), tuvo como uno de los principales ejes de discusión el grado de control estatal sobre los dineros que el fisco entrega a los sostenedores para que entreguen educación a los sectores más pobres de nuestro país.
El sistema de subvenciones escolares surgió a inicios de la década de los ’80 y era coherente con la política pública implementada por la Dictadura, misma que fue institucionalizada con la dictación de la LOCE casi una década después. El sistema, en síntesis, concesiona la provisión de educación a sostenedores, privados y municipales, a cambio del pago de una subvención concordante con la asistencia escolar registrada.
Desde hace muchos años era un secreto a voces que la debilidad del sistema se encontraba en la fiscalización, que al cuadrar y buscar concordancia entre asistencia de alumnos declarada y lo pagado en subvenciones el ejercicio no entregaba buenos resultados.
Súmese a lo anterior que el gremio de profesores y los funcionarios del Ministerio de Educación nunca han tenido predisposición a la institucionalidad surgida del modelo dictatorial. Tenemos una estructura burocrática y prácticas docentes, centradas en el rol curricular, que no encaja con materias de “segundo orden” como la de inspeccionar, controlar y sancionar.
Por si esto no fuera poco la ilegitimidad del modelo dictatorial le imprimía a cada hábito administrativo un sello de recelo que, tras 17 años de gobierno de la Concertación, parieron un modelo educativo híbrido, destinado a la subsistencia pero no a la descendencia.
La movilización masiva de los secundarios en la Revolución Pingüina de 2006 entregó relevancia al tema de la educación en general pero dejó a trasmano los problemas más técnicos, de más difícil digestión mediática para el público medio. Uno de ellos fue este de la fiscalización de las subvenciones.
Esto porque la discusión, en el ámbito político, respecto al rol del Estado y los privados en el campo educacional, están destinadas a los puntos medios, a los acuerdos generales y consensuados. De esta manera el Acuerdo para la Reforma Nacional de la Educación acordado por la Concertación y la Alianza, creó una Superintendencia de Educación que no era una amenaza para los sostenedores privados y ampliaba de alguna manera los instrumentos de control al aparato público.
Aunque el proyecto de Superintendencia de Educación incorpora algunas novedades, como incorporar el control de la calidad de la Educación, está claro que los últimos sucesos y escándalos permiten avizorar una tramitación parlamentaria de difícil pronóstico.
Lo que está claro es que después de este febrero nada debiera seguir igual. Las voluminosas cifras, todavía en cuestión, debieran arrojar reformas estructurales con organismos poderosos, sancionadores y exigentes respecto a los productos que se esperan.
Pero también no parece ser un capricho guardar recelo respecto a los cambios que debieran hacerse y que la discusión mediática puede nublar. Por estos días parece más adecuado concentrar la batería de ataques y defensa hacia los funcionarios cuestionados, sin detenerse en las causas estructurales que por estos días han quedado en evidencia.
Santiago, febrero de 2008
Así es, en el debate político-técnico de los últimos dos años, el Consejo Asesor Presidencial para la Educación (2006) y el trabajo de las Comisiones de Educación del Senado y la Cámara de Diputados (2007), tuvo como uno de los principales ejes de discusión el grado de control estatal sobre los dineros que el fisco entrega a los sostenedores para que entreguen educación a los sectores más pobres de nuestro país.
El sistema de subvenciones escolares surgió a inicios de la década de los ’80 y era coherente con la política pública implementada por la Dictadura, misma que fue institucionalizada con la dictación de la LOCE casi una década después. El sistema, en síntesis, concesiona la provisión de educación a sostenedores, privados y municipales, a cambio del pago de una subvención concordante con la asistencia escolar registrada.
Desde hace muchos años era un secreto a voces que la debilidad del sistema se encontraba en la fiscalización, que al cuadrar y buscar concordancia entre asistencia de alumnos declarada y lo pagado en subvenciones el ejercicio no entregaba buenos resultados.
Súmese a lo anterior que el gremio de profesores y los funcionarios del Ministerio de Educación nunca han tenido predisposición a la institucionalidad surgida del modelo dictatorial. Tenemos una estructura burocrática y prácticas docentes, centradas en el rol curricular, que no encaja con materias de “segundo orden” como la de inspeccionar, controlar y sancionar.
Por si esto no fuera poco la ilegitimidad del modelo dictatorial le imprimía a cada hábito administrativo un sello de recelo que, tras 17 años de gobierno de la Concertación, parieron un modelo educativo híbrido, destinado a la subsistencia pero no a la descendencia.
La movilización masiva de los secundarios en la Revolución Pingüina de 2006 entregó relevancia al tema de la educación en general pero dejó a trasmano los problemas más técnicos, de más difícil digestión mediática para el público medio. Uno de ellos fue este de la fiscalización de las subvenciones.
Esto porque la discusión, en el ámbito político, respecto al rol del Estado y los privados en el campo educacional, están destinadas a los puntos medios, a los acuerdos generales y consensuados. De esta manera el Acuerdo para la Reforma Nacional de la Educación acordado por la Concertación y la Alianza, creó una Superintendencia de Educación que no era una amenaza para los sostenedores privados y ampliaba de alguna manera los instrumentos de control al aparato público.
Aunque el proyecto de Superintendencia de Educación incorpora algunas novedades, como incorporar el control de la calidad de la Educación, está claro que los últimos sucesos y escándalos permiten avizorar una tramitación parlamentaria de difícil pronóstico.
Lo que está claro es que después de este febrero nada debiera seguir igual. Las voluminosas cifras, todavía en cuestión, debieran arrojar reformas estructurales con organismos poderosos, sancionadores y exigentes respecto a los productos que se esperan.
Pero también no parece ser un capricho guardar recelo respecto a los cambios que debieran hacerse y que la discusión mediática puede nublar. Por estos días parece más adecuado concentrar la batería de ataques y defensa hacia los funcionarios cuestionados, sin detenerse en las causas estructurales que por estos días han quedado en evidencia.
Santiago, febrero de 2008
(*) Artículo preparado para la Revista Digital DISCUSIÓN
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